LOS ESTADOS DEL "MALESTAR SOCIAL" - Juan Labiaguerre

Dentro de ciertos colectivos privados de medios suficientes de vida, existe un creciente número de parados con reducido, o cuasi nulo, poder de capitalización para invertir en un emprendimiento o “negocio”. Este condicionamiento les lleva a concretar actividades autónomas menores, mediante la vinculación con determinados nichos del mercado, a fin de realizar tareas remuneradas sobre la base de alguna idoneidad específica, que compense la escasez de capital.

La diversidad de modalidades ocupacionales, desconectadas de la demanda de trabajo ligada a la transnacionalización de grandes capitales, condujo al estudio de la marginalidad, dando cabida a la noción de “excedente laboral no recuperable”. Ello conduce a la cuestión del surgimiento, o aumento, del peso relativo de aquellos segmentos de la población activa ajenos al circuito de  las relaciones asalariadas convencionales y que, a su vez, tampoco presentan inserciones laborales de carácter tradicional. La articulación compleja de actividades “atípicas” propulsó la estimación de formas sucedáneas, que permiten acceder a distintos niveles de consumo, en un marco periférico con relación al eje del sistema económico-productivo “moderno”, expresando situaciones informales. 

El Estado Benefactor fue gradualmente desmantelado y el desempleo pasó a constituir una cuestión de progresiva relevancia. A partir de entonces “la informalidad”, entendida parcialmente en cuanto reducto de producción de bienes de uso, fue asimilada a las consecuencias de la evolución contradictoria del capitalismo maduro. Esta dinámica provocó entonces la extensión de ámbitos marginados del funcionamiento “oficial” de la economía, aún en las mismas entrañas del primer mundo.

Por otra parte, “la economía criminal se vincula con la formal a través de complejos planes y redes comerciales internacionales, penetrando así profundamente en los mercados financieros y constituyendo un elemento crítico y volátil en una frágil economía global [...] En las fuentes del crimen global se encuentran organizaciones con arraigo nacional, regional y étnico, la mayoría con una larga historia, enlazadas con la cultura de [territorios] específicos, su ideología, sus códigos de honor y sus mecanismos de vinculación”.   

De acuerdo a los indicadores expuestos, se verifica la caída ininterrumpida del porcentual de las ocupaciones en los sectores agropecuario y minero, entre los años 1950 y 1994, del 55,9% al 21,9%  del total, en el conjunto del subcontinente. Tal devenir respondió, en gran medida, al éxodo masivo de población a las grandes ciudades de la región, debido al sobrante de mano de obra en las localizaciones de origen y al proceso de industrialización. El déficit de 34 puntos se repartió en cerca del 65% hacia el sector formal de la economía, mientras que alrededor del 35% pasó a engrosar el espectro de la informalidad urbana.

Debemos destacar que sobresalen los guarismos al respecto en el caso argentino, donde la merma del 28% al 13% (15 puntos) en el empleo agrícola y correspondiente a la minería se trasladó, prácticamente en su totalidad, al sector informal urbano, que durante el periodo citado de 45 años casi se duplicó (del 15,2% al 29,9%), al tiempo que resultó insignificante el incremento en la economía convencionalmente “oficial”.

La informalización ocupacional en el contexto de las naciones periféricas del sistema capitalista mundial, al no haberse logrado una industrialización equilibrada, genera una modalidad específica de urbanización, consecuente con los desajustes profundos de sus estructuras económicas y productivas. El punto de arranque de dicha situación radica en la presencia de un océano de economía tradicional salpicado por algunos islotes de economía moderna, los cuales pueden agruparse en dos grandes sectores: el nacional y el controlado por el capital extranjero, generalmente empresas multinacionales.

La reducción proporcional del mercado formal de trabajo repercute negativamente sobre el estado socioeconómico de un creciente número de hogares pobres, a través de variadas manifestaciones, restringiendo severamente la probabilidad de conseguir empleos, estables y protegidos por el sistema de seguridad social, en relación de dependencia. A ello se añade, en muchos casos, la imposibilidad de desempeñarse autónomamente -de manera regular- en algún rubro comercial o de servicios, lo cual obliga a realizar actividades independientes esporádicas y en condiciones precarias, en algunos casos llevando a cabo meras chapuzas. No debe perderse de vista, en cuanto elemento constitutivo básico del deterioro de la situación ocupacional, la caída real de las retribuciones laborales, contrastante, por ejemplo en la Argentina, con un marco de incremento sostenido del producto bruto interno, más allá de altibajos coyunturales, que superó el cincuenta por ciento en el periodo 1991-1997. No obstante dicho crecimiento económico a nivel nacional, los ingresos percibidos por los trabajadores se degradaron notablemente en numerosos fragmentos, medios e inferiores, de la pirámide social. Por otra parte, en un contexto generalizado de privaciones de índole económico-social, experimentadas por amplios sectores populares, el proceso de precarización de las inserciones laborales determina el decaimiento del eventual apoyo familiar, barrial o comunitario hacia unidades domésticas con miembros desocupados.

Con relación a las experiencias de paro permanente o crónico, los colectivos privados de trabajo durante periodos prolongados dejan de conformar una población a atender en referencia a la “acción social” propiamente dicha, interpretada en su sentido clásico. De allí que la noción de estrategia de supervivencia aluda a la teoría de los juegos, reflejando el concepto opuesto al de adaptación de cantidades, por lo que el despliegue estratégico -de acuerdo a ese significado especial- resulta incompatible con una competencia plena. Ésta refiere a un accionar que apunta a intervenir sobre el ambiente, orientando la acción con la mira puesta en el logro de algún éxito económico, y en cuyo procedimiento de cálculo son incorporadas las expectativas en torno a la conducta de otros, y al comportamiento de factores determinados, retrotrayendo a una visión de cuño weberiano.

Partiendo del escenario ocupacional expuesto, y en cuanto reflejo de la demanda laboral del medio urbano en sociedades periféricas, cabe analizar los atributos peculiares del lado de la oferta de mano de obra, que determinan variadas formas de generación de ingresos, salariales o no. Conviene señalar, al respecto, que los fenómenos concurrentes de diversificación del aparato productivo y segmentación del mercado delinean un contorno característico de informalidad urbana, en vista de que “cuando la economía tradicional establece contacto con el sector moderno comienza a experimentar un proceso de rápida regresión. La introducción de tecnologías no arcaicas en la agricultura genera automáticamente paro tecnológico y además hace emerger el paro encubierto”.

De acuerdo a lo expuesto, deben considerarse modos alternativos de estratificación social, a fin de evaluar los diversos regímenes de Estado del Bienestar, que promueven otras tantas formas de diferenciación-jerarquización, por ejemplo atendiendo a grupos específicos de la sociedad, tales como las mujeres o “la familia”. Las poblaciones-objeto señalan a los actores de los procesos sociopolíticos, constituyendo las políticas sociales un reflejo de los mismos, al expresar prácticas destinadas a sujetos colectivos.

Bajo las circunstancias sociolaborales actuales, condicionadas en muchos países por ajustes estructurales del aparato estatal, y la reformulación de las políticas sociales, las necesidades a cubrir de la población destinataria son percibidas recién durante las fases de puesta en marcha y gestión de aquéllas. Esta operatoria obedece a cierto principio ético que apunta a la “inclusión social”, lo cual prefigura el contorno de las medidas correspondientes. En otras palabras, las instancias burocráticas de poder devienen prioritarias a la hora de tomar de decisiones ejecutivas, que en definitiva atañen a la esfera sociopolítica.

Debe señalarse que cuando se generan institucionalmente “cuerpos extraños” a la estructura ocupacional típicamente capitalista, mediados por la administración público-estatal, los valores -incluyendo los monetarios- pierden eficacia en cuanto a su función reguladora, debido al debilitamiento de las orientaciones hacia los bienes de cambio.

La noción de marginalidad sociolaboral puede comprender varios tipos de actividades ocupaciones autocreadas, tales como por ejemplo las de vendedor ambulante, artesano o pequeño productor agrícola, así como también el trabajo doméstico, prestaciones independientes de servicios en el ámbito privado, junto a empleos asalariados esporádicos e intermitentes. Este conjunto de inserciones ocupacionales se distingue sustancialmente de la condición salarial convencional, aunque ambos no resultan excluyentes, es decir que se presentan con frecuencia de manera combinada -simultánea o sucesivamente- durante la trayectoria laboral de una persona determinada. La población activa “supernumeraria”, en las regiones más estancadas de los países subdesarrollados, tiende a emigrar hacia las grandes urbes, dado el efecto de “imán” que ejerce el anhelo de superar sus condiciones socioeconómicas en la localización de procedencia. Las ciudades, receptoras de tal éxodo rural, albergan al sector moderno de las economías nacionales, aunque el mismo es incapaz de absorber todo el excedente de fuerza de trabajo, e incluso ni siquiera una parte significativa del mismo, que tiene que buscarse la vida en el sector urbano no formal.

Respecto a los individuos y grupos considerados “excluidos del sistema”, ellos se identifican de acuerdo a la degradación pronunciada de su estado ocupacional, resultante de su desconexión con las esferas productivas centrales y dinámicas. Dicho colectivo no refleja la situación de los trabajadores -en tanto entidad social propiamente dicha- dado que, en el contexto de una sociedad marcada por el desempleo masivo, dejan de representar una comunidad de intereses compartidos. De modo que no configuran objetivamente una “clase” en sentido estricto, de acuerdo a los significados marxista o weberiano del término, es decir definida según la ubicación de las personas que conforman ese agregado dentro del mercado. Esencialmente constituirían una no-clase, al proyectar  el reflejo de las disfuncionalidades actuantes en el seno de la sociedad, efecto de un mecanismo de descomposición y desocialización, pues “mientras lo social se constituye positivamente por la agregación de la actividad de los individuos, por la fusión de sus rasgos individuales en unas características promedio, la exclusión resulta de un proceso de desagregación”. Es decir que la existencia de excluidos presupone, en primera instancia, una carencia consistente en el desgarramiento del entramado societal, y de ningún modo conlleva una constelación grupal de cualquier índole.   

Una manifestación significativa de la polarización entre ocupaciones formales e informales se refleja en el campo de las prestaciones sociales, debido a la descobertura asistencial y previsional de los trabajadores no registrados, o contratados bajo algunas modalidades flexibles, lo cual cuestiona los principios “universales” de libertad y equidad, proclamados como premisas del intercambio mercantil. La atención otorgada por el Estado a grupos sociales marginados laboralmente, en ausencia de intermediación de lógicas abstractas ciudadanas, se efectiviza fuera del mercado de trabajo. Ello provoca un desplazamiento de las instancias generadoras de ingresos a la esfera de la reproducción social, donde predominan estrategias concretas, tales como las de corte meramente “asistencialista-clientelar”, ligadas con frecuencia a procedimientos surgidos de necesidades políticas.

Asimismo, es necesario agregar que el proceso de desmercantilización es incentivado por la presencia creciente de ciertos estadios sociolaborales, en los cuales la actuación bajo un régimen de competencia clásico, basado en la mera “adaptación de cantidades”, tal como se indicó previamente, puede verse neutralizado por la adopción de conductas de índole exclusivamente pragmática, divergentes con relación a ese modelo.

En dicho contexto, y a partir del concepto de calidad de la participación, las políticas sociales pueden modificar, o llegado el caso cuestionar, el curso progresivo o regresivo de la denominada “redistribución secundaria”, lo cual determina tanto el diseño como el sentido de ella. Los sujetos a quienes se dirigen las medidas público-administrativas participan de algún modo en el proceso de su implementación, redefiniendo las condiciones pertinentes de legitimación, a través de una configuración “genuina y efectivamente participativa”, razón por la cual, en última instancia, la asignación de significado a las prestaciones estatales responde a decisiones políticas.       

La actitud predominante de las posturas liberales al respecto, desde sus formulaciones ortodoxas hasta sus representaciones contemporáneas parcialmente aggiornadas, aboga por la implementación de “medidas sociales” sustentadas en el plano de los principios éticos, y no determinados políticamente. Es decir que se apela a un conjunto de obligaciones morales etéreas, relacionadas con ciertas acciones de ayuda a los sectores más carecientes de la población, movilizadas por un sentimiento de deber protectivo hacia las clases inferiores y llevadas a cabo mediante la beneficencia, símbolo representativo de una “virtud moral de utilidad pública, que refleja un mecanismo tutelar”.

La estimación de la composición de la fuerza laboral de una sociedad determinada, y las respectivas estrategias de reproducción de sus diferentes grupos ocupacionales, conlleva el abordaje ampliado de la estructura social que incluye ambos factores. Ello remite a las condiciones socioeconómicas generales de la masa trabajadora, en la medida en que los elementos interactuantes que las conforman inciden, en última instancia, sobre las lógicas potenciales alternativas que aquella debe desarrollar para subsistir y reproducirse. En tal sentido, debe señalarse que “formas de “otra economía” encontramos por doquier, y no pueden ser analizadas sin tener en cuenta sus íntimas vinculaciones con la forma de economía convencional en que se insertan, [debido] a una gran cantidad de motivos [y] aquí cabe desde la sospecha de que determinada tasa de actividad no refleja con fidelidad los acontecimientos del mercado de trabajo hasta la intuición de que quizás todo esto no es sino la anticipación de nuevas formas de relaciones sociales”. 

Como si se tratase de una especie de bisagra, articuladora entre el radio de acción controlado por el sector moderno del aparato productivo y aquellas actividades donde predomina la esfera de la economía informal, se ubican los empleados asalariados en pequeños establecimientos empresariales y un fragmento de trabajadores autónomos con escaso o nulo capital. Ambas franjas ocupacionales, pese a estar teñidas de informalidad laboral, resultan insertables en el ciclo reproductivo correspondiente al proceso de acumulación privada. Además, dicha población activa independiente se encuentra asalariada en forma indirecta, coadyuvando en definitiva a la dinámica de valorización capitalista.

La conformación característica de la mayoría de las economías occidentales, subdesarrolladas y/o dependientes, sobre todo en sus márgenes periféricos, derivó en procesos de proletarización que no implicaron, necesariamente, una extensión generalizada -en términos proporcionales- del asalariamiento clásico, en muchos conglomerados urbanos. De esta forma, se fue configurando una fuerza de trabajo masiva, que opera en función del régimen de acumulación vigente, aunque a través de procedimientos alternativos a la relación salarial convencional. En el contexto descrito, el tipo de vinculación entre los factores productivos, propio de las sociedades industriales avanzadas, fue mellado por un mecanismo particular de proletarización sin salarización regular y protegida.

De acuerdo a los datos consignados en la tabla anterior, la tasa anual de incremento de la población conjunta de América Latina decreció en un 33% entre los periodos 1950-1980 y 1990-1995, mientras que la correspondiente a la Argentina, en particular, lo hizo sólo en un 20%. La década intermedia considerada, la de los ochenta, significó en todos los países contemplados una fase de transición descendente. Es decir que, si bien el índice demográfico siempre resultó positivo, el incremento poblacional presentó un ritmo gradualmente menor, aunque en nuestro país de manera menos notable que la media general. En lo que respecta a la evolución cuantitativa -y proporcional- de la población económicamente activa (PEA) total, excepto en el caso brasileño, la misma registró niveles superiores en la primera mitad de los noventa, comparados con el promedio del periodo 1950-1980.

En cuanto a los datos más significativos, en términos del interés focalizado de este estudio, destaca principalmente el comportamiento de dos indicadores. Por un lado, aquella población activa, circunscrita al ámbito urbano, mantuvo una línea constante, con una caída inferior al 10% durante el tramo 1990-1995. Sin embargo, dentro de este marco de naciones, sólo la Argentina y Chile fueron la excepción, al experimentar, frente a la corriente general, un incremento proporcional de la PEA urbana. No obstante ello, en el conjunto de América Latina, el sector formal de esa misma población decreció en forma abrupta, si se estima la primera mitad de los años noventa con relación a la década anterior. La situación emblemática remite al caso argentino que, habiendo tenido un crecimiento constante, aunque leve, de la población económicamente activa total, manifestó una caída estrepitosa del índice relativo de formalidad de ella, hasta llegar a registrar un guarismo ligeramente negativo en la última etapa evaluada. Tal fenómeno representa un proceso exacerbado, incluso entre las naciones latinoamericanas observadas y contribuye a explicar, en cierta medida, la degradación de las condiciones laborales en la Argentina, expresada en un avance incontenible de la informalidad urbana.   

El estudio de la segmentación ocupacional, desde el lado de la oferta de trabajo, requiere analizar de los modos diversos de inserción laboral, que condicionan el desarrollo de estrategias familiares adecuadas, en respuesta al deterioro de la situación socioeconómica de sus miembros. En este sentido, puede vincularse la extensión de las actividades llevadas a cabo “en negro” con un alto nivel de desempleo en el sector formal del aparato productivo, el desguace del Estado de Bienestar y el aumento de la siniestralidad de la mano de obra en algunas ramas industriales. Debido a ello, la interpretación acerca de la expansión de la esfera informal de la economía abarca desde los intentos de explicar las peculiaridades de determinados procesos de industrialización hasta los interrogantes que plantea la contracción del empleo en la industria e incluso en ciertas actividades terciarias en las sociedades más avanzadas... [Esta ambigüedad determina que] a nivel mundial, las fuerzas sindicales se hayan replegado desde actitudes iniciales de clara condena hacia posiciones mucho más cautas.

El excedente estructural de fuerza de trabajo, en determinadas sociedades periféricas, conforma rasgos urbanos específicos moldeados por experiencias paradójicamente modernizantes. Dentro de un marco potenciado de carencia de equipamientos colectivos básicos en ciertas concentraciones poblacionales, emergen expresiones diversas y atípicas de inserción ocupacional Allí se reproducen efectos segregadores y círculos viciosos de la pobreza, localizada territorialmente, consolidándose en un espacio geográfico determinado, resultando frecuentes las rupturas de trayectorias laborales asalariadas regulares, por lo que se genera un perfil heterogéneo de reinserciones en el mercado de trabajo. En tal contexto, el concepto de estrategias de supervivencia remite, tal como se ha señalado anteriormente, al conjunto articulado de mecanismos, relaciones y comportamientos, desarrollados a efectos de lograr la reproducción integral de las unidades domésticas, partiendo de la satisfacción de las necesidades vitales elementales de sus integrantes.

En consecuencia, la gestación y el crecimiento de una masa marginal en las sociedades latinoamericanas responden a un vínculo estructural, establecido entre los modos periféricos de acumulación capitalista y los procesos de pauperización y de creciente inequidad distributiva. Ambos factores son proclives a intensificar el carácter desigualitario de la estructura social, fenómeno paralelo a una heterogeneidad progresiva del aparato productivo y la segmentación consecuente del espectro ocupacional. En este sentido deben mencionarse los efectos de la neutralización del accionar de la población activa excedente, en términos del requerimiento e integración sistémica por parte de los sectores del capital, a fin de evitar que se torne “disfuncional” al régimen económico predominante. Dicha cuestión refiere a la emergencia de mecanismos de dualización y disgregación sociolaborales, que resultan exteriorizaciones propias del sistema capitalista contemporáneo, más que resabios de tradiciones pretéritas.  

Las diversas modalidades contemporáneas de marginalidad social de ciertos grupos e individuos pueden clasificarse a partir de la combinación de dos variables, expresadas en la situación laboral y en los tipos de “inscripción relacional”, junto al grado de ésta, respectivamente. La primera dimensión abarca condiciones alternativas tales como la estabilidad del trabajo, la precariedad laboral o el paro; la segunda, por otro lado, comprende niveles de inclusión comunitaria fuertes, débiles o ausentes. La actuación combinada de dichos factores permite identificar posiciones diferentes de “integración”, caracterizadas por instancias de ocupación estable y lazos comunitarios sólidos, vulnerabilidad del “empleo” y relaciones localizadas endebles, de “no-trabajo” y  aislamiento social, y sectores atendidos exclusivamente a través de un mero asistencialismo.

La situación de pobreza es interpretada en cuanto manifestación de un estado cuyas formas remiten a un inventario de privaciones, resultantes de la convergencia de varios ejes expresados en experiencias graduales de integración, vinculados en gran medida al tipo de inserción ocupacional. Esta variable condiciona el proceso de reproducción de la existencia relativa al radio de actuación económica, mientras que el modo primario de inclusión relacional alude a un continente de proximidades de índole cuasi afectiva. Por lo tanto, la combinación de las variables correspondientes a ambas dimensiones demarca los espacios de riesgo social latente, resultando entonces la desafiliación producto de la superposición de una falta de integración en el terreno laboral y de la ausencia de inscripción en una red de contención próxima y protectiva.

En la actualidad, la presencia de modalidades variadas y atípicas de proletarización, junto a las implicaciones de la vulnerabilidad creciente de las inserciones ocupacionales, conduce al despliegue de “lógicas de subsistencia” orientadas a la reproducción de la fuerza de trabajo. Ellas -como vimos- suponen el cuestionamiento del mecanismo proletarizador básico, el cual refiere a un universo atomizado de trabajadores, en orden a la emergencia del hogar o de la localización territorial, en términos de ámbitos concretos en los cuales obtener medios materiales de vida. Por otro lado, la percepción de ingresos de origen no laboral, aunque mantiene el proceso reproductivo dentro de la esfera correspondiente a lógicas de acumulación capitalista, conlleva cierta independencia del núcleo familiar o de la unidad doméstica con relación al funcionamiento meramente económico del mercado de trabajo.

Corresponde aclarar que el ingreso al circuito laboral en condición de actor autónomo es viable a través de medios alternativos, caracterizados por aportaciones de capital muy diferenciadas cuantitativamente, y hasta puede darse la posibilidad de que esa incorporación se produzca con inexistencia de inversión inicial en un emprendimiento “empresarial”. Tal dinámica obedece a los caracteres de un proceder típico al interior de muchos núcleos urbanos, en sociedades económicamente subdesarrolladas, donde la descapitalización -y en ocasiones la carencia misma de propiedad en términos jurídico-formales-, así como -por otro lado- la falta de un asalariamiento regular, no impiden la producción de mercancías simples por parte de numerosos grupos de la población.

Asimismo, a partir de la vigencia de conflictos sociales derivados de la disparidad de fuerzas entre capital y trabajo, el propio régimen de acumulación genera mediaciones institucionales, que apuntan a moderar aquella contradicción cristalizada en la esfera del mercado laboral. Debe hacerse notar, si comparamos dicho proceso con el accionar de otros mercados, que resulta aún más evidente el desequilibrio entre la demanda y la oferta ocupacionales.

Dentro del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, sobre todo urbana, tiende a ampliarse la ausencia del salario familiar, lo cual obliga a muchos segmentos de la población activa a optar por estrategias extramercantiles de supervivencia, en el marco de sus respectivas unidades domésticas. Esa circunstancia es proclive a diversificar, en su proyección hacia un campo extendido de análisis, los tipos de recursos dirigidos a la obtención de ingresos, vigentes en una  localización territorial específica. Teniendo en cuenta el marco indicado, el logro de recursos económicos de origen variado remite a distintos medios, a fin de satisfacer necesidades reproductivas básicas, dentro de un marco ampliado de situaciones de pobreza. No obstante ello, considerando la perspectiva de las ocupaciones de algún modo desmercantilizadas, las actividades laborales heterogéneas, coexistentes dentro de una esfera marginal al mercado “formal” propiamente dicho, resultan en cierta forma funcionales al sistema productivo en su conjunto, razón por la cual puede decirse que aún el empleo extramercantil coadyuva -aunque fuera indirectamente- al proceso global de valorización y acumulación capitalistas.

Por otro lado, “la clave del éxito y de la expansión del crimen global en los noventa [consistió en] la flexibilidad y versatilidad de su organización. La interconexión es su forma operativa, tanto interna en cada organización criminal, como [así también con] relación a otras organizaciones similares [...] La actividad criminal tiene un poderoso efecto directo sobre diversas economías nacionales. En algunos casos, el tamaño de su capital se adueña de la economía de países pequeños. En otros, representa una cantidad lo bastante considerable como para condicionar los procesos macroeconómicos, volviéndose decisivo en regiones o sectores específicos”. De manera que “el Estado no sólo es eludido desde fuera por el crimen organizado: se está desintegrando desde dentro. Además de la capacidad de los criminales para sobornar o intimidar a la policía, jueces y cargos gubernamentales, hay una penetración más insidiosa y devastadora: la corrupción de la política democrática”.