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13 Abril 2018
Un autor destacado, dentro de la intelectualidad crítica de la estructura socioeconómica contemporánea, a escala mundial, Étienne Balibar, cuestiona la situación inherente a los sistemas políticos democráticos formales, vigentes en numerosos países. Al margen de los inconvenientes atravesados -durante las últimas décadas- por los idearios contestatarios radicalizados ideológicamente, en términos de aquellos contextos que abarquen más allá de los límites de los Estados nacionales, el pensador francés citado afronta el cometido, dificultoso, de interpretar y elaborar conceptualmente la encrucijada en la cual se halla la democracia representativa en nuestros días[1].
En cuanto al interrogante sobre la eventual pertinencia del funcionamiento de los regímenes republicanos-democráticos, en la actualidad “global”, Balibar analiza los efectos de tal dilema con respecto a las políticas e interrelaciones transnacionales[2]. La circunstancia consistente en que ambas temáticas se presenten asociadas refleja un inconveniente insoslayable, dado que el concepto mismo de democracia no alude con precisión específica a determinado régimen institucional fáctico, tipificado de manera taxativa y unívoca, con relación a ciertas normativas constitucionales, referidas a la distribución del poder político.
En el sentido antedicho, el autor precitado sostiene que “ninguna cité es en sí misma democrática: lo es más o menos en diferentes momentos de su historia y en comparación con otras, en una proporción que nunca está establecida de antemano ni suele ser definitiva”[3]. Tal enfoque pudiera ofrecer puntos de vista que aclarasen este complejo asunto, en forma retrospectiva, y sobre todo de cara al porvenir. Por ejemplo, la República Francesa habría resultado de calidad superior en su democracia durante la fase histórica del gobierno Frente Popular con respecto a su estado actual, y eventualmente en el futuro podría ser más democrática que en el presente, a partir de una profunda mutación político-institucional.
La noción del término mencionado remite a una especie, relativamente vaga, de conformación y convivencia dentro de las sociedades, de carácter mutable, donde el marco legal-constitucional, los movimientos y agrupaciones colectivos, las actividades propias del civismo, entre otros factores concurrentes, apuntarían a la asignación de la mayor participación efectiva posible, por parte de la “ciudadanía”, en cuanto al manejo de los asuntos públicos. En este aspecto, Balibar abreva en una conceptualización, de tono crítico, con raigambre en el pensamiento antiguo, adhiriendo a una perspectiva cuya relacionalidad dinámica enfoca la conflictividad sociopolítica.
Sin embargo, la apreciación previa es proclive a soslayar de modo absoluto el desarrollo de las políticas internacionales, al considerar tácitamente que los procesos de cambios político-sociales acontecen en primer lugar al interior de demarcaciones nacionales o territoriales, y que además implican el enfrentamiento de elementos “locales y foráneos”, derivando esa idea -de hecho- a una orientación estatista del sistema democrático.
La anterior observación conlleva variaciones continuas en los enfoques conceptuales sobre las modalidades, bajo las cuales, las políticas exteriores inciden con respecto a la calidad democrática de las naciones. En tal sentido, subsiste un “proverbio” convencional esgrimido por el internacionalismo, que sentencia la máxima acerca de que un pueblo que oprime a otro no puede ser un pueblo libre, que de algún modo retrotrae históricamente a las luchas anticolonialistas. Además, debe tenerse en cuenta que los regímenes imperialistas que ejercieron grados mayores de coacción y violencia sobre sus territorios ocupados, al interior de sus propios espacios nacionales desarrollaron sistemas formalmente democráticos. Ello ocurrió, entre numerosos casos, con el antiguo imperio griego, las sucesivas “repúblicas” francesas, los EE.UU. de Norteamérica, etcétera.
No obstante lo expuesto, dicha visión dicotómica “ya es insostenible. Hoy, y cada vez más, las fronteras no crean delimitaciones definitivas: atraviesan, de manera más o menos y más o menos discriminatoria, el espacio dentro del cual se plantea la cuestión del acceso al autogobierno”[4]. Por lo tanto, resultaría factible procurar la reversión de aquel enfoque, ya que -al menos- debiera las dimensiones respectivas, y eventualmente comparables entre ellas, de libertad e igualdad otorgadas por los gobiernos soberanos, correspondientes a los grupos y personas inmigrantes, junto a los roles ejercidos por determinados países en términos de la progresión de la libertad, o la morigeración de las “desigualdades globales”. Así, ambas variables precitadas devienen inconcebibles en cuanto rasgos típicos caracterizados por sus supuestos caracteres de contingencia y externalidad; en cambio las mismas sí serían estimables bajo el significante de perfiles de magnitud democrática, a los que apuntan las distintas administraciones público-estatales. Tal apreciación, retrospectivamente evidente en los procesos revolucionarios independentistas, se observa también, y con creces, en la actualidad mundial.
Dentro del marco internacional “de Occidente”, suele manifestarse una especie de zigzagueo entre involuciones “desdemocratizadoras” y fases configuradas por cierta democratización de la democracia. Al respecto, Balibar opina que ese fenómeno político transicional, recurrente, desborda los lindes del “mundo occidental”, y que además esas demarcaciones se hallan ausentes al margen de los contextos estructurales propios del legado de la guerra fría. En tal ámbito intercontinental pueden incluirse, entre otras entidades, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), etcétera.
Los vaivenes pro y anti democratizadores se encuentran extendidos más allá de fronteras o delimitaciones nacionales o regionales, a priori debido a una cuestión “principista”, dado que dentro de la perspectiva dialéctica esbozada las oscilaciones político-ideológicas antedichas representarían el status normal, y de ninguna manera solo “excepciones”. Los procedimientos que aspiran a estabilizar los regímenes gubernamentales, sobre todo desde el punto de vista constitucionalista, reflejan la pugna de fuerzas sociales divergentes y/o enfrentadas, concretan logros en la esfera de los derechos básicos de diversa índole, aunque éstos requieren su aplicación fáctica en cuanto a su cumplimiento específicamente legal.
En consecuencia, cabría observar que la cualidad democrática resulta, de hecho, sustancialmente endeble, de igual modo que el accionar político-ideológico coherente, lo cual es válido a escala planetaria. Incluso en algunas coyunturas históricas cambiantes, o directamente críticas, tales como se expresan en la actualidad transnacional, el “Estado democrático”, en la práctica, sería inexistente. Mientras tanto, las alternativas vigentes subsisten radican en el retroceso reaccionario, por un lado, o el progreso realmente auténtico de los atributos de una ciudadanía ampliadora de derechos colectivos que comprendiese al conjunto de las poblaciones.
Ante la convencionalidad en la utilización de términos como, por ejemplo, “era postdemocrática” (verbigracia a través de Colin Crouch, entre otros), Balibar recurre a la expresión desdemocratización, acuñado por Charles Tilly. Con relación a ello, es preciso tener en cuenta el apogeo contemporáneo de la praxis estatal autoritario-represiva, la proclividad al declive de la legitimación representativa e institucional, en lo que concierne a los organismos legislativos, junto al corrimiento de los ejes de los poderes fácticos, liberados arbitrariamente del contralor y de las propuestas ciudadanas.
Constituye una explicación erráticamente simplista procurar justificar, en forma unilateral, la problemática precedentemente expuesta a una variable inequívoca del “institucionalismo gubernamental”, a partir de premisas acentuadamente ideologizadas, factor tendiente a la idealización de otras dimensiones o épocas relativamente superadas[5]. La propuesta sobre “democratizar la democracia” proviene de diversas raíces teóricas y de intentos diferenciados de aplicaciones, por ejemplo los intelectuales adherentes al modelo conceptual de la tercera vía, propiciada por el primer ministro Tony Blair en el Reino Unido. Esta idealización es interpretable en términos específicos, teniendo en cuenta la impractibilidad del avance de las libertades o los derechos individuales (verbigracia, en costumbres y estilos de vida) y lograr, a fortiori, el progreso de una “ciudadanía activa”, condición que implica la dinámica participativa en el tratamiento de asuntos político-institucionales trascendentes, al mismo tiempo que aumentan las situaciones desigualitarias en aspectos múltiples.
La existencia concreta de un conjunto extendido de inequidades, no solo respecto del respeto de los derechos civiles, socioeconómicos, laborales, educativos, culturales, entre otros, conlleva el desguace permanente de las atribuciones que otorgaría, hipotéticamente, la vigencia real de la “ciudadanía social plena”, devenir generado por el tardoliberalismo neoconservador en las últimas décadas. A los fines de ilustrar tal incompatibilidad, pudo observarse que en el desarrollo histórico progresivo del “viejo continente” proliferaron apelaciones altisonantes a los principios liminares de la democracia, cuando simultáneamente se erigían poderes estatales sin mecanismos eficaces de control y participación de su población gobernada.
Sobre la base de lo pre-expuesto, los sistemas público-administrativos europeos se encuentran resguardados de la conflictividad sociopolítica, “escudo” proclive a una inclinación desdemocratizadora que incide, nuevamente, sobre el funcionamiento formalmente democrático, incluso europeos. En su momento, se había concebido que la consolidación institucional del “viejo continente” devendría legitimada, en la visión de sus propias sociedades, exclusivamente en caso de un progresivo y auténtico desarrollo de la democracia.
Sin embargo, a partir de la confluencia de poderes fácticos poderosos, económico-financieros, corporativos, y mediáticos, en un contexto de sucesivas coyunturas críticas, urge el requerimiento de formas emergentes en pos de redemocratizar los sistema políticos nacionales en Europa, a través de proyectos que conllevasen la ampliación de derechos constitucionales, junto la implementación de instrumentos participativos novedosos, más allá de los obstáculos sumamente dificultosos que entorpecen esas propuestas eventuales.
Balibar también analiza el concepto de gobiernos o movimientos “populistas”, en el marco de los debates acerca de la decadencia experimentada por las democracias representativas indirectas, desde finales del siglo XX y, sobre todo, en el transcurso incipiente del milenio presente. Según el autor, la expresión antedicha pudiera ser adecuada, pero únicamente en la medida en que se proceda a su precisión argumentativa: deben evaluarse sus respectivas aplicaciones teórico-políticas singularmente específicas. Los significantes del término “populismo” difieren de acuerdo a los variados escenarios geográficos y culturales observados, incluyendo los giros idiomáticos propios de cada lengua, y asimismo se prestan a interpretaciones erráticas y/o sesgadamente intencionadas.
Resulta notable que algunos relatos mediáticos hegemónicos, y ciertos enfoques de supuestos politólogos, procuren equiparar determinadas corrientes “populistas”, tanto conservadoras y reaccionarias, como contestatarias radicales, en ambos casos anti-sistémicas, con posiciones “extremistas”. El pensador citado menciona, además, el soslayo generalizado hacia los populismos de centro, una de cuyas representaciones patentes remiten a la instancia en la cual los gobiernos de la Unión Europea utilizaron la justificación, anclada en una demagogia supina, sobre “los intereses del contribuyente para rechazar la reducción de la deuda griega, que habría de hecho beneficiado a todos, imponiendo algunos sacrificios a los bancos”[6].
Por otro lado, provoca asombro el fondo conceptualmente ambiguo proclive a entrelazar los sentidos semánticos de las tendencias populistas, nacionalistas, y hasta neofascistas; al respecto, sería pertinente diferenciarlas ipso facto, incluso al precio de la necesidad de corroborar a fortiori de qué manera se producen los “efectos contaminantes”, en lo fundamental por medio de la acepción del término soberanía popular, junto a las idealizaciones que se tejen a su alrededor.
Teniendo en cuenta las aclaraciones mencionadas, de gran relevancia, igualmente corresponde señalar que el recurso de la nominación vocablo “populismo” es implementado con la intención de demonizar cualquier proceso político-ideológico contrario a la supeditación de la mayoría de la población a una pasividad en sus atribuciones, generalmente legal-constitucionales en el aspecto formal, en cuanto ciudadanos/as plenos. Ello acarrea, en forma potenciada, el incremento reproducido de las condiciones inequitativas y desigualitarias de una “ciudadanía precaria e incompleta”, y conduce eventualmente a contradicciones ineludibles entre los derechos declamados institucionalmente, y su ejercicio de hecho.
Tal colisión responde a una conflictividad palpable, ajena a toda ideologización propagandística y, por tanto, resulta de mayor trascendencia con relación al porvenir democrático enfocarse en dicha problemática, real y candente, que la elucidación abstracta en referencia a los caracteres apropiados pertinentes al uso del polisémico término democracia.
Se ha esgrimido la concepción de “contrapopulismo” a los fines de destacar los perfiles salientes de determinados ideario y proceder políticos; el mismo habría sido malentendido como una oposición a las prácticas populistas, talante éste considerablemente extendido, al punto que hasta en ciertas lenguas, verbigracia la griega, la distinción es imposible1. No obstante, Balibar comprendía por actitud “contrapopulista” parangonando el criterio foucaultiano mediante el cual se aludía a contraconducta o contrahistoria; ello “invierte el sentido de una cuestión o vuelve los instrumentos de una crítica contra aquellos que la profieren”.
Devendría recomendable, entonces, recuperar legítimamente el valor de la participación popular masiva del conjunto de la ciudadanía, en toda su amplitud de derechos, en problemas que les atañe, frente a gobiernos comandados por una oligarquía asentada en la corrupción sistémica, crecientemente caracterizada por su ineficiencia “republicana”, envuelta en sus propias políticas excluyentes desde el punto de vista socioeconómico. Estas últimas formaciones gubernamentales suelen derivar en un rechazo generalizado contra las actividades y dirigencias políticas, sentimiento colectivo que puede dar pábulo a experiencias de autoritarismo y/o desestabilizaciones institucionales.
Los caminos esenciales orientados al acceso a procesos redemocratizadores conllevan grados crecientes de implementación de mecanismos participativos y autogestionarios, mayores posibilidades concretas de contralor de la ciudadanía con respecto a sus representantes, junto a conflictos sociales progresivos, canalizados orgánicamente, o simplemente “descarnados”. Tal cuadro de situación implicaría la asunción de alternativas riesgosas, aunque más seguras que la amenaza latente que pende, cual espada de Damocles, proclive a la caída en coyunturas críticas insalvables, excepto a través de “una restauración de la identidad nacional perdida, que probablemente jamás existió, o cuyos lados oscuros se evita mencionar”.
La propuesta balibariana de fomentar una salida “contrapopulista” representó una salida a la encrucijada demoliberal, esto es una manera original de denominar a aquello que sería una especie de “populismo transnacional”, concepción ideal materializadora de la noción de demos, y cristalizada en el potencial de la democracia más allá de las delimitaciones de la “soberanía”, hoy en día bastante borroneadas, de todos los países del orbe.
Ante la probable expansión de corrientes ideológicas fuertemente reaccionarias, Balibar plantea la necesidad de consensuar los sentidos atribuidos a la palabra movimientos, al dilucidar si los mismos corresponden a inclinaciones colectivas sui generis, o en cambio a organizaciones acordadas. A pesar de la existencia de agrupamientos políticos neoconservadores y neofascistas, al margen de sus nexos eventuales con formaciones históricas, amenazadoramente crecientes a escala internacional, más allá de su “efecto contagio”, no representan -de hecho- un movimiento político unificadamente orgánico.
Tales partidos o conglomerados de derecha, incluso en sus variantes extremistas, afloran y se extienden a partir de móviles principalmente racistas xenofóbicos, elementos convergentes, pero también fraccionadores de los mismos. El factor configurador del leit motiv del surgimiento y evolución del avance fascista en el decenio de los años treinta del siglo XX en el continente europeo, y además fuera de este espacio territorial, respondió a la causante de la presencia “temida”, en el mundo occidental, de un sistema político-ideológico poderoso, el soviético bolchevique. En la actualidad esa amenaza eventual al capitalismo liberal feneció, desde finales del milenio pasado, ni siquiera la constituye la intención de usar “el riesgo terrorista islámico”, evaluado por las potencias globales hegemónicas en cuanto “enemigo potencial acérrimo”, mientras que no afecta mayoritariamente el orden planetario.
Los factores determinantes de la incidencia de los movimientos filo fascistas aludidos, y que los sitúan en condiciones factibles de acceder a los gobiernos de algunos países, radican en la circunstancia real demostrada por la decadencia en la eficacia y legitimidad representativa, propia de los modelos demoliberales contemporáneos. Dichos regímenes político-institucionales experimentan una regresión en sus prácticas representacionales, debido a su “degeneración oligárquica”, junto a la ficcionalidad de la denominada gobernanza tecnocrática, instrumentada “profesionalmente” en los asuntos económico-sociales, castrenses, pertenecientes a los ámbitos de la demografía y la ecología, etcétera[7].
El declive consignado de la democracia formal-indirecta, vinculado a los caracteres del tardoliberalismo proconservador, iniciado en la última década de los años setentas, fue emparentado con la “victoria definitiva” del régimen capitalista de acumulación y distribución, globalizado en el ocaso del siglo XX. Esta supuesta, y engañosa, inevitabilidad del “pensamiento único” indujo a la justificación pretextual del rechazo a cualquier ideología histórica, lo cual ahuecaba el sentido “pragmático” de la actividad política, y en consecuencia, de la esencia democrática sustancial.
Obviamente, es preciso contextualizar históricamente los procesos descriptos, dentro de la trayectoria remota -y sinuosa- de las conexiones recíprocas entabladas por el capitalismo con el sistema democrático, referido éste -específicamente- a la oscilación cíclica, y recurrente, entre progresos prodemocratizadores e instancias numerosas caracterizadas por la “desdemocratización de lo político, en el sentido amplio del término (el Estado, la sociedad civil)”[8].
Existieron causales potencialmente propicias al desarrollo estatal democratizador, e inclusive del “acompañamiento” relativo de la economía capitalista, durante la coyuntura -simultánea- de las revoluciones “cívico-burguesas” y la Revolución Industrial, en el transcurrir de la segunda mitad de la centuria dieciochesca. También se analizó la correlatividad de los mecanismos de la “circulación mercantil” con respecto a las configuraciones jurídico-legales de los comportamientos individualistas (Marx).
Evaluando el “capitalismo histórico”, en la acepción aportada por Wallerstein y en el lapso comprendido por los siglos XVII y XX, habría habido una correlación de fuerzas a favor de la extensión de los procesos democráticos electorales, acompañada de la incorporación de derechos sociales, aunque únicamente en las naciones centrales, y en etapas cronológicas discontinuadas; ello respondería a la expansión del sindicalismo, junto a la emergencia de movimientos sociales tales como el feminismo. Más allá de ese espectro geopolítico, primó en el resto del orbe el dominio “aplastante” de ricos, conquistadores y notables; las rebeliones revolucionarias, de signos comunistas y anticolonialistas, quizás pudieron transformar dichas estructuras socioeconómicas y político-institucionales, de no haber sido neutralizadas por su propio devenir contradictorio, al tiempo que las organizaciones gremiales se fueron burocratizando gradualmente.
Teniendo en cuenta esta cosmovisión retrospectiva de largo alcance, la hegemonía de las corrientes neoliberales surgió en tanto manifestación de las formaciones económico-sociales nacientes, durante las décadas de los sesentas y setentas de la centuria pasada. Aquéllas alimentaron progresivamente el apogeo de la financierización, la globalización, la mercantilización de la vida cotidiana e incluso de la intimidad, al interior de un pretendido, y supuesto, contexto “postsocialista y postcolonial”. Correspondería plantear si los rasgos adjudicados al tardoliberalismo neoconservador, verbigracia la proliferación del endeudamiento (privado y público), y por otra parte la promoción sistemática de la flexibilidad laboral, representan -eventualmente- factores ineludibles, en aras de la preservación, y reproducción, del modelo de acumulación capitalista.
El resguardo de los elementos que sostienen la “gobernanza neoliberal” contemporánea se encuentra conectado, de manera inherente, a los requerimientos demandados por las nuevas condiciones de rentabilidad de los capitales como para depender simplemente de decisiones coyunturales arbitrarias. Asimismo, este régimen sociopolítico y económico erosiona permanentemente sus fundamentos básicos de legitimación representacional, remitiendo a los efectos colectivamente nocivos de la primacía del “individualismo negativo”, fase sucesora de la vigencia de las sociedades salarizadas (Polanyi, Castel), así tipificadas en referencia al “contractualismo” propio del pasado Welfare State, en el transcurso del auge del keynesianismo, complementado con el de las inserciones ocupacionales de índole fordista.
El statu-quo predominante del presente histórico ostenta una gran fragilidad de las instituciones políticas, adicionada la existencia amenazante de rasgos potenciales de conflictividad social violenta, factores condicionantes de que el sistema democrático involucione, simultáneamente, en tanto “blanco de la ofensiva y como capacidad de resistencia”[9].
[1] Balibar, Étienne (2017): “La igualibertad”; Barcelona, Editorial Herder / [2] Verzeroli, Marc - de France, Olivier (2017): entrevista a Étienne Balibar del 13-02-17, la Revue Internationale et Stratégique Nº 106, dossier Contestations démocratiques, désordre international?, titulada De la victoire du capitalisme à la défaite de la démocratie?, www.iris-france.org/publications/ris-106-ete-2017 / [3] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit. / [4] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit./ [5] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit. / [6] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit. / [1] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit. / [8] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit. [9] Verzeroli, M., y de France, O., ob.cit..
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