INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORALES - Juan Labiaguerre

En estudios socio-ocupacionales emergentes durante las últimas décadas, la noción de contrato implícito refleja el hecho de que los empleadores del sector moderno ofrecen salarios más elevados que los del promedio vigente en el mercado de trabajo, junto a la estabilidad en el empleo y la generación de expectativas de movilidad ascendente, a cambio de un mayor nivel de esfuerzo por parte del trabajador. Corresponde agregar que, a partir de fines de los años setenta, dichos contratos tendieron a dividirse, utilizando la terminología elaborada por Lipietz, en “neotayloristas y kalmarianos” y que en la actualidad comprenden a un segmento proporcionalmente decreciente de la fuerza de trabajo ocupada.    

Corresponde recordar que las concepciones acerca de la informalidad desarrolladas durante la década de los ochenta partían de un eje centrado en la temática de las microempresas, proclividad que conlleva la apreciación de un doble efecto mixtificador con relación a la caracterización social de los trabajadores urbanos. Tal posición teórica conduce a subsumir los diferentes tipos de asalariados informales en empleos correspondientes a ciertos establecimientos, de acuerdo a la magnitud de éstos, prejuicio inclinado al reduccionismo, teniendo en cuenta que la esfera comprendida por las actividades informales presenta una gran diversidad. La ubicación del eje teórico en la problemática de la microempresa deriva en la asignación de un peso excesivo a la diferenciación entre categorías de asalariados, según niveles de "formalidad" determinados por el tamaño del emprendimiento empresario, apreciación cuestionable debido a sus propias limitaciones a efectos de abarcar, integralmente, el análisis de la segmentación del mercado de trabajo sobre la base de dimensiones referidas al proceso de precarización laboral, en su conjunto heterogéneo de expresiones.

Las profundas consecuencias sociales generadas por el agravamiento de la situación ocupacional actual responden al proceso de mutación del funcionamiento del mercado de trabajo, dentro del cual el fenómeno del desempleo masivo representa sólo su expresión emblemática más cruda. Resulta igualmente crucial el mecanismo signado por el incremento -cuantitativo y cualitativo- de la vulnerabilidad de las inserciones laborales, en la medida en que -como manifestación de un panorama generalizado- existe una pérdida de hegemonía del vínculo contractual por tiempo indeterminado, siendo reemplazado el mismo por distintas formas “heterodoxas” de empleo. El nuevo escenario así montado adquiere una fisonomía configurada a partir de la prevalencia de contratos a término prefijado, ocupaciones transitorias, tareas de jornada parcial y distintas modalidades de empleos asistidos, generados por el sector público, con el objeto de amortiguar las derivaciones socialmente deteriorantes de la extensión de las situaciones marcadas por la  desocupación abierta.

Dentro del marco general delineado por las contrataciones laborales, aún predominando por el momento -en términos absolutos- aquellas indefinidas temporalmente, al considerar el flujo actual de las inserciones ocupacionales esta proporción tiende a invertirse en la medida en que, incluyendo las economías desarrolladas, más de dos tercios de los puestos de trabajo generados anualmente se realizan a través de modalidades consideradas atípicas en términos de la figura adoptada convencionalmente por el empleo  asalariado.

Si bien las mujeres y los jóvenes resultan los más perjudicados por el carácter crecientemente frágil asumido por el lazo laboral, la situación involucra cada vez más al llamado núcleo duro de la fuerza de trabajo, es decir aquellos hombres con edades comprendidas entre los treinta y cincuenta años. Dicho fenómeno afecta asimismo tanto a las grandes concentraciones industriales como a las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que en ambos casos la mayoría de los nuevos contratos es temporal, reduciéndose en consecuencia el peso relativo representado por los empleos estables y previéndose, además, una potenciación de dicho proceso; es decir que se tiende a un decrecimiento progresivo de los contratos indefinidos temporalmente, en favor de las otras formas alternativas de inserción ocupacional.

De la manera antedicha se produce una mutación profunda de la condición asalariada, por lo que la heterogeneidad e irregularidad presentadas por las nuevas formas de utilización de las capacidades laborales reemplazan gradualmente el paradigma del empleo asegurado y homogéneo. En tal sentido, André Gorz traía a colación, a fines de los años ochenta, una investigación llevada cabo en Alemania que preveía "para los próximos años un 25% de trabajadores permanentes, calificados y protegidos, un 25% de trabajadores (periféricos) subcontratados, subcalificados, mal pagados y mal protegidos, y un 50% de desempleados o trabajadores marginales dedicados a empleos ocasionales o a pequeñas tareas" [Gorz].

Los arreglos institucionales decisivos que permiten la ubicación y el uso de la oferta de trabajo en forma exógena al mercado ocupacional formal comprenden, en principio, el trabajo o servicio domésticos y el cuentapropismo. Los dos primeros se diferencian respecto de la actividad asalariada convencional sobre la base de su tipo específico -degradado o ausente- de regulación normativa, el elevado grado de inmovilidad social y la carencia de una "equivalencia cuantitativa entre las prestaciones laborales y las pretensiones de renta o aprovisionamiento". Por otro lado, la actividad empresarial autónoma difiere del asalariamiento -entre otros factores- debido a su orientación focalizada, preponderantemente, hacia la demanda de bienes y servicios, no consumada a través del mercado de trabajo, y al carácter extracontractual de las retribuciones, realizadas dentro de una esfera condicionada generalmente por la remuneración mediante  rentas residuales [Berger y Offe].

Roberts menciona al respecto un componente específico radicado en cierta modalidad racional asumida por  la “formalidad”, advirtiendo acerca de la existencia de una conexión del proceder informal típico con la esfera de incumbencia estatal, enfoque propuesto por la “economía política de la urbanización en América latina”. Bajo esta consideración, el autor citado destaca la emergencia de formas particulares, signadas por determinadas racionalidades sustantivas, inherentes al universo de la informalidad, con atención prioritaria hacia un marco cultural específico, configurado por el tejido de entramados sociales de raigambre doméstica y/o comunitaria.

Cabe consignar que a partir de la acentuación de la denominada crisis del empleo se puso en marcha un proceso gradual de legitimación jurídica de las modalidades volubles y frágiles de contratación “flexible”, quedando librado a la mera arbitrariedad patronal -y a la consecuente ausencia de un derecho laboral mínimamente equilibrado- la fijación unilateral del conjunto de condiciones laborales. A través de este entorno, se llegó inclusive a esgrimir la categoría -por lo menos ambigua- de contrato por tiempo indeterminado intermitente.

Una comprensión amplia de los mecanismos que potencian, de diversos modos, la desocialización engendrada por la transformación del mercado de trabajo, generando en su expresión más grave la desocupación crónica y el consiguiente estado de “desafiliación”, conduce a desechar la caracterización de las mencionadas modalidades de empleo en términos de atípicas o particulares. Tal planteo obedece a que dicha postura remite a una pasada hegemonía del contrato regular por tiempo indeterminado, mientras que la precariedad, así como también el fenómeno extendido de la desocupación, constituyen elementos inherentes a la dinámica actual del proceso de modernización capitalista.

El nuevo paradigma del trabajo cuestiona en sus raíces la estructura de la relación típicamente salarial y conlleva el retorno a la concepción del empleo en cuanto "alquiler de un individuo para realizar una tarea puntual", provocando el desdibujamiento del marco laboral legal, erosionado por las imposiciones de las actuales condiciones de un mercado estructuralmente reconvertido. Debido a tal condicionamiento la flexibilidad laboral, entendida como necesidad de adecuación de la fuerza de trabajo a los nuevos tipos de actividades requeridas por el funcionamiento del aparato productivo, se manifiesta globalmente mediante la proliferación de subcontrataciones -muchas veces espurias- y, en el nivel intraempresarial, a través de la polivalencia funcional de la mano de obra permanente, ante los requerimientos del capital empresario en orden a afrontar fluctuaciones cíclicas de índole económico-comercial.

En el contexto descripto, las firmas subcontratistas operan amortizando las variaciones coyunturales del mercado, absorbiendo o desprendiéndose de mano de obra según la orientación cambiante del lado de la demanda de capacidades laborales, a un ritmo proporcional al grado de falta de cobertura social y protección social en que se encuentra la fuerza de trabajo. De allí que la estabilidad del empleo en la empresa madre registra como necesaria contrapartida la precarización ocupacional y la inseguridad socioprevisional en el resto de los segmentos ocupacionales del sistema económico-productivo. Este mecanismo propende a activar el proceso de dualización, en la medida en que un estrato privilegiado de la fuerza de trabajo, con estabilidad en una empresa, contrasta con un contingente en aumento de trabajadores vulnerables que realizan actividades laborales discontinuas, por lo general escasamente remuneradas, a tiempo parcial o que se encuentran periódicamente desocupados.

La integración a la empresa de un núcleo de trabajadores de elite constituye una necesidad técnica para el conjunto de industrias en proceso de automatización, por lo que el cúmulo de innovaciones tecnológicas aplicadas al campo productivo repercute en dirección a la conformación de un universo disgregado y fragmentado del sector del trabajo. El despliegue por parte del  empresariado de una estrategia flexibilizadora, a través de dos frentes simultáneos. consiste en que el núcleo estabilizado correspondiente al plantel de personal permanente de la empresa presenta una flexibilidad de tipo funcional mientras que, por otro lado, la mano de obra periférica adopta un comportamiento flexible en el orden cuantitativo o numérico.  

El proceso de externalización productiva de las grandes empresas industriales, siguiendo a Gorz, posibilita que el capitalismo reconstituya, respecto de un número creciente de trabajadores activos, las situaciones sociolaborales prevalecientes durante gran parte del siglo XIX. En este sentido, los contratados temporarios, o aquellos otros asignados a tareas específicas en condiciones de precariedad ocupacional, pueden compararse -salvando la distancia histórica- a los obreros a destajo empleados de manera intermitente, a pedido, y a quienes la empresa no está obligada a garantizarles seguridad social o vacaciones remuneradas, así como tampoco el pago de indemnización en caso de despido, ni capacitación profesional.

La configuración simbólica del postsalariado remite a un hipotético punto máximo de alcance de los efectos del citado procedimiento externalizador, que conllevaría la supuesta posibilidad a largo plazo de supresión del mismo trabajador asalariado. De este modo, se remataría la flexibilidad mediante la conversión de la retribución de la actividad laboral en cierta instancia, libremente negociable, entre la firma empleadora y los trabajadores considerados individualmente. Eventualmente desaparecerían entonces “aranceles convencionales y salario mínimo legal”, rigiendo exclusivamente la ley del mercado, que impone el tipo de equilibrio de fuerzas entre la empresa y los individuos aislados contratados por la misma, por lo que la prestación sería comprada merced a un virtual acuerdo de carácter comercial. El empleo de personal, continuando con esta proyección ideal futurista, sería en consecuencia reemplazado totalmente por ocupaciones emergentes, ligadas a trabajos temporarios o de tiempo parcial: “el trabajador postsalarial es contratado para un proyecto o misión de duración determinada y su tiempo de ocio es el intervalo que los separa” [Gorz]. 

El riesgo existencial surgido de las tendencias al estancamiento económico del sector industrial determina, según Berger y Offe, que el desarrollo de las actividades correspondientes a distintos servicios se encuentre en cierta medida condicionado por una perspectiva estratégica político-estructural, consistente en contrarrestar los efectos devengados por la presencia de cuellos de botella ocupacionales resultantes de una excesiva industrialización. Ello se lograría mediante una determinada política de empleo, "alojando" en las nuevas actividades terciarias la fuerza de trabajo continuamente liberada por la  industria; cabe señalar que, al margen de las variaciones del volumen de trabajo correspondiente a la prestación de servicios, deben considerarse los cambios operados en la distribución interna del sector, es decir entre las formas organizacionales propias adquiridas por  las actividades comerciales, de ordenamiento interno y de prestaciones público-estatales. Por otro lado la misma dinámica, correspondiente a la estructuración organizacional intrínseca, refiere a procesos complementarios inherentes a ciertas transformaciones marginales.

La declinación de la gran fábrica fordista y, paralelamente, los requerimientos crecientes en torno a las especializaciones dentro del sector servicios operan articuladamente, generando un progresivo relegamiento de la fuerza de trabajo no cualificada, junto a una incertidumbre laboral ampliada de la mano de obra con cierto nivel de calificación, para gran parte de la cual la noción de  carrera  perdió significación real. Puede agregarse, frente a ese panorama, que el agravamiento de la mencionada situación ocupacional conlleva un estallido de las desigualdades dentro de cada grupo sociocultural.

Desde otra perspectiva analítica, la adopción de un enfoque estructural con relación a las instituciones públicas, según Grassi, requiere el estudio del proceso de construcción de políticas, en la medida en que ello se hace público, y de aquellas justificaciones que pueden legitimarlas. Conviene señalar que, a partir de su costado ideológico, esta visión demanda la definición de una campo “social” de problemas, en la medida en que las estrategias discursivas de los diferentes actores, tendientes a hegemonizar el campo político-cultural, indican el tipo de reconstitución operada en las relaciones sociales de producción. Además, Coraggio sostiene que las orientaciones hacia determinado accionar, no fundamentadas sobre la base de un conocimiento elaborado críticamente, resultan proclives a considerar las “apreciaciones de sentido común que orientan las acciones de la vida cotidiana”, en cuanto forma auténtica de comprensión de la problemática social, cuando en realidad dichas acepciones podrían contribuir a ocultar la cuestión de fondo, al confundirla con sus manifestaciones inmediatamente perceptibles.

La presencia de un campo tensionado por disputas de índole conceptual sociopolítica, siguiendo a Danani, demuestra que detrás de cada posición técnica existen versiones teóricas, contextualizadas por distintos cuerpos ideológicos referidos a modelos socialmente deseables. Tal realidad subyace a la propagación actual de propuestas autoidentificadas como puramente técnicas en el ámbito de las políticas sociales, cuando en realidad las discusiones en torno a tal campo refieren a modalidades integrales de organización social, es decir al ámbito institucional, a la esfera económica, a sistemas de gobierno -y modos de gestión- y a condiciones de vida de diferentes sectores sociales.

En consecuencia, las intervenciones sociales estatales resultan “constitutivas del régimen social de acumulación, se orientan directamente a las condiciones de vida [y de reproducción] de diversos grupos sociales, operando en el momento de la distribución secundaria del ingreso”. Esa instancia se encuentra estrechamente vinculada a los mecanismos redistributivos vigentes, superpuestos a la distribución del ingreso directamente derivada del proceso productivo, lograda a través de la retribución a factores de producción: es decir que las políticas sociales, entonces, cumplen una función reguladora de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo.

Tanto el sentido como la orientación de las medidas público-sociales citadas deben analizarse en términos de la coexistencia de distintos proyectos políticos en pugna, teniendo en cuenta que ellas son resultantes de procesos en los que se encuentra involucrada la puesta en juego de cierto ordenamiento societal general. En cuanto forma estatal de construir la cuestión social aquéllas remiten por lo tanto al “momento de máxima actividad estatal en la regulación y conformación de patrones diferenciados de reproducción social”.

En razón de lo expuesto, los procesos actuales de reforma y ajuste económicos estructurales constituyen una parte activa de un nuevo modelo de construcción social, por lo que los estudios sobre políticas públicas y el análisis de la temática referida a la reproducción social se implican mutuamente. Al respecto, cabe considerar la reconceptualización del término “derechos sociales”, elaborada por Esping-Andersen, en orden a la noción de capacidad para la desmercantilización que los mismos conllevan, es decir a los grados en los que las condiciones de vida de la población se independizan de las fuerzas del mercado, disminuyendo la valoración de los ciudadanos y trabajadores en términos de meras mercancías.

Dentro de este marco teórico pueden formalizarse diversos regímenes de Estado de Bienestar, desde la óptica de la calidad de los derechos sociales vigentes, el tipo de estratificación social a que ellos dan lugar y los variados “arreglos cualitativos entre Estado, mercado y familia que se constituyen en cada caso”. Las políticas sociales son visualizadas, por ende, en tanto procesos demarcados por espacios y relaciones que -a su vez- contienen a cada una de las instituciones intervinientes, a través de sus prácticas y regulaciones. En definitiva, la determinación del tipo de lógica que las articula conduce a cuestionar la escisión entre los ámbitos público y privado, mediante la consideración de una perspectiva global.