“INFRACIUDADANÍAS” Y SEGREGACIONES ÉTNICAS Y CLASISTAS - Juan Labiaguerre

La “mundialización” de las sociedades configura un hecho pasible de controversias teóricas acerca de sus interpretaciones y alcances, junto a las derivaciones multifacéticas de los desplazamientos poblacionales. Temáticas emergentes en un escenario mutante protagonizado por la economía y la cultura “globales”, como la dinámica de las integraciones regionales, la utilización de elementos tecnológicos e informáticos de última generación, y la ambigüedad asumida por la división del trabajo en el plano internacional, dan pie a grandes divergencias referidas a las migraciones.

Los procesos migratorios mundiales resultan esenciales dentro de la evolución antedicha, pues implican corrientes transfronterizas -en aumento- de valores monetarios, productos comerciales, culturas, etcétera. También destacan la multiplicación de redes entre naciones con “nodos” ubicados en numerosas localizaciones geográficas; los atributos centrales de las migraciones contemporáneas conciernen a su “globalidad”, la velocidad progresiva de su dinamismo, la distinción sustancial con relación a sus precedentes históricos, y la proporción creciente de mujeres que las integran (Castles y Miller, 2004).

El desplazamiento masivo de personas entre países conlleva sostener intercambios múltiples, fenómeno promotor de localidades “internacionalizadas” (Bach et al., 1992); ello significa que el involucramiento en instancias sociales, más allá de delimitaciones geográficas, culturales y políticas, vincula simultáneamente lugares de origen y de residencia actual. Tales circunstancias determinan que las vivencias personales y grupales propias de estos movimientos demográficos fusionan coyunturas específicas de países diferentes desde perspectivas compartidas (Velasco Ortiz, 2002).

Los emigrantes serían, en consecuencia, agentes sociales activos, dotados de la capacidad de influir sobre los caracteres de traslados poblacionales del porvenir; si se tiene en cuenta paralelamente la noción de “comunidades transnacionales”, puede asumirse la existencia de “espacios” en formación con lazos sólidos y fluidos que conectan a los migrantes transnacionales con sus sociedades originarias, en un contexto de movilidades expansivas circulatorias o reiterativas y del nacimiento de Estados-nación “desterritorializados” (Castles y Miller, 2004).

En lo que hace a la cualidad hipotética de cierta autonomía que adquirirían las migraciones, es probable su evolución con independencia de las políticas gubernamentales: los propios migrantes establecerían los rasgos cruciales, al margen de las actuaciones estatales, de esas traslaciones humanas; las tomas de decisiones particulares, comunitarias y de los grupos domésticos desempeñarían una función central en sus rasgos determinantes (Mezzadra, 2005). Es preciso añadir que, dada la composición sumamente compleja de la fuerza de trabajo “global”, el análisis de las relaciones socioproductivas capitalistas requiere la comprensión de las expresiones y alcances explotadores del sistema económico vigente.

Por otra parte, la ideología occidental hegemónica construyó, históricamente, un imaginario apologético de los parámetros vinculados al “desarrollo tecnológico-productivo”, emblema paradigmático de la racionalidad moderna. Esta concepción propiciaría una especie de categorización de grupos y personas portadores de aptitudes inherentes a las respectivas nacionalidades y/o razas. Las actitudes xenófobas, con distintas graduaciones, son proclives a su exacerbación acentuada en periodos económicos críticos, hecho evidenciado en épocas recientes, al expandirse la supuesta asociación de la presencia de inmigrantes de países económicamente subdesarrollados, con el riesgo hipotético prejuiciado de ocupación de puestos de trabajo por parte de ellos, junto a la amenaza a la seguridad y la salubridad públicas.

Ese axioma valorativo, divulgado incluso por algunos gobiernos, y numerosos medios de comunicación masiva, acendra los comportamientos discriminadores, que marginan o excluyen a colectivos integrados por “foráneos diferentes”, subestimados, aunque explotados laboralmente por muchos sectores locales (Benencia y Karasik, 1995). El componente racial adquiere, por sí mismo, un peso específico notable, dada la adopción de criterios segregatorios por parte de determinados colectivos ambiguos y amorfos, que se autoadjudican la portación -idealmente adscripta- de cualidades exclusivas y superiores respecto de otras comunidades.

 Dichos atributos distintivos, en teoría, los distinguiría de quienes presentan rasgos ajenos a esos grupos “selectos”, más o menos elitistas o masivos en su conformación; ello implica esgrimir una prenoción con frecuencia asociada, superficial y simbólicamente, al color de piel, nacionalidad, o pertenencia religiosa inherentes a una despreciada “alteridad”, pretexto que cual justificaría -de modo perverso- la legitimación de comportamientos opresivos frente a los “diferentes”.

Esas catalogaciones no adquiridas pueden asimilarse parcialmente a la idea weberiana de estamento, concepto que remite al significado de los vocablos estrato, o “status”, alusivos a valoraciones socioculturales pertinentes (deseadas y/o imaginadas) a ciertas ubicaciones fijas, que posicionan apriorísticamente a algunos grupos” de congéneres, estigmatizados desde su nacimiento, en un marco de relativa inmovilidad entre capas sociales dificultosamente “permeables”.

Entre los discursos discriminadores hacia la inmigración ocupacional se manifiesta una postura xenofóbica que hace hincapié en la “competencia” por los empleos disponibles, factor que determinaría un decrecimiento salarial generalizado en determinadas ramas de actividad. Por otro lado, es esgrimido un criterio de orden utilitario, el cual interpreta que los extranjeros realizan los trabajos rechazados por la mano de obra nativa, y en definitiva sus aportes previsionales sustentan los fondos jubilatorios “locales”.

Con frecuencia los inmigrantes laborales no calificados, carenciados materialmente, experimentan un desfavorecimiento dual, ya que además de integrar segmentos socioeconómicamente vulnerables en los países de destino, habitualmente son denostados erráticamente en tanto corresponsables del deterioro ocupacional. Tales asignaciones de “culpabilidad” obedecen meramente a la caracterización de aquellos grupos oriundos “de afuera”, catalogación acentuada -como se indicó previamente- en periodos críticos de las economías nacionales de radicación; este axioma multiplica las derivaciones de la marginalidad y/o exclusión laborales adscriptas a la dimensión de “foraneidad” (Rubio Arribas, 2010).

Evaluando la gran magnitud condensada de bienes y riqueza en una porción ínfima de las sociedades dentro del escenario orbital, en contraste con los segmentos sociales crecientes que padecen marginalidad y miseria, la cuestión acuciante consiste en la implementación fáctica de agudas estrategias redistributivas de ingresos. El logro de ese propósito, de índole macroeconómica, necesita indefectiblemente la decisión inexpugnable de los gobiernos, acompañada de un reemplazo drástico de los aquellos organismos y entidades mundiales, actuantes en amplias áreas del manejo político actual, que a mediados el año 2012 persisten en la defensa de las recetas neoliberales inductoras del deterioro gradual en todos los órdenes de la sociedad “global”, fundamentalmente desde hace unas cuatro décadas.

El término “ciudadanía plena” incorpora el cumplimiento real de derechos sociales, alusivo al ejercicio de hecho, y en su totalidad, de las atribuciones referidas ellos; en ese sentido, resultan evidentes las experiencias concretas de muchos inmigrantes marginados de aquella condición jurídico-legal. El reconocimiento de ella remite a variables gradualizadas, según determinadas pertenencias colectivas en torno a la portación efectiva de aquellos derechos; ciertas dimensiones identitarias constituyen obstáculos recurrentes al respecto, frente al propósito de segmentos socioeconómicamente vulnerables de la población, en aras de alcanzar dicha categoría (Barrancos et al., 2008)

La práctica del “ser ciudadanos en plenitud” alude al respeto de los derechos civiles, políticos y sociolaborales de particulares y/o grupos, siendo los organismos estatales los entes responsables, en última instancia, de la concreción de esos atributos constitucionales, asegurados -formalmente- al conjunto de habitantes de gran parte de las naciones del mundo actual.

Una instancia inflexiva respecto de esa noción ampliada, en el ámbito occidental del planeta, se manifestó durante la coyuntura económica crítica de la década de los treinta del siglo XX, en el periodo de entreguerras y, ulteriormente, a través del capitalismo regulado correspondiente al Estado “benefactor”. Un tratamiento teórico representativo en este sentido remite a la concepción predominante, alrededor de mediados de la centuria pasada, que interpretaba la esencia del atributo ciudadano en tanto evolución de derechos, a través de cuya extensión en primer lugar se obtuvieron los civiles, después los políticos y en la fase de posguerra, finalmente, los sociales. Según tal enfoque, aquella condición sociojurídica sería adjudicada a quienes integran, como integrantes “plenos”, una entidad comunitaria conformada por un colectivo de personas, en situación igualitaria, en cuanto a deberes y derechos en su totalidad (Marshall y Bottomore, 2005).

El precitado modelo de ciudadanía adquirió un peso específico, dentro de una serie de países -al menos nominalmente- , sobre todo en el transcurso de la segunda mitad de la centuria próxima pasada. Esa vigencia queda reflejada en la apreciación acerca de que -según las ideas prevalecientes entonces- ese estado equivale al funcionamiento combinado de una serie de elementos nodales: “status legal” asignado al cumplimiento de derechos y deberes; “identidad política”, en forma característica -aunque no necesariamente activa- incluyendo institucionalmente al total de habitantes de un Estado-nación; y “participación”, factor emblemático de la ciudadanía plena, que atañe a la implicación activa y al involucramiento directo en el devenir comunitario (Pedró, 2003).

La postura consignada sobre acerca de la esencia ciudadana, vigente “de jure” en un segmento importante de naciones durante varias décadas, decayó hacia fines del siglo pasado, colocándosela en tela de juicio a partir del surgimiento de paradigmas alternativos. El alcance cualitativo de la concreta del presente histórico, en el trasfondo de la hipotética equidad proclamada en las Constituciones políticas formales, radica en los comportamientos y adecuaciones cotidianos de personas y grupos de una nación determinada, indiferenciadamente, dentro de la realidad de la convivencia fáctica (Rawls, 1971 y 1993).

El régimen democrático sustantivo auténtico conllevaría una impronta solidaria, junto a la conciencia de los mecanismos neutralizadores de posibles conflictos, dadas las variadas pertenencias colectivas, en aras de coexistir, de modo relativamente armónico, con sujetos y comunidades heterogéneos, ello acompañado de la posibilidad extendida de, y predisposición a, participar de modo activo en la esfera político-institucional, a fin de procurar el bienestar generalizado, sustentando la gobernabilidad del sistema, etcétera (Kymlicka y Wayne, 2002). En este plano analítico, es evidente que los procederes de hecho de los ciudadanos demuestran una incidencia equiparable a la normatividad, explícita y taxativa, establecida formalmente en los principios constitucionales (Habermas, 1992).

Los ítems fundamentales en los cuales son negados los derechos de los inmigrantes impactan de diversas formas en el ámbito familiar; aunque los segmentos poblacionales que experimentan mayor vulnerabilidad suelen corresponder a la franja etaria de los menores, además perjudica a individuos en la “tercera edad”, con frecuencia asistidos económicamente por familiares más jóvenes. También influyen negativamente la dificultosa integración al mercado de trabajo, determinada por una serie de prejuicios discriminatorios xenófobos, la especulación financiera de diverso tipo a la que son sometidos los migrantes y sus familias para acceder a la migración, la circulación y paso en puntos fronterizos, sobre todo de niños y adolescentes, y la legalización de los migrantes en los lugares de destino (Hinojosa Gordonava, 2009).

Las mudanzas migratorias de carácter irregular, frecuentes y en incremento continuo, el accionar progresivo de organizaciones ilegales de variadas magnitudes, dedicadas a la trata de personas -con fines de reducción a la servidumbre laboral o sexual-, la proliferación de distintos enfrentamientos intergrupales más o menos agresivos, fogueados por actitudes racistas, y la integración endeble -o directamente inexistente- de un gran número de migrantes en las sociedades, hipotéticamente receptoras, denotan experiencias nefastas de esos traslados, descubriendo la ineficacia de las políticas inmigratorias de cara a afrontar la problemática.

Las migraciones laboralmente “obligadas”, por falta de oportunidades económicas en el medio originario, propician en consecuencia un círculo vicioso debido a la marginación de la condición de ciudadanos/as, con plenitud de derechos, entre ellos los sociales, de numerosos sectores de desplazados. Ciertos refugiados políticos, y algunas fracciones de emigrados ocupacionales, obtienen la legitimidad jurídica de su asentamiento habitacional, ejerciendo al menos atribuciones legales elementales. No obstante, una proporción notable de aquellas personas, excluida del ejercicio de derechos políticos o de la posibilidad de lograr condiciones dignas de vida en su nación de procedencia, viven en la sociedad de arribo de manera similar, y muchas veces agravada.

Tal despliegue orbital, en la actualidad, implica una combinación extendida de elementos polifacéticos, ambiguos y/o contradictorios, articulados al paradigma neoliberal dominante en el curso de las últimas décadas. Esta dinámica generó formas emergentes de exclusiones y consecuentes conflictos sociales, al subordinar el accionar político al desarrollo económico-productivo, por lo cual una amplia gama de derechos de grandes masas de seres humanos queda supeditada a las necesidades funcionales de los mercados, dependencia generadora de una degradación profunda del carácter intrínseco de los gobiernos “democráticos”.

En lo que refiere a la negación de derechos de algunos colectivos de extranjeros, el desarrollo migratorio adoptó un dinamismo inédito y connotaciones polifacéticas (CELADE, 2006), reflejando una bipolaridad de “riesgos y oportunidades”. En ocasiones, el mismo procura empleos dignos, abriendo oportunidades de movilidad económico-social ascendente; sin embargo, también implica con asiduidad pérdidas de capital humano y social para los países; igualmente, numerosos planes personales y familiares pueden concretarse mediante algunos progresos, aunque la degradación de los derechos en el curso de los periplos migratorios, en los nuevos asentamientos, o debido a repatriaciones, suele expresar ribetes infrahumanos. Estas vicisitudes son potenciadas en la medida que las personas involucradas son mujeres, niños, y/o individuos “sin papeles” que legalicen su radicación, muchas veces víctimas del tráfico de personas. Con habitualidad, como se asentó previamente, tales migrantes ya padecieron la vulneración de sus derechos en los lugares de proveniencia, motivo por el cual dichas extremas carencias representan justamente una gran causal de su recurrente movilidad geográfica internacional (Hinojosa Gordonava, 2009).

En los procesos migratorios converge una gran diversidad de elementos político-institucionales, económico-productivos, estrictamente laborales, y socioculturales, que dotan al fenómeno una notable complejidad, que requiriéndose por ende un abordaje teórico-empírico adecuado a ese rasgo inmanente. En el marco de las controversias ideológicas del asunto, el trasfondo de la cuestión responde a un magma de criterios diferentes o complementarios, las que ponen “sobre el tapete”, explicitándolas, visiones divergentes en torno al trato hacia los grupos y sujetos “foráneos”. Ese debate comprende desde posiciones consideradas progresistas, equiparadoras de los derechos de los habitantes extranjeros con aquellos que poseerían el privilegio de “localía”, hasta -en el extremo opuesto- propuestas de normativas jurídico-legales forjadoras de comportamientos reaccionarios, tendientes al vilipendio, la estigmatización y actitudes prejuiciosas discriminatorias respecto de los “otros”, segregados distintivamente en referencia a la estimación de los ciudadanos “nacionales”.

Muchos Estados y empresas, verbigracia, incumplen las reglamentaciones del empleo instituidas o sugeridas en el ámbito internacional, que estipulan las normativas en lo que hace al respeto al derecho del trabajo de la totalidad de los inmigrantes, asimilados al conjunto de la población, estipulando, la univocidad en el cumplimiento de aquel atributo ciudadano. Por ejemplo, pese a diferenciarse -eventualmente- los contingentes de extranjeros en condición de irregularidad con relación a los “ilegales” o no documentados, existe cierto consenso al reconocimiento para ambos colectivos de los derechos fundamentales, en las esferas civil, política, económica, social y cultural (Hinojosa Gordonava, 2009).

Las emigraciones internacionales masivas, comúnmente, responden a situaciones -en el país de egreso- marcadas por necesidades económicas insatisfechas, escasez y/o vulnerabilidad de puestos laborales disponibles, junto a distintos grados de deficiencias político-institucionales. Esas son proclives a forzar a grandes segmentos poblacionales a emigrar, con un horizonte idealizado consistente en el alcance de mejores condiciones ocupacionales, y de vida en general. Dichos traslados humanos obedecen a situaciones de derechos ciudadanos depreciados, hecho que conforma un germen de precarización e inestabilidad socioeconómicas en las naciones de origen como, así también, probablemente ocurrirá en aquellas hacia donde se dirigen (Largo -ed.-, 2010).

El fenómeno migratorio transnacional concierne a flujos poblacionales caracterizados por una heterogeneidad inédita con relación a sus diversas identidades de todo tipo; en ese escenario, aumentan de modo constante las mujeres involucradas en la movilidad espacial, y los grupos de personas que residen y trabajan irregularmente en el extranjero, mientras que las migraciones temporales y el tránsito “mundializado” de seres humanos en general, al margen de la pertenencia de género, mantiene niveles elevados en diferentes categorías sociales (OIM, 2010). Ello es constatado en el hecho de que la totalidad de emigrantes a otros países, a escala mundial, alcanzaba -en 2010- a 214 millones de individuos; durante el lapso 2005/2010 tal magnitud se mantuvo casi constante, en cuanto proporción de la población planetaria, al estimarse solamente un incremento porcentual del 3,0 al 3,1 a lo largo de dicho periodo (ONU, 2010).

La nueva fase recesiva de la economía mundial, a partir de 2008, redundó en una potenciación del deterioro socioeconómico de la población activa emigrante, junto al de sus respectivos familiares directos. Luego de un periodo prolongado de incremento permanente desde entonces operó, gradualmente, una restricción de los movimientos demográficos con fines laborales encaminados hacia varias naciones de la Unión Europea, debido a un decrecimiento relevante de la demanda ocupacional de extranjeros, dada la actual crisis económica que experimenta el “viejo continente”.

Teniendo en cuenta que esta coyuntura crítica impacta negativamente sobre la actividad de distintos sectores y ramas de las economías europeas, verbigracia la industria, la construcción y el comercio minorista, afecta en mayor medida a categorías específicas de la mano de obra, que comprenden a personas jóvenes y/o escasamente calificadas, sobre todo del género masculino (OIM, 2010).

Algunas perspectivas histórico-antropológicas y sociogeográficas estimaron que el accionar de las poblaciones emigradas resulta fuertemente incidido por las culturas de sus antepasados, el funcionamiento de las familias y el factor societal en los contextos originarios. Las esferas domésticas y comunitarias resultan cruciales en la redificación de las dinámicas migratorias, mientras que las vinculaciones parentales -con frecuencia- aportan capitales financiero y cultural, posibilitadores y facilitadores de esos traslados humanos. En este aspecto, puede acordarse que las migraciones, a partir de su propio desarrollo, devienen procesos socioeconómicos “autosostenidos” (Castles y Miller, 2004).

Los desplazamientos transfronterizos de personas o grupos, el desconocimiento en los lugares de asiento de una condición “ciudadana” real, los apartamientos étnico-raciales, dada la portación de determinadas nacionalidades menoscabadas o rechazadas, el incumplimiento de los derechos humanos y la inequidad de género habitualmente se entrecruzan. Esta conjunción de factores se manifiesta claramente en el tráfico y la trata de personas, observándose el incremento de entes y procedimientos dedicados a cometer tales delitos, gradualmente organizados, cuyo objetivo básico reside en multiplicar las ganancias de ese negocio ilegal, esparcido en la “aldea global”.

Aunque dichas movilidades demográficas en América Latina apuntan -sobre todo- a los EE. UU. y determinados países europeos, pueden también desarrollarse en forma intrarregional, por motivos ocupacionales, resultando los destinos más frecuentes, en lo sustancial, la Argentina, Brasil, Costa Rica y Venezuela, y muchas veces se trata de migraciones transfronterizas. Las previsiones estimadas por investigaciones acerca de la problemática consideran de elevada probabilidad la persistencia del aumento, en décadas próximas futuras, de los procesos migratorios entre naciones. Asimismo, los envíos de remesas financieras repercuten extendidamente, con variadas connotaciones y modalidades, sobre las bases sociales y comunitarias estructurales de los segmentos poblacionales migrantes, al afectar las situaciones familiares -tanto de quienes viajaron como de aquellas personas que permanecieron en el lugar nativo-, el acceso a la educación de los menores, etcétera.

Esos giros monetarios inciden, en algunos casos de modo crucial, en aspectos de la macroeconomía de las naciones de salida de la emigración. Este factor representa un elemento de relevancia creciente, dada la magnitud alcanzada por la transferencia de recursos financieros desde los países de acogida, hacia los expulsores de seres humanos. Las remesas conforman una contribución de envergadura destinada a los segundos, ya que aportan fondos frescos, los cuales son invertidos en distintos “nichos” de los mercados nacionales de las regiones de partida. Los mencionados flujos de capital superan, en diferentes países, los importes correspondientes a las aportaciones asistenciales oficiales, cuyo fin consistiría en promover el desarrollo económico-tecnológico local.

Dichas transferencias de los/as emigrantes hacia familiares, que continúan viviendo en la sociedad ancestral, impactan sobre el funcionamiento de los lazos parentales, al propiciar modificaciones “intrahogareñas”, ya que los distintos miembros del grupo doméstico tienden a realizar quehaceres emergentes coyunturales. Este accionar conlleva cambios en los significados y dimensiones de la identidad de género, promoviendo la asunción de tareas nuevas llevadas a cabo por mujeres y varones respectivamente, lo cual trastoca los compromisos en cada familia, junto a las responsabilidades sociales femeninas.

La potenciación del procedimiento precitado, el transporte de mercancías y la vehiculización de informaciones, sumados a la mudanza de sujetos y colectivos, respondería a la dinámica propia de la “globalización”, acelerada hacia fines del siglo pasado. En la actualidad, las derivaciones multifacéticas de los movimientos migratorios constituyen un problema candente, observado con detenimiento por parte de instituciones oficiales, organizaciones no gubernamentales y entidades académicas.

Desde aproximadamente la mitad del siglo XX los desplazamientos “en masa” habían sido multiplicados al interior de América Latina, sobre la base de motivaciones socioeconómicas o político-ideológicas, configurando un fenómeno que modifica el ámbito de las unidades domésticas emigrantes, cuando viaja todo el grupo familiar o solamente algún/os miembros/os. En ese sentido, mutaron la estructura y los roles dentro de esos “hogares”, incluso en el caso de los integrantes de las mismas que eventualmente permanecieron en sus localizaciones nativas; ello provocaría reconversiones -en situaciones extremas, la disolución de la familia nuclear-, que comprenden el intercambio de papeles convencionales de género, incluyendo la asunción de funciones protagónicas por parte de las mujeres (Landry, 2011).

Las continuas migraciones contemporáneas mutan pertenencias, solidaridades, recorridos redificados, y desenvolvimientos del empleo, en espacios transnacionalizados, diferenciados por región, internos en diversos países y provincias, o en localidades de estos. La heterogeneidad de las modalidades adoptadas por este fenómeno en los últimos tiempos es visibilizada mediante las estrategias de tránsito humano y conexiones entre distintos continentes y naciones. La dinámica migratoria expresa formas alternativas, y diversificadas, de articulación de lugares alejados, cual manifestación pluripolar a través de cuya evolución las transferencias monetarias, y las interacciones culturales, constituyen vínculos que contactan recíprocamente colectivos de emigrados con aquellos parientes o amistades que se quedaron en la comunidad originaria.

Esos intercambios, junto a sus marcos contextuales y configuraciones estructurales engendrados, coadyuvan a la conformación de instancias específicas en el campo de las migraciones entre distintos países; como consecuencia de dicho fenómeno, los “usos y costumbres” particulares resultan adicionados a los cambios sociales prexistentes, deviniendo factores reconversores de regiones y sociedades (Hinojosa Gordonava, 2009). Los lugares de destino tienden -en ocasiones- a obstaculizar, restringir, o anular los eventuales “progresos” de los inmigrantes, mientras que al mismo tiempo, de hecho, legitiman la situación irregular de quienes carecen de documentación legal de residencia: con un entorno de comportamientos discriminatorios, la mano de obra extranjera es proclive a utilizarse mediante la explotación laboral abusiva y discrecional por sus empleadores (Girón -coord.-, 2009).

La dimensión de contingentes y sujetos emigrados de sus propias naciones que se encuentran desocupados o subempleados es enormemente significativo en el terreno planetario; esos trabajadores potenciales reflejan proporciones mínimas dentro de las ramas económico-productivas con mejores condiciones relativas de trabajo, y/o ubicadas en la esfera formal del mercado laboral. Experimentan asiduamente vivencias de marginalidad prejuiciosa; muchos tienen una descendencia con educación institucional sumamente precaria, y están segregados de participaciones cívicas o políticas; tal desfavorecimiento imposibilita en general el logro de cualquier tipo de afiliación o inclusión, en gran parte de los casos, mientras que las coyunturas críticas persistentes, acaecidas en la “economía-mundo”- acentuaron esa involución (OIM, 2010).

Los efectos perniciosos del aislamiento de los “migrantes ocupacionales”, distanciados de su hábitat primigenio, redundan en el déficit del capital humano implicado, dada su marginación recurrente de los sectores formales de la actividad económico-productiva en los países de radicación (OIM, 2010). Numerosas indagaciones empíricas corroboran que esos grupos son especialmente propensos a la pauperización, debido -en lo esencial- a su vulnerabilidad laboral, lo cual conlleva una circularidad viciosa, pues la caída en la exclusión y en la pobreza, en gran medida indigente, conduce a una serie de impedimentos insalvables en aras de alcanzar un empleo, fundamentalmente en condiciones “decentes”.

Las trabas indicadas consisten en segregaciones múltiples, inaccesibilidad a las redes sociales, entre ellas la informática, y/o discapacidades de diversa índole, y carencia de antecedentes en los puestos de trabajo demandados, así como también de recomendaciones referenciales. Otros gravísimos inconvenientes obedecen a la falta de viviendas dignas, e improbabilidad de obtener, con costos acordes a sus ingresos, ayudas a efectos de poder compartir las responsabilidades de las unidades domésticas, y la dependencia cuasi-exclusiva del asistencialismo clientelar, anclado en una beneficencia manipuladora. Tal cúmulo de padeceres suele provocar adicciones variadas, ingreso en el mundo delictivo, y patologías diversas, estados que exponen a situaciones donde los inmigrantes -entre otras consecuencias- resultan víctimas de los prejuicios de la sociedad de destino, y puntualmente de sus eventuales empleadores (OIM, 2010).

El derecho humano a la reunificación de los miembros de las unidades domésticas constituye un elemento esencial de los procesos sociointegradores de los migrantes en el extranjero. Se ha bosquejado la siguiente tipología secuencial de tipos de desplazamientos de los núcleos familiares: reencuentro, “fundación” o migración por matrimonio, movilidad del grupo primario en su totalidad, o mediante el auspicio de un integrante del mismo (OIM, 2010).

Entre las décadas de los años sesenta y la subsiguiente, del siglo pasado, fueron revertidos los flujos poblacionales predominantes hasta entonces, esto es orientados desde países centrales hacia los periféricos, mientras que en esa instancia adoptaron la trayectoria inversa. Un factor decisivo de esa conversión consistió en la gran expansión del desempleo estructural en numerosas naciones económicamente subdesarrolladas; también surgió entonces una retracción creciente, a escala mundial y que alcanza al presente, de operarios industriales convencionales durante el auge del fordismo.

Tal proceso redundó en la ampliación e incremento de diferentes modalidades de “subproletarización”, caracterizadas por inserciones ocupacionales precarizadas de algún modo, mientras comenzó a progresar la demanda de empleo en los rubros correspondientes al sector terciario de las economías. Además, se integra fuerza de trabajo femenina en distintas ramas, en desmedro de segmentos etarios de ambos géneros, compuestos por franjas demográficas jóvenes y adultas. La yuxtaposición de esos elementos afecta a sociedades con diversos grados de evolución técnico-productiva, causando la heterogeneización, fragmentariedad y complejización de las poblaciones activas (Antunes, 1999).

Crisis financieras e institucionales, eventos bélicos y catástrofes naturales retroalimentan a los desplazamientos humanos internacionales y, correlativamente, corrientes migratorias incesantes se desarrollan dentro de sus propios países e internacionalmente. Esos contingentes equivaldrían en la actualidad a cerca del 3% de la población mundial, cuando hace alrededor de cuatro décadas representaban aproximadamente un punto porcentual menos, y esos colectivos -de manera figurativa- compondrían el “quinto Estado” del orbe en dimensión demográfica, al superar los 200 millones de personas (OIM, 2010).

En escenarios transnacionales e intercontinentales donde fluyen cada vez más capitales, productos comerciales y comunicaciones, dichos/as nómades contemporáneos/as devinieron gradualmente visibles, y provocan una preocupación esencial, sobre todo en las naciones más avanzadas desde el punto de vista económico, a partir de la “avalancha de inmigración ilegal” de trabajadores, muchas veces, junto a su grupo familiar, “sin papeles” en el país de destino, sumidos en la semiclandestinidad, y siendo objetos prioritarios de la sobreexplotación laboral.

Por otro lado, el orden representativo simbólico incide en el imaginario colectivo a través de diferenciados aspectos identitarios, respecto de variables socioculturales, asimismo, la redificación de las migraciones, y su planificación previa, delinean un “núcleo duro” de ellas, lo cual es preciso considerar a fin de comprender el fenómeno migratorio en su integridad. La emergencia de cuestiones novedosas en escenarios mutables, impactados por la mundialización económica y cultural, las tendencias progresivas hacia integraciones regionales, la aplicación de nuevas tecnologías, la diversificación progresiva de la división del trabajo, es decir el conjunto de instancias generadas a partir de la formación de “áreas globalizadas”, enmarcan problemáticas de candente actualidad y trascendencia (Hinojosa Gordonava, 2009).

Cuando se alejan madres y padres, o madrastras y padrastros, la función de los segundos en cuanto sostén del grupo doméstico experimenta un viraje notable, ya que si el varón es quien permanece en la nación nativa dependerá de la recepción de giros monetarios enviados por la mujer, de por sí con trabajos precarios mal remunerados; en caso de que aquél fuera el emigrante, su situación ocupacional resultaría probablemente también vulnerable en la sociedad de llegada. Además, opera una rotación en las responsabilidades del conjunto de la unidad familiar: a veces las hijas adoptan compromisos asignados comúnmente a las jefas de hogares; el lazo generalmente sólido entre hermanos/as en las migraciones internacionales es un rasgo destacable.

Si bien los prejuzgamientos anclados en la etnicidad existen en cualquier tipo de sociedad, las traslaciones poblacionales generan un caldo de cultivo proclive a la extensión de predisposiciones racistas pues, soslayando las causales bélicas o políticas, las migraciones masivas -internas o transnacionales- obedecen comúnmente a desequilibrios económicos interregionales. La animadversión frente a determinadas franjas de extranjeros, superpuesta a su situación corriente de residencia ilegal, refleja comúnmente opiniones internalizadas de la conciencia colectiva promedio en la sociedad de asentamiento, que promueven a una asignación de “otredad” basada en un nacionalismo espurio, plasmado en el estigma y el rechazo hacia algunos contingentes de inmigrantes, que suelen enancar en posicionamientos intolerantes (Girón -coord.-, 2009).

Los estereotipos señalados, en la Argentina, fueron sobredimensionados partiendo de una histórica visión estatal, de raigambre decimonónica, tendiente al menosprecio de “los otros”, que tiene en cuenta su particular origen étnico-nacional, contrastando con la sobrevaloración de flujos demográficos evaluados en términos de propulsores de desarrollo y progreso civilizados, desde el emblemático “apotegma” sarmientino al respecto.

Bajo ese prejuicio instalado culturalmente, la portación de identidades nacionales latinoamericanas, en la esfera local, conlleva imposiciones que trascienden la reconformación necesaria del campo doméstico de los inmigrantes, en el marco de una dinámica reproductivo-social adecuada: comprende además la pesada carga de la confrontación a una vituperación racial, concretada discrecionalmente en instancias múltiples y polifacéticas de la convivencia “comunitaria” (Ariza y Oliveira, 2000).

Actualmente, en el plano internacional y meramente según principios éticos humanitarios, debería constituir una prioridad estatal la norma legal sobre el aseguramiento a los seres humanos desplazados de sus países de sus derechos, equiparados a los del conjunto de la sociedad. Sin embargo, la realidad demuestra que gran parte de la población activa inmigrante, desfavorecida económicamente, es objeto de una explotación laboral abusiva por las “patronales”, porque esos trabajadores carecen de poder en la fijación de sus condiciones de empleo, entre ellas su remuneración.

Existe una inclinación a enfatizar la faz étnica en las cuestiones de marginalidad y exclusión sociales de determinados inmigrantes, sobre la base de criterios “segregacionistas” y despreciativos; es habitual dejar de lado las funciones económico-productivas de esas personas, y especialmente sus connotaciones ocupacionales fácticas en las localizaciones de residencia. Los vilipendios estigmatizantes que apuntan a la nación de origen y/o a la identidad racial, al margen de su innegable relevancia, muchas veces fueron considerados como génesis primordial, a veces excluyente, de las contradicciones y los conflictos en los desplazamientos humanos internacionales, soslayando una minuciosa revisión del rol de los migrantes en referencia a la operatividad de los mercados laborales en las naciones de arribo.

Frente a dicho sesgo en la focalización cuasi-unilateral de los análisis teóricos, debe destacarse que la sociedad receptora no constituye un bloque comunitario cohesivo monolítico, el cual acogería a grupos de “extraños”, provocándose entonces coyunturas cíclicas de disgregación colectiva. El sistema capitalista, por definición y en sí mismo, genera antagonismos recurrentes, inmanentes a su estructura clasista, y los “allegados” se ubican necesariamente en una posición determinada dentro de la misma. Los migrantes extranjeros deberían contemplarse no sólo a partir de sus rasgos étnico-culturales singulares, sino también de acuerdo con sus respectivas pertenencias de clase, dado que esas personas devienen componente insoslayable de la dinámica productiva al interior del espacio geográfico de llegada (Castles y Kosack, 1984).

Las movilizaciones migratorias se encuentran íntimamente conectadas a los vaivenes continuos y cíclicos del régimen capitalista mundial de acumulación, que comprometen en la práctica a la mayoría de las naciones, lo cual requiere el estudio de aquel fenómeno en el marco de las colisiones “globales” del trabajo con respecto al capital. Regularmente, las migraciones masivas recientes son causadas por la problemática del empleo, mientras que la población económicamente activa emigrante, demandante de empleo, constituye una especie de palanca apuntaladora de la diseminación del modo de producción capitalista a nivel planetario. En consecuencia, los recorridos y trayectorias de seres humanos se hallan dirigidos desde las regiones más “subdesarrolladas” hacia aquellas otras con grados relativamente superiores de avance económico.

Tal circunstancia, en apariencia matriz de efectos beneficiosos para la integración comunitaria de los foráneos, en realidad obstaculiza la organización político-sindical de los trabajadores provenientes de otro país, y además conforma un velo que confunde la sustancia nodal de los procesos de migración laboral. Aquella supuesta “hermandad solidaria” suele generar una dispersión de la mano de obra, distribuida en compartimientos estancos, hecho que distorsiona la comprensión de la realidad de la explotación ocupacional de los inmigrantes, con cierta frecuencia llevada a cabo por sus mismos compatriotas o empleadores con otra nacionalidad extranjera.

Las cuestiones relativas a nacionalidad y “raza” por lo general convergen, al presentarse manifestaciones variadas de ello, cristalizadas en situaciones heterogéneas a partir de distintas realidades históricas, socioculturales, geopolíticas, económicas, y demográficas, en el contexto mundial.

La “mercantilización” humana abarca a variadas instancias degradantes vividas por individuos y/o familias que emigran al exterior, en los países de salida y de asentamiento provisorio o definitivo. A la segregación étnica mencionada, se yuxtaponen las divisiones fundadas en posiciones clasistas, que acentúan la exclusión de los grupos sociales emigrados, al acendrar su tratamiento denigratorio y laboralmente explotador, en la era de la “nueva economía de la sociedad informatizada”, iniciada en las últimas décadas del siglo pasado.

En el campo ocupacional, en épocas relativamente recientes, ocurrieron cambios diversos, tales como la expansión de actividades “desproletarizadas”, concomitante al declive de incorporaciones típicamente “fordistas” a los mercados de trabajo; esta transformación aconteció al interior del capitalismo tecnológicamente avanzado y en regiones periféricas “emergentes”. Los operarios convencionales tendieron a reducirse, pese a un asalariamiento creciente de la población activa ocupada, a raíz del gran aumento proporcional de empleados en el sector terciario operado, por ejemplo, en la prestación de servicios en distintas ramas económicas.

Devino entonces una diversificación de las inserciones laborales, con una relevante integración de mujeres a variados empleos, con asiduidad en un escenario ampliado bajo la figura conceptual de la “subproletarización”, la cual concierne a mayor cantidad de puestos de trabajo a jornada incompleta, esporádicos y/o inestables, informales, a través de subcontrataciones, por medio de una tercerización de actividades, etcétera. Esta serie de modalidades repercute en la proliferación de la mano de obra precaria y/o no registrada, acompañada de desplazamientos migratorios, procurando una mejora de sus estándares socioeconómicos de vida.

El desmembramiento de los sistemas productivos, especialmente en países con escaso desarrollo económico-tecnológico relativo, por la aplicación de políticas neoliberales desde aproximadamente el último cuarto del siglo pasado, profundizó la fragmentación preexistente en muchas sociedades. Segmentos extendidos de las mismas cayeron en una creciente y extendida pobreza: la emigración internacional, por ende, representó una opción “coaccionada”, con el fin del logro de la subsistencia material y la reproducción social, para una masa importante de la población; grandes corrientes demográficas debieron acudir al extranjero, hacia naciones que hipotéticamente les ofrecerían una salida frente al deterioro sociolaboral, en algunos casos también político-institucional, de sus entornos respectivos.

Las emigraciones transnacionales, en su gran mayoría, responden a inequidades económicas y/o crisis profundas de los regímenes gubernamentales en las naciones poblacionalmente “expulsoras”. La prosecución de empleos medianamente “decentes”, así como por otro lado los exilios forzados o deportaciones en coyunturas dictatoriales y/o de guerra civil, expresan los desequilibrios de variado tipo entre ciertas regiones, al existir algunas supuestamente más favorables en términos de condiciones integrales de vida. La meta ocupacional configura una motivación esencial en los traslados de familias e individuos, lo cual explica en gran medida la conectividad entre diferentes espacios geográficos y el desenvolvimiento funcionamiento productivo-ocupacional concreto y real, no “camuflado”, en un mundo calificado en cuanto “global”.

Los países de arribo ofrecerían, idealmente, precondiciones adecuadas en aras de la inclusión de mano de obra migrante en nichos de trabajo retrasados tecnológicamente, es decir demandantes de bajas calificaciones, con remuneraciones muy inferiores comparativamente, en contraste con otras ramas de la economía. Junto a las modalidades convencionales de segmentación de la población activa, operan por lo tanto distinciones adicionales, verbigracia nativos/extranjeros, y entre diversos rangos dentro de los “foráneos”, asentadas en evaluaciones prejuiciosas y/o en la probable ilegalidad jurídica de las radicaciones particulares (Girón -coord.-, 2009).

Resultan evidentes las condiciones de vida, extremadamente frágiles, de un enorme número de emigrados, muchos de los cuales fueron trasladados desde su comunidad natal por vía de acuerdos fraudulentos, asumidos por intermediarios inescrupulosos, especuladores y oportunistas. Aquellas personas abandonan su hábitat original de residencia, como alternativa frente a la miseria económica y la falta de expectativas laborales viables en su propia tierra, con el propósito de emplearse en lugares adecuados de trabajo, que a la postre son por lo general informales y/o clandestinos, dentro de las naciones de llegada.

Un entendimiento cabal de las migraciones requiere comprender las fases de esas movilizaciones en su integridad: los caracteres de los espacios de salida, tránsito y acogida, y asimismo los rasgos de quienes migraron, individualmente, aquellos que lo hicieron con sus familias o parte de ellas, y además los ámbitos generales receptores de los viajantes en el país de radicación. Por otro lado, es importante la articulación del análisis de los movimientos migratorios nacionales, esto es interurbanos y desde áreas “campesinas” hacia las ciudades, con los desplazamientos transfronterizos. Dentro de los traslados internos, convendría estudiar la evolución urbanizadora respectiva de los países en cuestión y la presencia de “lo rural” en localidades urbanas, desde las perspectivas política, social, cultural y económica.

Las migraciones, primordialmente aquellas de carácter irregular, devienen funcionales -en términos generales- al incremento de la “productividad” de la economía del país de radicación, al proporcionar fácil e inmediata cobertura ocupacional en algunas categorías de trabajos sobre-ofertados, con costes salariales cuasi insignificantes. Ello se debe a la disponibilidad -por parte del capital- de un “ejército de reserva” masivo y dócil, con una gran presencia en el mismo de extranjeros, dada su condición informal consuetudinaria, por ilegalidad de la residencia. En tanto efecto de crisis internacionales cíclicas, grandes masas de la humanidad fueron coaccionadas, económicamente, a abandonar sus comunidades nativas, e instalarse en ocasiones en otras zonas de su propia nación, y muchas veces emigrar al exterior, ante la inaccesibilidad a un sustento material básico en sus patrias (OIM, 2010).

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