INFORMALIDAD, DESCATEGORIZACIÓN Y DESCUALIFICACIÓN LABORALES - Juan Labiaguerre

               Un argumento que brega por el pleno empleo, el cual cuenta con crecientes adeptos, señala que el fin primordial por el que debería integrarse al mayor número posible de personas en el mercado de trabajo no radica en la consecución de una mayor equidad distributiva, sino que el objetivo básico de la reactivación ocupacional apunta al logro del control social. Si las personas no se encuentran vigiladas, al no trabajar en el marco normativo impuesto por obligaciones contractuales formales, se precipitarían al abismo de formas de vida caóticas y dañinas desde la perspectiva comunitaria. A través de este criterio, siguiendo a Offe, es desacreditado a fortiori el valor humano del progreso tecnológico y productivo, que posibilitó la liberación de muchos trabajadores de una labor pesada y, simultáneamente, se asume de manera implícita el deterioro de un sistema social que, en el terreno fáctico, aparenta no disponer de otro medio -exceptuando la rutinaria tarea fabril- que permita a los actores sociales comportarse en forma disciplinada, a la vez que cooperativa.

                La informalidad representa una problemática arraigada estructural e institucionalmente y los distintos tratamientos efectuados alrededor de la misma difieren en su forma de definirla, de medirla y, fundamentalmente, en las causas a las que se atribuye su emergencia; ello obedece a que el universo informal ofrece una vasta diversidad y resulta complejo intentar encuadrarlo dentro de un único marco de análisis. Un criterio operacional crecientemente utilizado reside en la consideración de un ámbito específico signado por la sistemática evasión de regulaciones; no obstante, el uso indiscriminado de tal criterio oculta procesos de diferente naturaleza, pudiéndose retomar los argumentos alusivos a que la informalidad constituye la resultante de una sobreoferta de mano de obra urbana que no alcanza a ser absorbida por el sector formal de la economía. Desde el punto de vista de esta explicación de índole estructural, la evasión a las regulaciones no es una causa sino un efecto; sin embargo, por más acertada que pudiera resultar esta explicación, para el caso de algunas economías latinoamericanas, por ejemplo, no alcanza a efectos de describir el marco completo del universo informal.

                Por otro lado, cierto conjunto de actividades económicas es incluido dentro de la categoría de informales al no cubrir determinados requerimientos demandados en términos de su configuración “formal”; Al respecto, la evasión no es asimilable directamente al fenómeno de la precariedad laboral, sino que constituye cierta decisión racional a partir de la cual son estimados los costes y beneficios inherentes al cumplimiento de normas regulatorias, cuyos costos representarían una causante de raigambre institucional del pasaje a la informalidad. Respecto de las causas estructurales, el análisis de la evolución del mercado laboral, desde la perspectiva centrada en el contexto del modelo sustitutivo, como así también considerando el aperturismo actualmente vigente, la economía perdió su capacidad en orden a la generación de empleos productivos y las ocupaciones informales han proliferado en distintos sectores.

                Los factores institucionales causantes de la informalidad procederían del mismo formato conformado a partir de una lógica “corporativista” del sistema político, teniendo en cuenta los intereses específicos surgidos a la sombra del régimen orientado por la sustitución de importaciones. Este enfoque de tinte liberal sostiene que las legislaciones laboral y fiscal, junto a la panoplia de regulaciones que impusieron gradualmente obstáculos burocráticos y erogaciones crecientes, para el establecimiento formal de los emprendimientos económicos, habrían resultado producto de ese “pacto corporativo”.

                Partiendo de un punto de vista divergente, y sobre la base del impulso adquirido por el proceso de internacionalización capitalista durante el siglo XX, Nun señala las transformaciones profundas operadas en la estructura ocupacional durante la segunda mitad de la centuria, en la medida en que alrededor de cuatro décadas atrás, el sector industrial constituía el eje alrededor del cual giraba la problemática productiva y laboral. En tal sentido, los Estados de Bienestar de posguerra aún se organizaban en torno de la figura del operario fabril, por otro lado considerado en un sentido genérico como único sostén de familia. En el caso particular inglés el trabajador típico era representado idealmente como un operario de fábrica, jefe de hogar, ocupado de manera estable y con una retribución salarial “digna", mientras que actualmente apunta a reflejarse en una mujer separada, que mantiene al grupo familiar gracias a un empleo por tiempo determinado y/o intermitente y subremunerado, por lo general ocupada en el sector de servicios.

                Al respecto, puede afirmarse que la actividad industrial decayó notablemente en cuanto fuente empleadora de fuerza de trabajo y que, a partir de un proceso de terciarización progresivo y extendido, el espectro laboral se tornó sumamente inestable y diversificado, fragmentándose el mercado de trabajo a tal punto que la incidencia de la población excedente, respecto del mecanismo de acumulación, adoptó un carácter altamente complejo.

                Durante la década de los años ochenta se acentuó la presencia de una realidad sociolaboral signada por la "disminución objetiva de la capacidad de determinación de los supuestos fácticos del trabajo, la producción y la actividad económica en relación con la constitución y el desarrollo de la sociedad en su conjunto". Este fenómeno condicionó una gradual pérdida del rol crucial -potencialmente integrador- ejercido por la esfera productivo-ocupacional, desde una perspectiva tanto estructural como evolutiva. El trabajo se convirtió entonces en un punto de referencia crecientemente periférico, en términos colectivos e individuales, a efectos del análisis social, pese al mantenimiento de la condición de dependencia laboral en que se encuentra la mayoría de la población.

                En forma paralela a la emergencia del paro y de la subocupación visible, Tokman destaca la problemática implícita en los diversos modos de subempleo invisible, reflejado en aquellos estados ocupacionales caracterizados por niveles de productividad y de ingresos reducidos, desprotegidos e inseguros, de naturaleza genéricamente llamada “informal”. Dentro del contexto enmarcado por esa evolución, se incrementaron proporcionalmente los empleos mediante modalidades contractuales atípicas, mientras los ingresos de origen laboral -especialmente las remuneraciones salariales- experimentan un continuo estrechamiento de sus márgenes.

                Cabe indicar que el estudio de la informalidad transitó en la década de los años setenta una etapa superadora respecto del anterior enfoque analítico, centrado en el fenómeno de la marginalidad urbana, propio de una época en la que las economías latinoamericanas todavía manifestaban una relativa dinámica  “modernizadora”. Posteriormente, la crisis de los ochenta condicionó cierto replanteo teórico -con relación al formulado originalmente- por parte del PREALC, así como también redundó en la reconceptualización y profundización de algunas interpretaciones neomarxistas.

                En virtud del panorama descripto, resulta evidente el devenir de una nítida tendencia hacia la desaparición de aquel factor que representaba la “función emancipadora” ejercida por la posición laboral entendida en términos convencionales, es decir contrastando con las relaciones de sujeción prevalecientes en la sociedad tradicional, en la cual las relaciones sociales en general, y particularmente las de producción, resultaban inequitativas y personalizadas en un sentido cuasi-estamental.

                Desde un punto de vista proyectual, el estereotipo ideal y la situación habitualmente atada a la imagen de normalidad ya no estarían más representadas por la figura del trabajador -obrero, empleado, asalariado-, sino por la de la fuerza de trabajo precarizada que ya trabaja, ya no trabaja, y cuyos integrantes realizan en forma discontinua variados “oficios”, despojados de su anterior connotación. Tal entorno determina que el modelo asequible del “nuevo trabajador” remita a la carencia de una identidad profesional, dado que “tiene como profesión el no tenerla” y él mismo debe considerar que su auténtica actividad deviene aquella mediante cuyo desempeño “se esfuerza en las intermitencias de su trabajo remunerado”.

                En el contexto histórico latinoamericano, los periodos signados por el crecimiento económico y los procesos modernizadores no implicaron la neutralización de las actividades  informales, desplegadas al margen del área de funcionamiento del núcleo dinamizador del aparto productivo. Asimismo, el marco recesivo internacional y la consecuente aplicación de políticas estatales de ajuste durante la década de los años ochenta, en gran parte de los países de la región, conllevaron la extensión de diversas modalidades de ocupación informal. Respecto del encuadramiento restrictivo del empleo en las crisis desatadas en los noventa, dicho proceso desempeñó un rol crucial, dado que durante la última década del siglo se consolidó una correlación entre ciertos sectores informales y manifestaciones de pobreza; por otro lado, la proyección a futuro de esta situación no resulta halagüeña en el marco regional, siendo percibida la informalidad en cuanto proceso perdurable y progresivo.

                Dentro de los sectores populares urbanos, la posibilidad de acceso al consumo, incluido el correspondiente a productos alimenticios vitales, se logra sobre la base de la adquisición -a través del mercado- de bienes y servicios necesarios para la subsistencia de las personas y unidades domésticas, proceso resultante de una función del ingreso respectivo, combinada con el precio de las mercaderías. En la medida en que la fijación de éste último obedece sólo tangencialmente al accionar individual del consumidor, el ingreso representa en consecuencia la variable decisiva que posibilita alcanzar determinado nivel de satisfacción de necesidades, en términos socialmente aceptables, que garantice la continuidad del proceso de reproducción social. Al respecto, es importante resaltar que el trabajo constituye la fuente esencial de ingresos para la mayor parte de los segmentos sociales, razón por la cual el desempleo representa la arista más destructiva  de la cuestión ocupacional, aunque no la única, en la medida en que deben considerarse otras alternativas heterogéneas que expresan la incidencia negativa, presentada por el desenvolvimiento actual del mercado laboral, sobre el aspecto retributivo o salarial.

                En nuestros días resulta entonces potencialmente generalizable la figura central del precario, siguiendo a Gorz, la que se intenta “civilizar y reconocer para que, de condición sufrida, pueda convertirse en modo de vida elegido, deseable, socialmente valorizado, fuerza de nuevas culturas, libertades y socialidades: para que pueda convertirse en el derecho para todos de elegir discontinuidades de su trabajo sin sufrir discontinuidades en el ingreso”. Tal evolución ambivalente obedece a un proceso mediante el cual el poder ilimitado adquirido por el capital sobre las relaciones socioproductivas, en su conjunto, deriva en que la actividad laboral mantenga una centralidad en la vida y en la conciencia colectivas, al tiempo que resulta progresivamente degradada.

                Nun destaca la existencia de una diferencia considerable entre el origen de una determinada población excedente y las consecuencias provocadas por su surgimiento en el sistema que la genera, teniendo en cuenta que dicho contingente sobrante remite a cierto nivel de desarrollo y, por lo tanto, “cada modo de producción tiene sus propias leyes de crecimiento de la población y de la superpoblación”, debiéndose señalar el carácter general asignado por la concepción marxiana a este último concepto. En este sentido, la constancia de un exceso estructural de la oferta sobre la demanda laboral puede llegar a generar efectos no funcionales, en orden al dinamismo propio del régimen social de acumulación, sin operar necesariamente en consecuencia bajo el rol de ejército industrial de reserva, porque su presencia puede tener efectos afuncionales o disfuncionales respecto de aquella dinámica. Dentro de esta contextualización teórica el concepto de masa marginal refiere, por lo tanto, a relaciones específicas entre el excedente poblacional y el sistema económico que lo engendra.

                Según la visión de Pérez Sáinz, desde la óptica estatal varió la actitud respecto del fenómeno de la informalidad, procediéndose a estigmatizar dicho ámbito mediante la asignación de  un perfil preponderantemente extralegal a sus principales manifestaciones o, en todo caso, despreciándolo. Este autor considera los variados ángulos de enfoque analítico descriptos por Raczynsky, una de las cuales, tomando como punto de partida el eje expresado a través del funcionamiento del aparato productivo, señala las características empresariales específicas que distinguirían al sector informal, interpretando su génesis histórica a la luz del contexto económico global. Otra alternativa teórico-conceptual consiste en hacer hincapié en los mecanismos inherentes al empleo y a la evolución de los mercados laborales, enfoque desde el cual la informalidad es interpretada en tanto esfera ocupacional mayormente accesible, demandante de fuerza de trabajo principalmente de orden secundario.

                Asimismo, partiendo de un vértice ubicado en la problemática del bienestar social y de los ingresos, se delimitaría la presencia de exteriorizaciones al interior del conjunto de hogares caracterizados esencialmente por sus condiciones de precariedad socioeconómica, interpretación que para la autora citada equivale a un simple reetiquetamiento que no trasciende, sustantivamente, el marco de aquellos estudios referidos a los procesos genéricos de marginalidad social.     

                En un sentido parcial se puede coincidir con la apreciación puntual de De Soto, acerca de que las organizaciones informales se rigen por un conjunto de normas extralegales, capaces de regular de alguna manera las relaciones sociales, compensando la ausencia de protección jurídico-estatal, y obtener márgenes graduales de estabilidad y seguridad -aunque relativas- en términos de derechos adquiridos. Dicho conjunto normativo se compone esencialmente de costumbres sustentadas ad-hoc y de "algunas reglas propias del Derecho oficial en la medida en que son útiles a los informales" y se encuentra reflejado en  leyes paralelas surgidas del ámbito consuetudinario frente a la carencia o ineficacia del marco institucional, tal como este fenómeno se manifiesta, por ejemplo, en el caso de los asentamientos poblacionales clandestinos. De acuerdo a este enfoque unilateral, la esencia de “lo informal” remite a una práctica habitual asentada en cierta específica normatividad sui generis, aunque dotada de plena vigencia social y generada por un sector marginado, a efectos de reglamentar sus propias actividades vitales y las consecuentes operaciones económicas.

                Por otra parte, Cartaya menciona la concepción sobre la informalidad emanada de la idea de excedente de fuerza de trabajo de carácter estructural, enfatizando además el proceso de subordinación de la producción informal frente a la capitalista, así como también la centralidad radicada puntualmente en nuevas modalidades emergentes de organización del trabajo. Este último indicio refiere a la proliferación de inserciones laborales flexibilizadas, las que remiten al desenvolvimiento de determinadas actividades económicas consideradas subterráneas, dentro del marco de las sociedades industrialmente avanzadas. Finalmente, la autora cita la postura de índole neoliberal sostenida por De Soto, descripta más arriba.

                Un tratamiento ampliamente comprensivo de la diversidad de tipos de inserción ocupacional, anclados en diferentes grados de informalidad, dentro del contexto de una localización territorial determinada, requiere en primer lugar la consideración de los distintos momentos de existencia referidos a la capacidad laboral de la población económicamente activa de la zona. De acuerdo a los mecanismos de control de la fuerza de trabajo por parte del régimen de acumulación vigente, dichas instancias atañen a las variadas dimensiones adoptadas por el proceso de incorporación (o no) al mercado laboral, las cuales condicionan perfiles de ocupación típicos, característicos de las actividades económico-productivas prevalecientes dentro de ciertos espacios periféricos.

                El prisma analítico alusivo a la residualidad de un segmento de la fuerza de trabajo, realizado en torno del grado de funcionalidad de la población excedente, es necesario aunque insuficiente a efectos de caracterizar el tipo de relaciones que lo unen al sector económico hegemónico. Desde una perspectiva histórica, el pasaje del régimen de producción capitalista de su estadio libreempresista a su fase monopólica determina que, en esta última etapa del modelo de acumulación, el mercado de trabajo se diversifica notoriamente debido a la incorporación de innovaciones técnico-científicas al proceso productivo, modificándose por ende la configuración de las cualificaciones en referencia a la demanda de mano de obra, disminuyendo simultáneamente  la sustituibilidad entre los trabajadores. Este cambio amortigua las “funciones directas e indirectas que cumplía la superpoblación relativa con relación al sector dominante de la economía, [el cual] desarrolla diversas estrategias de integración del trabajador a la empresa, en el marco de una legislación social y de la acción de los sindicatos de masas”.

                Asimismo, emerge la noción de contrato implícito, cristalizada en el hecho de que los empleadores del sector moderno ofrecen salarios más elevados que los del promedio vigente en el mercado de trabajo, junto a la estabilidad en el empleo y la generación de expectativas de movilidad ascendente, a cambio de un mayor nivel de esfuerzo por parte del trabajador. Corresponde agregar que, a partir de fines de los años setenta, dichos contratos tendieron a dividirse, utilizando la terminología elaborada por Lipietz, en “neotayloristas y kalmarianos” y que en la actualidad comprenden a un segmento proporcionalmente decreciente de la fuerza de trabajo ocupada.   

                Corresponde recordar que las concepciones acerca de la informalidad desarrolladas durante la década de los ochenta partían de un eje centrado en la temática de las microempresas, proclividad que conlleva la apreciación de un doble efecto mixtificador con relación a la caracterización social de los trabajadores urbanos. Tal posición teórica conduce a subsumir los diferentes tipos de asalariados informales en empleos correspondientes a ciertos establecimientos, de acuerdo a la magnitud de éstos, prejuicio inclinado al reduccionismo, teniendo en cuenta que la esfera comprendida por las actividades informales presenta una gran diversidad. La ubicación del eje teórico en la problemática de la microempresa deriva en la asignación de un peso excesivo a la diferenciación entre categorías de asalariados, según niveles de "formalidad" determinados por el tamaño del emprendimiento empresario, apreciación cuestionable debido a sus propias limitaciones a efectos de abarcar, integralmente, el análisis de la segmentación del mercado de trabajo sobre la base de dimensiones referidas al proceso de precarización laboral, en su conjunto heterogéneo de expresiones.

                Las profundas consecuencias sociales generadas por el agravamiento de la situación ocupacional actual responden al proceso de mutación del funcionamiento del mercado de trabajo, dentro del cual el fenómeno del desempleo masivo representa sólo su expresión emblemática más cruda. Resulta igualmente crucial el mecanismo signado por el incremento -cuantitativo y cualitativo- de la vulnerabilidad de las inserciones laborales, en la medida en que -como manifestación de un panorama generalizado- existe una pérdida de hegemonía del vínculo contractual por tiempo indeterminado, siendo reemplazado el mismo por distintas formas “heterodoxas” de empleo. El nuevo escenario así montado adquiere una fisonomía configurada a partir de la prevalencia de contratos a término prefijado, ocupaciones transitorias, tareas de jornada parcial y distintas modalidades de empleos asistidos, generados por el sector público, con el objeto de amortiguar las derivaciones socialmente deteriorantes de la extensión de las situaciones marcadas por la  desocupación abierta.

                Dentro del marco general delineado por las contrataciones laborales, aún predominando por el momento -en términos absolutos- aquellas indefinidas temporalmente, al considerar el flujo actual de las inserciones ocupacionales esta proporción tiende a invertirse en la medida en que, incluyendo las economías desarrolladas, más de dos tercios de los puestos de trabajo generados anualmente se realizan a través de modalidades consideradas atípicas en términos de la figura adoptada convencionalmente por el empleo  asalariado.

                Si bien las mujeres y los jóvenes resultan los más perjudicados por el carácter crecientemente frágil asumido por el lazo laboral, la situación involucra cada vez más al llamado núcleo duro de la fuerza de trabajo, es decir aquellos hombres con edades comprendidas entre los treinta y cincuenta años. Dicho fenómeno afecta asimismo tanto a las grandes concentraciones industriales como a las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que en ambos casos la mayoría de los nuevos contratos es temporal, reduciéndose en consecuencia el peso relativo representado por los empleos estables y previéndose, además, una potenciación de dicho proceso; es decir que se tiende a un decrecimiento progresivo de los contratos indefinidos temporalmente, en favor de las otras formas alternativas de inserción ocupacional.

                De la manera antedicha se produce una mutación profunda de la condición asalariada, por lo que la heterogeneidad e irregularidad presentadas por las nuevas formas de utilización de las capacidades laborales reemplazan gradualmente el paradigma del empleo asegurado y homogéneo. En tal sentido, André Gorz traía a colación, a fines de los años ochenta, una investigación llevada cabo en Alemania que preveía "para los próximos años un 25% de trabajadores permanentes, calificados y protegidos, un 25% de trabajadores (periféricos) subcontratados, subcalificados, mal pagados y mal protegidos, y un 50% de desempleados o trabajadores marginales dedicados a empleos ocasionales o a pequeñas tareas".

                Los arreglos institucionales decisivos que permiten la ubicación y el uso de la oferta de trabajo en forma exógena al mercado ocupacional formal comprenden, en principio, el trabajo o servicio domésticos y el cuentapropismo. Los dos primeros se diferencian respecto de la actividad asalariada convencional sobre la base de su tipo específico -degradado o ausente- de regulación normativa, el elevado grado de inmovilidad social y la carencia de una "equivalencia cuantitativa entre las prestaciones laborales y las pretensiones de renta o aprovisionamiento". Por otro lado, la actividad empresarial autónoma difiere del asalariamiento -entre otros factores- debido a su orientación focalizada, preponderantemente, hacia la demanda de bienes y servicios, no consumada a través del mercado de trabajo, y al carácter extracontractual de las retribuciones, realizadas dentro de una esfera condicionada generalmente por la remuneración mediante  rentas residuales.

                Roberts menciona al respecto un componente específico radicado en cierta modalidad racional asumida por  la “formalidad”, advirtiendo acerca de la existencia de una conexión del proceder informal típico con la esfera de incumbencia estatal, enfoque propuesto por la “economía política de la urbanización en América latina”. Bajo esta consideración, el autor citado destaca la emergencia de formas particulares, signadas por determinadas racionalidades sustantivas, inherentes al universo de la informalidad, con atención prioritaria hacia un marco cultural específico, configurado por el tejido de entramados sociales de raigambre doméstica y/o comunitaria.

                Cabe consignar que a partir de la acentuación de la denominada crisis del empleo se puso en marcha un proceso gradual de legitimación jurídica de las modalidades volubles y frágiles de contratación “flexible”, quedando librado a la mera arbitrariedad patronal -y a la consecuente ausencia de un derecho laboral mínimamente equilibrado- la fijación unilateral del conjunto de condiciones laborales. A través de este entorno, se llegó inclusive a esgrimir la categoría -por lo menos ambigua- de contrato por tiempo indeterminado intermitente.

                Una comprensión amplia de los mecanismos que potencian, de diversos modos, la desocialización engendrada por la transformación del mercado de trabajo, generando en su expresión más grave la desocupación crónica y el consiguiente estado de “desafiliación”, conduce a desechar la caracterización de las mencionadas modalidades de empleo en términos de atípicas o particulares. Tal planteo obedece a que dicha postura remite a una pasada hegemonía del contrato regular por tiempo indeterminado, mientras que la precariedad, así como también el fenómeno extendido de la desocupación, constituyen elementos inherentes a la dinámica actual del proceso de modernización capitalista.

                El nuevo paradigma del trabajo cuestiona en sus raíces la estructura de la relación típicamente salarial y conlleva el retorno a la concepción del empleo en cuanto "alquiler de un individuo para realizar una tarea puntual", provocando el desdibujamiento del marco laboral legal, erosionado por las imposiciones de las actuales condiciones de un mercado estructuralmente reconvertido. Debido a tal condicionamiento la flexibilidad laboral, entendida como necesidad de adecuación de la fuerza de trabajo a los nuevos tipos de actividades requeridas por el funcionamiento del aparato productivo, se manifiesta globalmente mediante la proliferación de subcontrataciones -muchas veces espurias- y, en el nivel intraempresarial, a través de la polivalencia funcional de la mano de obra permanente, ante los requerimientos del capital empresario en orden a afrontar fluctuaciones cíclicas de índole económico-comercial.

                En el contexto descripto, las firmas subcontratistas operan amortizando las variaciones coyunturales del mercado, absorbiendo o desprendiéndose de mano de obra según la orientación cambiante del lado de la demanda de capacidades laborales, a un ritmo proporcional al grado de falta de cobertura social y protección social en que se encuentra la fuerza de trabajo. De allí que la estabilidad del empleo en la empresa madre registra como necesaria contrapartida la precarización ocupacional y la inseguridad socioprevisional en el resto de los segmentos ocupacionales del sistema económico-productivo. Este mecanismo propende a activar el proceso de dualización, en la medida en que un estrato privilegiado de la fuerza de trabajo, con estabilidad en una empresa, contrasta con un contingente en aumento de trabajadores vulnerables que realizan actividades laborales discontinuas, por lo general escasamente remuneradas, a tiempo parcial o que se encuentran periódicamente desocupados.