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2 Mayo 2018
En la economía “mundializada” la ausencia de normativas reglamentarias globales consensuadas, con respecto al contralor de los mercados “sin fronteras”, potencia fácticamente el accionar de los actores transnacionales, quienes procuran eludir los procedimientos reguladores en cada país. Las corporaciones usufructúan de esa liberalización extendida de las transacciones económicas y/o financieras, en cuanto promotoras del crecimiento y de la prosperidad en un nuevo orden mundial que, por supuesto, no se somete a ningún control democrático y cuya legitimidad política deriva exclusivamente del “éxito del mercado”[1].
En el sentido indicado, “la extraordinaria dinámica del proceso de transnacionalización, como base de la globalización económica, puede verse en la concentración del poder no estatal. Una multitud de empresas transnacionales no solo cuentan con recursos financieros mayores que los de un gran número de gobiernos nacionales, sino que también tienen un peso político enorme debido al impacto de sus decisiones de inversión y a la localización de esas inversiones. En la mayoría de los países latinoamericanos, el impacto de las empresas transnacionales en las decisiones de política económica ha sido probablemente subestimado”[2].
Deben considerarse los nexos históricos de los poderes fácticos de nuestra región con relación a los intereses de grandes firmas cuyas casas matrices se encuentran en los EE.UU. o Europa; aquellos grupos -de hecho- dominantes en América Latina promueven, debido a sus conveniencias propias, la intromisión política-económica de aquellas megaempresas “globales”, la cual favorece sus negocios a escala local. Por otro lado, tal comportamiento obedecería, más allá de los réditos que les brinda la mencionada intervención, en democracias formales o dictaduras militares, a la colonización cultural de esas elites latinoamericanas, que conciben a las “aportaciones” realizadas por naciones primermundistas en tanto “contribución modernizadora”.
Dentro de un marco contextual, discursivo y exegético, acerca de las bondades supremas de los principios de “emprendedurismo y meritocracia”, característico de los sectores económicamente dominantes de los países periféricos o “emergentes”, ellos recitan los “fundamentos del progreso occidental capitalista”. Tales piedras angulares remiten a las siguientes bases nodales: capacidad de asimilación de las transformaciones sociopolíticas y económico-productivas; predisposición incondicional a la auto-asunción del protagonismo de aquéllas, al margen de las conveniencias nacionales; aceptación acérrima de la implementación de “innovaciones tecnológicas” de avanzada; fomento a la adopción de jerarquizaciones internas flexibilizadas y a la incorporación de laboratorios de ideas extranjeros, los cuales propagan el “eficientismo instrumental” en tanto fuente excluyente de legitimación de los procedimientos gestionarios; omnipresencia en el conjunto de las escalas en términos de la toma de decisiones ejecutivas “estratégicas”; idoneidad para el manejo de grupos lobistas de presión, negociaciones retribuidas de influencias variadas, tanto legales como ilícitas; eficacia organizacional aplicada al escenario geográfico “global”[3].
Las precitadas cualidades, supuestamente “vitales” en la economía-mundo del presente histórico, responden a los intereses y necesidades de las megacorporaciones multinacionales, aunque asimismo resultarían funcionales al management local, asociado directa o derivativamente al capital “sin fronteras”. El accionar de las empresas y entidades globalizadas presenta aristas de notable complejidad; más allá de su extra-estatalidad, junto a sus perspectivas planetarias, sus rasgos generales pueden equipararse a los perfiles detallados en el párrafo precedente. No obstante ello, existe una divergencia de consideración de los entes concentrados solamente en fines de lucro económico-financiero, en contraste con otros “que incorporan principalmente una cosmovisión, o sus creencias y, de esta manera, se conciben a sí mismos como salvadores[4].
La punta de lanza de la globalización fue, ciertamente, el fungir de las firmas y corporaciones transnacionalizadas que, a partir de sus dimensiones enormes y poderío económico-productivo y financiero, junto a su gran incidencia político-institucional, constituyen los actores clave a escala planetaria. Las mismas operan, de manera primordial, en los mercados globalizados, mientras que solo funcionan, incluso en aquellos países donde ejercen la localía, mediante algún tipo de asociación exterior -o connivencia- clientes, inversionistas o aportes tecnológicos.
La génesis de este “orden mundial” contemporáneo aggiornado remite al trípode EE.UU.-U.E.-Japón, aunque durante los decenios recientes China, Corea del Sur, y hasta América Latina, a través de la expansión de ciertas empresas “multilatinas”, se incrementó en forma considerable. Dentro de dichas firmas, las correspondientes a los rubros financiero y energético resultan de gran relevancia, en términos de la “economía global”, y también con respecto al acotamiento gradual de los poderes estatales. No obstante, debe estimarse además que, en ambas ramas citadas de conglomerados corporativos de magnitud transnacional, existen asimismo firmas pertenecientes al Estado, o semipúblicas. Ellas actúan bajo el rol híbrido de operadores, superando las fronteras de los países, ubicadas en un espacio ambiguo entre las pertinencias estatal y mercantiles, por ejemplo Petrobras.
La fase crítica experimentada por la estructura básica del mercado de las “finanzas globales”, acaecida en torno del año 2008, cuyos coletazos persisten acentuadamente en nuestros días, puso al desnudo la inhabilidad manifiesta del conjunto de los países de “occidente”, en aras de la regulación del accionar arbitrario, abusivo, discrecional, y esencialmente especulador, de las corporaciones financieras, a lo largo y anche del orbe. La estadística fáctica, que evalúa el manejo cuadruplicado de capitales, con relación al producto social planetario bruto, expresa nítidamente la vulnerabilidad integral lacerante que padecen los Estados “nacionales”, potenciada en el caso de los países con economías subdesarrolladas, periféricas, o emergentes.
Dentro de los sectores que comprenden a los entes corporativos industriales y terciarios (servicios), de alcance internacional, la dinámica económico-productiva extendidamente “deslocalizadora”, fijando como punto de arranque su marco -en principio- nacional, impide u obstaculiza la mayoría de las medidas sobre políticas socioeconómicas, ecológicas, etcétera, tomadas por Estados supuestamente soberanos. Al margen del corrimiento de inserciones ocupacionales dirigidas hacia naciones con remuneraciones laborales reducidas, acompañado del déficit creciente de la recaudación fiscal-tributaria, determinó que los gobiernos de los países más “avanzados”, económicamente exitosos desde lo convencional, mutasen sus estrategias anteriores.
De acuerdo a la apreciación precedente, el “primer mundo” se encuentra asumiendo políticas económicas antagónicas respecto de aquellas adoptadas durante décadas, cuando promovía fervientemente medidas de progresiva liberalización de los mercados, verbigracia de los intercambios comerciales y de los giros financieros, mutación cuyo emblema es representado por la presidencia estadounidense de Trump. Además, continúa la competencia interlatinoamericana, centrada en la recepción de inversiones extranjeras y en cesión de gran parte de las medidas soberanas estatales, bajo la prevalencia de corporaciones transnacionalizadas, a través de normativas plasmadas a partir de acuerdos de libre comercio y/o bilaterales de inversión[5].
Por otro lado, el desarrollo de las cadenas productivas continuadas, en el espacio planetario, derivó en condensaciones de las transacciones comerciales “intraempresariales”, proceso que torna fácticamente imposible la identificación de la procedencia auténtica de las mercancías, a fin de gravarlos en forma apropiada. Es preciso adicionar a este escenario la existencia de una elusión impositiva, sistemáticamente recurrente, por vía de importes subfacturados, sobrefacturación de importaciones/exportaciones, o por medio de la remisión de ganancias a guaridas fiscales, ubicadas en distintos lugares del mundo. La maniobra consistente en legalizar grupos variados de presión, representados a escala internacional, y con grados elevados de especialización técnica, financiados por “presupuestos comparables a los de pequeños países, es quizás el signo más claro de la simbiosis ya alcanzada entre las tareas estatales y los intereses empresariales transnacionales”[6].
Las funciones desempeñadas por las arcas del crimen organizado sin fronteras no deben menospreciarse en el tratamiento de la problemática sobre el “peso específico” que detentan -en rubros diversos- dichos poderosos agentes internacionalizados. En cuanto a la región latinoamericana, en la cual no existen actualmente conflictos bélicos declarados entre países, salvo contados esporádicos violentos en ciertas zonas fronterizas, y tampoco una armamentística de destrucción masiva, no obstante ello registra “el récord mundial de asesinatos no relacionados con guerras”. Así, contando con menos del diez por ciento de la población del planeta, en América Latina se comete la tercera parte de homicidios consumados a escala mundial[7].
El fenómeno precitado obedece a las actuaciones del crimen organizado global, dedicadas al tráfico de estupefacientes y armamentos, trata laboral o sexual de seres humanos, lavado de capitales “irregulares”, clandestino o procedente de la evasión fraudulenta de divisas, etcétera. Asimismo, esas verdaderas mafias -a menudo- alcanzan a entablar conexiones, cuasi-explícitas o derivadas indirectamente, con algunos organismos de los Estados en diferentes países, por vía del financiamiento a determinadas agrupaciones político-partidarias, además de contribuciones económicas en la esfera difusa de la “seguridad nacional”[8].
La interferencia de dichos grupos corporativos criminales, globalizados, difiere notablemente dentro de América Latina de acuerdo a las especificidades de cada nación: Brasil, Colombia y México, y también los países septentrionales de Centroamérica, por ejemplo El Salvador, Guatemala y Honduras[9], revisten la categoría de mayor vulnerabilidad, en el contexto de una presencia estatal limitada[10]. Existe una notoria incapacidad público-administrativa, policíaca, en alguna medida militar, y del sistema judicial, a los efectos de asegurar -en el conjunto del espacio geográfico gobernado- la vigencia de un Estado de Derecho auténticamente republicano. Los recursos de estos conglomerados delictuales transnacionales, que en ocasiones fueron integrados asimismo por organizaciones guerrilleras, a fin de incidir decididamente en control político de los espacios dominados, evidencia de manera flagrante un rotundo fracaso de los gobiernos (en sus distintos estratos), deslegitimador de las dirigencias partidarias, y erosionador de la credibilidad de la democracia.
El contexto descripto previamente favorece los negocios y maniobras de esos sectores criminales sin fronteras, que inducen un fungir estatal restringido, y el incremento de los actos corruptos, mientras que -al mismo tiempo- esos manejos turbios y/o delictuales requieren que tal marco refleje una prescindencia continua y creciente del rol que debieran ejercer los respectivos Estados “nacionales”, con el propósito de preservar -y en lo posible expandir- el margen de sus ganancias ilícitas o ilegales. Se ha mensurado que la totalidad del costo financiero debido a las acciones criminales violentas en el espacio latinoamericano alcanza un 3,5% del Producto Interno Bruto de la región[11].
[1] Grabendorff, Wolf (2017): “Los dueños de la globalización. Cómo los actores transnacionales desmantelan el Estado (latinoamericano)”; Nueva Sociedad N° 271, septiembre/octubre [traducción de Carlos Díaz Rocca] / [2] Grabendorff, Wolf, ídem. [3] Grabendorff, Wolf, ídem. [4] Grabendorff, Wolf, ídem. [5] Ghiotto, Luciana (2016): “América Latina y el poder corporativo. Una crítica a los compromisos asumidos en materia de inversiones extranjeras” en Nueva Sociedad, edición digital, 8/2016. / [6] Grabendorff, Wolf, ídem. [7] Cué, Carlos (2016): “América Latina sufre 135.000 asesinatos al año”; Madrid, diario El País. [8] Grasa, Rafael Grasa (2016): “Nuevas miradas sobre la seguridad y la delincuencia transnacional”; Nueva Sociedad Nº 263, http://www.nuso.org. / [9] Rabasa, Ángel (2017): Central América: The Retreat of the State and the Expansion of Illicit Power Centers; Santa Mónica -California, EEUU-, Counternetwork: Countering the Expansion of Transnational Criminal Networks. / [10] Maihold, Günther (2015): “Crimen y violencia en América Latina: Retos de gobernanza de seguridad en áreas de presencia limitada de Estado”; El Salvador, Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Documento de Trabajo Nº 2015-1 / [11] Jaitman, Kaura -ed.- (2017): “Los costos del crimen y de la violencia”; Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo. Phillips, Ann (2017): A Terminal Threat to State Monopoly on the Use of Force? The Internacional Search for Answers to Combating Terrorism and Violent Extremism; Berlín, Think Piece Nº 15
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