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1 Abril 2019
La propuesta en torno de la implementación de una renta existencial, en el contexto de los países europeos más avanzados industrialmente, se adecua a la estructura clasista típica del posfordismo en las sociedades desarrolladas. En ese sentido, el nuevo proletariado fue definido en cuanto “archipiélago” conformado por pequeños grupos segmentados de trabajadores, marginados del reducto de las ocupaciones asalariadas o que sólo se insertan laboralmente a través de empleos precarios, por un lado, y aquellos aun resguardados por convenciones colectivas, o actividades autónomas de diversa índole, por el otro. Teniendo en cuenta tal estructuración sociolaboral, los movimientos sociales del presente difícilmente se fundamenten en posiciones ocupacionales correspondientes a trabajos que devienen vulnerables, inestables y cada vez más <flexibles> [Grupo alemán Fels].
En la historia contemporánea la totalidad de las formaciones socioeconómicas, bajo las alternativas inspiradas en el liberalismo mercantil, el modelo keynesiano o los socialismos reales, compartieron la utilización del asalariamiento laboral. Sin embargo, tanto en los EE. UU. y Europa Occidental, como así también en la extinguida U.R.S.S., tuvieron vigencia diferentes modalidades caracterizadas genéricamente por el trabajo a destajo. No obstante ello, actualmente y como consecuencia del progreso tecnológico, se requiere cada vez menos trabajo humano para producir el mismo o mayor caudal de riqueza: en otras palabras, resulta necesario un decreciente número de trabajadores para la generación de la misma cantidad de bienes y servicios, lo cual determina el aumento de parados o subempleados, quienes resultan coaccionados, en forma temporaria u ocasional, a realizar tareas subremuneradas.
Debido a tal situación, hoy en día emergen en el marco de las economías desarrolladas las demandas de nuevas formas de retribución social, porque el ocaso de la era marcada por el Estado keynesiano y el trabajo fordista remite a cuestiones como la reducción de la jornada laboral, la redistribución de las actividades productivas y hasta la misma supresión del “trabajo asalariado” en sentido estricto. Las propuestas en torno de la renta existencial implican, a su vez, trasladar dicha realidad socio-ocupacional a un proyecto esencialmente político.
Cabe referir a los planteos teóricos alrededor del eventual fin de la sociedad del trabajo, junto al consenso creado acerca de la utopía sobre un hipotético retorno a regímenes sociolaborales con <pleno empleo>. Al respecto, si en un pasado relativamente reciente resultaba cuestionable la esencia transformadora de los planes reivindicadores de las ocupaciones dependientes, regulares y estables, en el presente ese posicionamiento resultaría retrógrado, desde la perspectiva de los movimientos de izquierdas más radicales de los países altamente industrializados. Estos sectores rechazan la idea de un regreso al Estado de Bienestar, en la medida en que las medidas de asistencia social habrían representado meras “instituciones de control y de gestión de la pobreza”.
El sobrante de mano de obra debilita, mediante la competencia del lado de la oferta, la posición negociadora de los trabajadores ocupados, quienes resultan en la práctica coaccionados a someterse a un exceso de actividades, lo cual a su vez coadyuva a ensanchar el segmento conformado por la población activa superflua. De manera que el paro de ciertas fracciones sociolaborales determina la explotación discrecional del trabajo de otras, alimentándose recíprocamente ambas instancias: el desempleo de masas representa una cara de la moneda, mientras su reverso consiste en la desvalorización progresiva del coste laboral, propiciado por la creciente vulnerabilidad presentada por el empleo, las consecuencias de la flexibilización laboral, la reducción de los salarios directos y diferidos (jubilación, salud, indemnizaciones por accidente), el alargamiento de las jornadas de trabajo y los efectos de la terciarización de las actividades económico-productivas.
La sociedad <postindustrial> se enfrentó, desde fines de la década de los años sesenta, a una nueva problemática circunscrita por el final de un largo periodo de reconstrucción de posguerra, el ocaso del keynesianismo -en términos de paradigma referido a un Estado promotor de un desarrollo económico relativamente armónico y equilibrado-, restricciones al crecimiento productivo y una marcada degradación ética que afectó la concepción genérica y convencional del trabajo.
Desde un tratamiento estrictamente económico, a partir de dicha coyuntura histórica fue clausurada una etapa del capitalismo que vivió su apogeo internacional durante alrededor de veinte años. Frente al riesgo representado por la amenaza latente de “socialización o estatización”, el capital procedió a cortar su relación simbiótica con un tipo de Estado que se había tornado incapaz a efectos de asegurar la expansión del mercado interno: Teniendo en cuenta el freno -o la desaceleración- del ritmo de crecimiento, no era mediante una planificación promotora de <rigideces> sino, por el contrario, a través de la mayor movilidad y flexibilidad posibles, el medio por el cual las empresas tendrían oportunidad de agrandarse o, cuanto menos, conservar sus respectivas participaciones en el mercado, frente al desafío insoslayable que imponía una competitividad creciente de índole tecnológica y comercial [Gorz].
En tal contexto, la marginación de amplios grupos de la población activa del mercado laboral, y por ende del consumo tanto individual como colectivo, representa una realidad que tiende a expandirse. El trabajo, en definitiva, en cuanto componente medular de integración social, y base generadora de identidad cultural, abandonó dichos roles sin que su lugar haya sido cubierto por alternativas sustitutivas, en orden a la atención de sus funciones elementales.
La crisis manifestada en la “sociedad asalariada”, a través del declive de las relaciones fordistas de producción, en su rol de fundamento cohesivo de interacción colectiva-, se refleja en la concepción sobre el fin inevitable del trabajo remunerado estable, y relativamente bien retribuido, como perspectiva real, destinado a afectar a sectores crecientes de las capacidades laborales disponibles. Esta realidad, sin embargo, no debería dejar de lado que la utilización inadvertida del término <masa marginal> suele derivar en el soslayo de la presencia efectiva de una serie compleja de mecanismos, atinentes a ciertos mecanismos de integración y neutralización de los excedentes poblacionales, relacionados con procesos subordinados o secundarios de acumulación de capital.
La diferenciación entre los procesos de inserción sociolaboral y la integración sistémica escinde conceptualmente las relaciones ordenadas o conflictivas, entabladas por los agentes económicos, frente a aquellas otras establecidas entre los componentes del sistema social, respectivamente. Las primeras oponen las temáticas adaptación/alienación, norma/poder y consenso/conflicto, postura que refleja un enfoque -predominante hasta fines de los años sesenta- reflejado, verbigracia, en los análisis de la marginalidad en América Latina.
En ese sentido, se desdibujan las complejas contradicciones sistémicas básicas, expresadas a través del empobrecimiento creciente manifestado en la región, es decir que el concepto de masa marginal, contrapuesto a la versión clásica del “ejército industrial de reserva”, remite a la existencia de una escasa <integración del sistema>. Ello obedece a los efectos de una evolución económica desigual y dependiente la cual, mediante la articulación de distintos procesos de acumulación, dentro de un marco signado por un estancamiento productivo crónico-estructural, “genera una superpoblación relativa no funcional respecto de las formas productivas hegemónicas” [Nun].
El marco histórico de la marginalidad latinoamericana, a mediados del siglo que culmina, diverge notablemente con relación al panorama resultante de la revolución industrial decimonónica europea, dado que la concentración poblacional de los grupos socialmente marginales, en ciertas ciudades de grandes dimensiones, es superior respecto del proceso análogo ocurrido en los inicios de la industrialización en los países centrales. Ello responde a que el fenómeno del surgimiento de <megalópolis> constituye, en general, una cuestión propia de la última centuria; esas urbes inmensas contienen espacios extensos, y en aumento continuo, caracterizados por la “desorganización social, a los cuales pueden ser arrastrados los inmigrantes” [Hobsbawm]. Sin embargo, no se encuentran necesariamente incluidas en los mismos las chabolas, cuya densificación territorial permite -bajo ciertas circunstancias- el desarrollo de cierto tipo de <administración barrial>, signada por alguna forma comparable a la configuración de las aldeas del pasado histórico.
Desde un punto de vista histórico-comparativo, la esencia del pauperismo característico del siglo XIX, en los países capitalistas desarrollados, radicaba en la inexistencia de relaciones organizadas del trabajo, carencia compensada mediante la fuerte presencia de vínculos familiares sólidos y la integración social en comunidades estructuradas. Contrastando con dicha situación, la realidad actual remite a un profundo cuestionamiento de la articulación compleja de los mecanismos <comunitarios>, las protecciones y los regímenes de “individuación”, hecho que determina el carácter irreversible de las transformaciones que van en el sentido de una mayor flexibilidad. Dentro de tal escenario, la segmentación de los empleos y el incesante incremento del sector servicios conllevan modalidades alternativas de individualización de las actitudes y conductas laborales, radicalmente diferenciadas respecto de aquellas promovidas a través de las regulaciones colectivas características, por ejemplo, de la organización fordista de posguerra [Castel].
Cabe destacar que, mientras a comienzos del siglo XX, las plataformas programáticas de los partidos de izquierda proclamaban todavía la abolición del trabajo asalariado, con el devenir secular la socialdemocracia tendió a defender su consolidación, desconectando en la mayor medida posible la ocupación y el ingreso laborales de las coyunturas cambiantes del mercado. Este cambio de postura obedece a que la protección del trabajador, dentro y fuera del ámbito ocupacional, constituyó un rasgo característico del <Welfare State>, mediante el cual alcanzó un transitorio apogeo la denominada sociedad salarial. Sin embargo, el retorno al “Estado mínimo”, la desestructuración del movimiento sindical y la reducción permanente de los gastos sociales reflejan el respeto irrestricto hacia la estabilidad monetaria. Tal consigna es acompañada de recurrentes ajustes que se proyectan en nuevas manifestaciones de inequidad social, al aferrarse cualquier diseño de políticas a la disciplina presupuestaria, restauradora permanente de una tasa natural de paro.
La restricción horaria de la jornada laboral, propuesta en el contexto de algunas economías avanzadas, constituye una medida tendente a promover el progreso social de los trabajadores, por medio de la redistribución de las ganancias, generadas sobre la base de la mayor productividad, resultante de la evolución tecnológica. El lema referido al margen de <ocho horas>, respectivamente destinadas a la labor remunerada, a la planificación y faz educativa, y a la recreación y al descanso, tiempo repartido en forma equitativa resulta ejemplificador de este proyecto.
No obstante, es ilusorio pretender que el desempleo se elimine, vía tal procedimiento, bajo la vigencia del sistema económico vigente. Ello sería factible sólo si se cumplieran, de modo simultáneo, dos requisitos irrealizables dentro del régimen capitalista de acumulación y producción: por un lado, que no existiera posibilidad de progreso técnico compensador de la reducción horaria, por el camino de la elevación de la productividad y la intensificación de las tareas; por otro, que el empresario empleador no pudiera incidir sobre el aumento de la oferta laboral -a través del fomento de la inmigración u otras medidas- y en la consecuente agudización de la competencia entre los trabajadores.
El procedimiento consistente en reducir la jornada horaria de trabajo no ha sido eficaz en orden a suprimir la desocupación, ya que ésta va pegada como la sombra al propio capitalismo. Éste responde a un mecanismo que no puede funcionar sin una tendencia abierta o espontánea a la generación de una población activa excedente, ya que necesita del “motor” de la tensión competitiva al interior de la oferta de mano de obra. Cuando por razones demográficas -o de otra índole- se halla cerca del <pleno empleo>, dicho mecanismo acelera el proceso de innovación tecnológica aplicada a la producción y, en tal contexto, el alza de los salarios actúa como un incentivo para la incorporación de tecnologías capital-intensivas, ahorradoras de costos laborales, provocando el incremento de fuerza de trabajo disponible.
Por consiguiente, una supuesta eliminación definitiva del desempleo conllevaría el final del capitalismo como modo de producción, en la medida en que bajo dicha hipotética eventualidad ningún factor podría obstaculizar el aumento salarial y detener la reducción de los beneficios empresariales, excepto que se retornase a regímenes forzados, análogos a la servidumbre o a la esclavitud.
El trabajo, en especial la actividad profesional o el ejercicio de un oficio determinado, representan una piedra basal, actualmente en proceso de erosión para muchos individuos y grupos sociales, que sustenta la configuración de posiciones particulares, tanto del colectivo como de la propia identidad personal. Los gobiernos de muchos países recurrieron a la implementación de ajustes económicos estructurales, debido a que la reproducción del capital requería una revolución técnica, a efectos de enfrentar los desfases producidos como consecuencia de la eclosión del modelo fordista, en cuanto ordenador de las relaciones laborales. Para el logro de tal objetivo el destrabamiento del esquema de acumulación capitalista, a partir de la década de los setenta, demandó la liberación respecto de las “restricciones socioestatales”, con el objeto de despejar el sendero orientado al desarrollo de su plan estratégico, tendente a potenciar el aumento de la productividad, reduciendo el costo salarial unitario de las unidades económicas.
Aquella mutación del paradigma productivo exigía una precondición sine qua non, dado que sólo podía llevarse a cabo en tanto la articulación de las clases sociales, y las interrelaciones entre el Estado y el núcleo económico dominante, desequilibrara la balanza, decididamente, en favor de los sectores hegemónicos del capital. Además, bajo este mecanismo la transnacionalización de las empresas, a través del extrañamiento respecto de los espacios políticos nacionales, devenía imperativo de supervivencia para la firma capitalista [Gorz].
Teniendo en cuenta el conjunto de condicionamientos señalados, en el marco de la sociedad presente se conjugan los rasgos distintivos de un <individualismo negativo>, enraizado en la falta de marcos normativos sociolaborales adecuados, generando un estado anómico de desafiliación de masas. La matriz individualista característica de fines del siglo XX responde a patrones inéditos, aunque, bajo una consideración diacrónica, en el joven drogadependiente de zonas o espacios marginados actuales se proyecta la imagen remota del mendigo de las sociedades preindustriales. Dicho caso extremo se asienta en rasgos exacerbados al límite, pero que, no obstante, subyacen en muchas vivencias signadas por la precariedad e inseguridad cotidianas, reflejadas en trayectorias erráticas y temblorosas, construidas sobre la base de inquietudes permanentes, movilizadas por búsquedas balbuceantes, con el exclusivo objeto de “arreglárselas día por día” [Castel].
En cuanto forma compensatoria ante el acentuado desarraigo comunitario basado, entre otros factores, en la desestructuración del continente universal del trabajo -producto a su vez de la reconversión laboral-productiva-, en la moderna sociedad desindustrializada, la localización de las intervenciones recobra una relación de proximidad entre los participantes directamente afectados, que las regulaciones universalistas del derecho habían desdibujado.
El fin del milenio se encuentra marcado, entonces, por una notoria fragmentación de la normativa jurídica de las relaciones laborales, en términos de un proceso de recontractualización. Ello obedece a que, de un modo subyacente al marco regulatorio general, que brinda un posicionamiento y cierta identificación a los trabajadores asalariados, considerados colectivamente, la proliferación de modalidades singularizadas de tipos contractuales del trabajo ratifica la emergencia de un universo “balcanizado” de inserciones ocupacionales alternativas.
Con relación a la situación sociolaboral contemporánea, la contradicción que atraviesa el proceso de individuación es profunda, constituyendo una amenaza a la sociedad, reflejada en el riesgo de una fragmentación que conduciría, eventualmente, a la ingobernabilidad política de aquélla. Subsidiariamente, crece la polarización entre los grupos de personas a las que les resulta factible articular, de manera complementaria, el individualismo y la autonomía, debido al aseguramiento estable de su posición social, frente a quienes cargan con su propia individualidad como una condena, en la medida en que ella equivale a la carencia de lazos sociales y de coberturas protectoras en el orden institucional.
Ante el decrecimiento relativo de la forma de trabajo contractualizada típica, los sucesores del “asalariado fordista u obrero masa”, se ven representados en el jobber que transforma la precariedad en un modo de vida, tal como históricamente lo conformaba el <verdadero sublime> decimonónico. Este último rechazaba venderse a un patrón sirviendo al capital, aceptando sólo empleos provisorios con los que ahorraba la mayor cantidad posible de tiempo disponible, laborando únicamente el término considerado imprescindible y al solo efecto de cubrir sus necesidades elementales. Frente a esta especie de personaje disidente del capitalismo, emerge en forma paralela la figura del trabajador “independiente, patrón de una empresa individual en la cual está autoempleado”, alrededor de la cual forma una cartera de clientes regulares u ocasionales [Gorz].
La cuestión compleja del paro refiere a una situación generalizada en el sistema capitalista de nuestros días, constituyendo una temática socioeconómica predominante, con innegables aristas político-institucionales. En el presente, la cuestión que gira alrededor de la desocupación ya no es visualizada en tanto problema social particular, como se le concebía aproximadamente hace tres décadas, cuando todavía se encontraba vigente la política del Estado benefactor, sino que resulta abordada como rasgo estructural, y primordial, de las mutaciones sociales de los últimos tiempos [Murmis-Feldman].
El proceso de marginalidad social, en cuanto efecto de la “insuficiente absorción de mano de obra por parte del sistema productivo”, implica que el desempleo evoluciona dentro de las más diversas expresiones de organización social, motivo por el cual es preciso caracterizar las contradicciones específicas que engendran la escasez de demanda de trabajo. Asimismo, con relación tal requerimiento, debe aclararse que los caracteres singulares de determinada institución económico-social no deriva tanto de las leyes inherentes a su modo de producción dominante como de la forma en que [el mismo] se inserta en un sistema económico dotado de leyes de movimiento específicas [Laclau].
En vistas de ello, el mecanismo que origina una población activa supernumeraria, en términos relativos, responde en consecuencia no sólo a la vigencia del funcionamiento <pleno> del mercado, sino a su readecuación a una economía que va más allá del régimen productivo imperante, la cual condiciona el devenir de éste. Tal circunstancia cristaliza en un auténtico encuadre de raíz estructural, cuyo pormenorizado análisis resulta crucial de cara a la comprensión de las causales originales y especificidades del paro masivo.
Con respecto al modelo capitalista de producción, las leyes evolutivas dinámicas que rigen el proceso de reunificación de sus diferentes elementos determinan el establecimiento de una “tasa media de ganancia”, la cual opera asimismo a partir de la perduración de factores correspondientes a formaciones socioeconómicas precapitalistas, actuantes en localizaciones y ámbitos retrasados. La conservación de estos garantiza al capital una creciente explotación de plustrabajo ya que, al contribuir a elevar el índice promedio del rendimiento de sus inversiones, la presencia de dichos factores tiende a acelerar el ritmo del proceso de acumulación, en los países centrales de la economía mundo actual. Además, los procedimientos orientados a la reproducción constante del esquema económico-social vigente incluyen la permanencia de relaciones de dependencia personal, no sólo en circunstancias como la representada por la subsistencia de vínculos de índole <precapitalista>, al interior de ciertas sociedades periféricas.
En tal sentido, dicho fenómeno puede manifestarse a través de la interacción económica entre dos naciones con poderío asimétrico, en las que el modo de producción regido por el capitalismo resulta hegemónico. Aunque en el país menos desarrollado o “dependiente” existe una menor composición orgánica del capital o, en su defecto y/o en forma concomitante, cierta categoría capitalista marginal, tal como la expresada mediante la existencia relevantes de la renta como medio de obtención de ingresos, la economía nacional subdesarrollada ocupa una esfera y cumple una función central dentro del proceso de acumulación referido a los sectores capitalistas del país avanzado.
El predominio de las políticas económicas de cuño neoliberal, proyectadas en sus aristas más excluyentes hacia las sociedades periféricas, condiciona la gradual emergencia de un sistema de seguridad social que, en su componente previsional y en lo que atañe a la cobertura general de la fuerza de trabajo, secciona radicalmente la población activa. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que por un lado se encuentran quienes tienen acceso a alguna prestación, aunque por lo general ésta resulte insuficiente, mientras por el otro proliferan aquellas personas sin perspectivas -presentes o futuras- en el mercado laboral regulado. Este segmento de la sociedad sólo contaría con su propio esfuerzo, o quizás con la ayuda de un determinado servicio público de salud o de asistencia, también sumamente precario -de continuar los lineamientos básicos de la política social vigente- como únicos recursos para hacer frente a los crecientes riesgos sociales y vitales, originados en la aplicación del actual modelo de acumulación. Las transformaciones económicas inducidas por el Estado neoliberal, dentro de un contexto periférico, concentran aun más el incremento de la productividad, profundizándose la heterogeneidad en el desarrollo tecnológico, por lo que la mutación experimentada por la estructura de cualificaciones, desde el lado de la demanda ocupacional, acelera la dinámica progresiva del paro.
La categoría compuesta por los desempleados abarca al conjunto de personas que no realizan ningún tipo de trabajo durante un lapso determinado y que, además, se encuentran en la búsqueda del mismo. En el ámbito sociolaboral específico de las economías avanzadas, los trabajadores desocupados cuentan con un sistema estatal de seguro que les concede derecho a determinadas coberturas sociales, y/o a una asignación monetaria pública, mientras permanezcan en esa condición. Por otro lado, en los países subdesarrollados las necesidades de los trabajadores parados sólo son cubiertas en una proporción reducida de ellos, y mediante montos sumamente estrechos. Debe señalarse en tal sentido la interconexión que se establece entre informalidad ocupacional y actuaciones de la esfera institucional pública, teniendo en cuenta que los nexos entre sector formal e informal no son estáticos y su dinámica viene condicionada -en última instancia- por procesos políticos dependientes del control estatal [Pérez Sáinz].
Por ejemplo, diversos estudios realizados en la Argentina durante los últimos años determinaron que, sobre una tasa media general de desempleo cercana al 15% y relativamente consolidada, el paro en el sector moderno del aparato productivo no alcanza el 10%, mientras que en el “periférico” supera la cuarta parte de la población económicamente activa, correspondiente a dicho ámbito. Sin embargo, debe destacarse que, dentro del núcleo dinámico de la economía, se incluyen los asalariados permanentes, pero sin cobertura previsional, el personal contratado de acuerdo con modalidades temporarias y los trabajadores insertos ocupacionalmente bajo los regímenes de <prueba o aprendizaje>, es decir -en conjunto- expresiones de empleos precarios a través de distintas variantes. Otras estimaciones indicaron, además, que cerca de la mitad de los desocupados se ubica al margen del núcleo capitalista central del mercado laboral.
Si se considera que -hipotéticamente- los parados pertenecientes a la órbita periférica representan una reserva de mano de obra oferente, respecto del sector moderno del sistema económico, resultaría adecuado el postulado que vaticina un periodo prolongado signado por cierta fluidez relativa de la oferta de trabajo. En cambio, dicha población activa remanente no es evaluada en términos de "ejército de reserva" con relación a la esfera moderna, motivo que explica la tendencia a la marginación de grupos crecientes de la población, en referencia a tal espacio.
La premisa básica que determina la conversión de los desempleados periféricos en reservorio contingente de oferta de fuerza laboral radica, siguiendo este ángulo parcial de análisis, en la condición ineludible de que su nivel de cualificación se ajuste a los requerimientos correspondientes a la demanda del sector moderno. De esta manera se produciría una transferencia de mano de obra al mismo sin presiones salariales, lo cual no implica necesariamente un aumento de la productividad. El proceso progresivo de exclusión sociolaboral es potenciado en la medida en que se ensancha la brecha existente entre los perfiles ocupacionales demandados y los niveles de capacitación del lado de la oferta de mano de obra, teniendo en cuenta que el elevado grado de desocupación de los trabajadores periféricos, en el terreno fáctico, no incide sobre el funcionamiento del mencionado núcleo hegemónico capitalista. La mayor parte de la franja informal de parados dispone de alternativas extremadamente restringidas, en el orden de la competencia entre cualificaciones laborales, desde la perspectiva de la sectorización por rama de actividad, como así también considerando el nivel respectivo de formación por oficios o profesional.
La franja empresarial perteneciente al núcleo concentrado y dinámico del aparato productivo debe partir de la consideración de la limitación cuantitativa de la mano de obra cualificada disponible, a efectos de poder desarrollar estrategias económicas dentro del juego competitivo establecido por el margen del mercado, adecuadas a las transformaciones en los cánones de productividad. En ese aspecto, con el objeto de impedir que el aumento eventual del costo salarial nominal de ese tipo de trabajo redunde en un incremento del costo laboral real, las empresas deberían inclinarse a reproducir ese capital humano específico, operando dispositivos tendentes a la retención del mismo. No obstante ello, las vicisitudes recurrentes atravesadas por el funcionamiento económico, que responden también a los ciclos comerciales, sumadas a las aspiraciones de corto plazo, las cuales muchas veces apuntan al logro de una rentabilidad inmediata, condicionan severamente la permanencia de la mano de obra en puestos fijos determinados.
En lo que refiere a la perspectiva política y macrosocial, el Estado debería asumir que un crecimiento sostenido del Producto Bruto Industrial puede ensanchar, en forma concomitante, la brecha preexistente de la inequidad distributiva de los ingresos laborales. Tal evidencia se pone de manifiesto, verbigracia, a través de los indicadores económicos correspondientes a la última década del siglo en el caso argentino, en parte debido a la carencia de políticas oficiales orientadas hacia el progreso los niveles de cualificación de la fuerza de trabajo periférica, factor conducente a la emergencia de procesos de creciente marginalidad, o exclusión, sociolaboral de carácter estructural, referidas a la configuración del espectro ocupacional.
Dentro de zonas marcadas por una condensación de la pobreza, mensurada a partir de la presencia de un índice elevado de necesidades básicas insatisfechas, consolidado históricamente en áreas geográficas específicas y enmarcadas en un contexto signado por la generalización de profundas carencias materiales, se yuxtapone una situación de precariedad en el orden laboral, que potencia dicho estado. Al interior de ese contexto, el proceso creciente de marginación respecto del mercado de trabajo “formal” tiende a cristalizarse estructuralmente, proyectándose en vivencias personales caracterizadas por rupturas relativamente recientes de relaciones asalariadas, u ocupaciones autónomas estables y regulares, o en experiencias concretas de exclusión social, atravesadas por algunos <núcleos duros> de parados crónicos y desalentados.
En virtud del diagnóstico detallado, la marginalidad social es retroalimentada a partir del agravamiento de una condición altamente vulnerable, referida a la transformación del universo ocupacional. Ello redunda en la configuración de un segmento de la población que trabaja sólo en forma intermitente e irregular en la esfera productivo-mercantil propiamente dicha, mediante la venta de su capacidad laboral por vía de inserciones frágiles, temporales y en muchas ocasiones sumamente magras desde el punto de vista de los niveles de retribución y/o productividad.
Sin embargo, es probable que un crecimiento económico mínimamente sostenido en el mediano plazo incida, en un sentido residual, sobre cierto leve y momentáneo descenso del desempleo correspondiente a la fuerza de trabajo con niveles inferiores de cualificación profesional. Sin embargo, tal mejora coyuntural, acaecida en el sector informal periférico, y montada -por lo general- en inserciones ocupacionales precarias, resulta sensiblemente menor que la registrada en el núcleo capitalista <modernizado>. Bajo tal circunstancia, la aparición de grupos problemáticos del mercado de trabajo no puede explicarse por un pretendido “menor valor” de su oferta sino en virtud de sus oportunidades, empeoradas [en] razón de factores político-normativos [Offe-Hinrichs].
Estos factores remiten al problema del déficit en el poder de negociación del sector asalariado, desestructurado sindicalmente, teniendo en cuenta el menoscabo de sus posibilidades de adaptación al renovado mercado laboral, con respecto a la vigencia de determinados mecanismos institucionales, que anteriormente regulaban las relaciones entre los factores del capital empresarial y del personal contratado. En ese sentido, “el mensaje del discurso social dominante exalta el lugar central del trabajo, lo presenta como un bien, es decir como una mercancía rara” [Gorz] para disponer de la cual debe estarse dispuesto al sacrificio, la concesión, la sumisión, la humillación y hasta a la competencia feroz y la traición egoísta frente al compañero, para conseguir o mantener un empleo, por precario que el mismo fuere.
Dentro del dispositivo ideológico neoliberal, el trabajo ya no es factor creador de riqueza, sino que, por el contrario, sería la riqueza de los grupos capitalistas concentrados aquel elemento que genera fuentes de trabajo. En consecuencia, el sector patronal inversor, es decir el colectivo empleador, debería ser desde esta perspectiva el destinatario del reconocimiento generalizado, debiéndosele por lo tanto incentivar, mediante la concesión de subvenciones y desgravaciones fiscales, con el objeto de que pueda incrementarse la demanda ocupacional.
Transcurridas varias décadas desde la elaboración del análisis sobre la forma de estructuración clasista de las sociedades económicamente desarrolladas [Giddens], en la actualidad puede considerarse que la desocupación y la precariedad laboral no representan fenómenos atípicos, e <irracionales>, dentro del modelo de acumulación “postindustrial”, crecientemente mundializado. Por el contrario, la existencia de una fuerza de trabajo ociosa creciente, junto a la profundización de la vulnerabilidad e inestabilidad de las inserciones ocupacionales, emergen como efectos necesarios de las nuevas modalidades adquiridas por la configuración del empleo.
Hacia comienzos del siglo XXI es evidente la amenaza de un cuestionamiento radical a la propia estructura de la condición salarial, de manera las nuevas -y extendidas- expresiones, transitorias y frágiles, de inserción laboral recuperan su ancestral rasgo característico, por el que se concebía el reclutamiento de mano de obra en términos de una especie de alquiler temporal de la misma. De tal modo es distorsionado, y tiende a desaparecer, el estatuto protector del trabajador, frente a los cambios profundos introducidos por las reconversiones técnico-productivas, las cuales exigen la flexibilización del mercado y -por ende- de las contrataciones laborales.
Recapitulando distintos tópicos desarrollados hasta aquí, puede sostenerse que la economía informal representa un mecanismo generador de ingresos, caracterizado por la carencia de regulaciones socialmente institucionalizadas, dentro de un marco jurídico y normativo en el contexto del cual otro conjunto de actividades, por el contrario, sí se encuentran reglamentadas [Pérez Sáinz]. De esta forma se alude a un criterio fundamental, basado en la presencia o falta de una esfera regulatoria específica, a efectos de comprender el fenómeno complejo de la informalidad ocupacional. Tal visión remite a la función del <intervencionismo estatal>, aunque en un sentido divergente respecto del señalado por el esquema neoliberal desarrollado precedentemente, reflejado en la concepción esbozada por De Soto. Ello conlleva la apreciación de una determinada vinculación entre accionar del Estado y actuación dentro de la esfera informal, dado que la carencia de una reglamentación jurídico-estatal firme, en cuanto a las relaciones entre los factores del capital y del trabajo, en el ámbito dominado por tal esfera, explica la permanencia y expansión de esta.
La flexibilidad laboral, cuya imposición reclaman los sectores empleadores en tanto requisito para abrir fuentes de trabajo, comprende tanto la adecuación interna de la organización empresarial como, así también, la utilización de firmas satélites adaptadas rápidamente a los cambios tecnológicos, encuadradas en los principios ineludibles de la rentabilidad y, por consiguiente, con ventajas dentro de la dinámica competitiva. En virtud de ello, la conformación actual de la población activa conlleva un elemento erosivo de la cohesión social, engendrando una dualización entre categorías -jerárquicas- de inserciones ocupacionales, fragmentación acentuada frente a coyunturas económicas cíclicas y recesivas.
La tendencia progresiva hacia la terciarización de las actividades económicas incluye la subcontratación de servicios extraempresariales, situación que da pábulo a la proliferación de relaciones intermitentes, y restringidas de manera creciente, entre empleador y trabajador. Entonces, la gradual precarización de las inserciones ocupacionales constituye un proceso central de la evolución presente del mercado laboral, la cual se encuentra regida por las condicionantes económico-tecnológicas del esquema de acumulación vigente. Dicha estructuración de las modalidades del empleo va delineando la cristalización de una periferia vulnerable, correspondiente a la oferta laboral y, simultáneamente, una tendencia en aumento hacia la desestabilización de la fuerza de trabajo todavía considerada permanente.
Se advierte, en forma paralela y coherente respecto del descrito cuadro ocupacional, una radical mutación desde políticas “integradoras”, típicas del Estado social de Bienestar, hacia estrategias públicas orientadas en términos de la mera inserción laboral, subsidiaria y circunstancial. Estas últimas expresarían lógicas de <discriminación positiva>, ejecutadas sobre la base de una focalización dirigida hacia determinados segmentos sociales -y zonas específicas- afectados por el agravamiento de la situación de paro, aplicando medidas singularizadas que apuntan a sectores definidos por un déficit de inscripción relacional, es decir de alguna manera marginados y al borde de la exclusión con relación al mercado de trabajo. Debe destacarse la progresiva implementación de medidas “asistencialistas” -transitorias o provisionales- en el terreno ocupacional, las que tienden a llenar el espacio, en nuestros días vacío, convencionalmente asignado al seguro social, característico de la condición asalariada típica del <Welfare State>, cuya constitución emblemática remitía a la modalidad fordista de relaciones industriales.
Las políticas de empleo limitadas a los mencionados tipos asistidos de inserción ocupacional, de carácter frágil y provisorio, diseñadas con la mira puesta en un fragmento crónicamente desocupado y vulnerable de la fuerza de trabajo, se llevan a cabo en un terreno donde el perfil errático de ciertas trayectorias laborales no constituye, específicamente, el resultado predominante de dificultades adaptativas individuales. Por el contrario, el incremento de la pobreza en el contexto actual no expresa vivencias aisladas dentro de una sociedad en trance de modernización, sino que se halla fuertemente condicionado por los mecanismos inherentes a una reestructuración profunda y premeditada del mercado de trabajo. Esta realidad obedece a que en el desarrollo evolutivo histórico de la sociedad industrial no se produjo un encadenamiento lineal entre las condiciones proletaria, obrera y salarial, las que representaron tres figuras recíprocamente irreductibles, referidas a las implicaciones del <estatuto del asalariado>, en cuanto "soporte de la identidad social e integración comunitaria" [Castel].
La condición proletaria clásica había ocupado históricamente un lugar de cuasi-exclusión, con respecto a la sociedad tradicional en su conjunto, dentro de un universo dividido en orden a las contradicciones entre capital y trabajo, por un lado, y entre el ámbito seguro de la propiedad y la vulnerabilidad de masas, por el otro. Sobre dicho contexto prefigurado, la interacción entre la condición obrera y el cuerpo social global se tornó más compleja, al establecerse un nuevo tipo de relación laboral, en la cual el salario dejó de ser la retribución puntual de una tarea determinada, hecho que representó una especie de "integración en la subordinación" de los trabajadores, que a la postre generó un marco de sostenida inestabilidad, pábulo para la consecución de una actitud contestataria, de índole clasista, por parte de algunas fracciones del movimiento sindical, en varios países industrialmente avanzados.
Posteriormente, en el marco de la <sociedad salarial> propiamente dicha, una fracción sustancial de los operarios disponibles fue absorbida, en el mercado de trabajo, mediante la extensión generalizada del asalariamiento, que vuelve a subordinar al obrero, manteniéndolo en la escala inferior de la pirámide estratificacional. No obstante, tal proceso conllevó un movimiento de relativa promoción, porque los caracteres singulares del modelo de acumulación respectivo, la creación de nuevos puestos de trabajo, el surgimiento de oportunidades inéditas, junto a la extensión de derechos y garantías a un amplio abanico de la fuerza laboral, universalizó un ámbito resguardado de seguridades y protecciones.
Con el transcurrir del tiempo dicha estructura, a la vez refinada y endeble, se tornó particularmente incierta, a partir de la década de los setenta del siglo que culmina, respondiendo a una "lógica de la promoción del sector asalariado en su fuerza y debilidad" [Castel], Ello obedeció a las condiciones implícitas de los cambios operados en la relación salarial hegemónica, de sentido contrario a aquellos llevados a cabo durante la fase industrial signada por el esquema laboral típicamente fordista. La segregación de los trabajadores efectivos y regulares con relación a los inactivos o semiactivos, marginados estos últimos parcialmente del mercado ocupacional, aunque absorbidos en muchos casos bajo formas desreguladas, condujo a la diferenciación de la fuerza de trabajo en actividad, los parados, los empleados en actividades de jornada completa -aunque intermitentes- y las personas ocupadas en tareas no remuneradas.
En la configuración del fordismo también había incidido el procedimiento de asignación fija del trabajador a su puesto y la correspondiente racionalización del proceso laboral-productivo, encuadrado en un mecanismo de "gestión del tiempo precisa, dividida, reglamentada". De esa forma, el comportamiento del obrero resultaba regulado partiendo de la coacción técnica del propio orden de la producción. En tal sentido, dicha tendencia había logrado, previamente, su máxima expresión histórica a través del <modelo taylorista>, el cual significó el logro del anhelo capitalista del trabajo perpetuo gracias al impulso infatigable del motor mecánico.
Otro factor decisivo en la transformación del asalariado había radicado en el acceso del obrero a nuevas normas de consumo mediante su retribución regular, convirtiendo al trabajador en el propio usuario de la producción en masa. Si bien ya Taylor propició, en su época, un aumento salarial sustancial, a efectos de inducir a los obreros a someterse a los dictados coactivos del sistema fabril, fue especialmente la modalidad fordista aquella que sistematizó la interdependencia entre el ámbito productivo masivo, inherente a la generalización de la cadena de montaje semiautomática, y la esfera consumista extendida socialmente [Aglietta]. Además, desempeñó un papel considerable el acceso del trabajador a la propiedad social y a los servicios públicos, transformándose el mismo en un sujeto <comunitario>, en condiciones de compartir los bienes colectivos, hecho que remite a la vigencia de una especie de “propiedad transferida”, implícita en la misma condición salarial.
Finalmente, cumplió un rol trascendente en esta mutación la incidencia de un derecho laboral, que reconocía al trabajador como miembro de un colectivo dotado de cierto estatuto social, más allá de la dimensión puramente individual del contrato de trabajo. Dentro de tal marco, la normativa jurídica <socializada> desplaza a una legislación meramente subjetiva, conllevando "la definición objetiva de una situación que se sustrae al juego de las voluntades individuales" [Le Goff], lo cual reporta a determinada cualidad propia, afincada en el campo del derecho público. Corresponde agregar que, en cuanto a la cristalización de este proceso, la convención colectiva asume un estatus jurídico-legal, prevaleciendo sus disposiciones sobre las correspondientes a los contratos laborales particulares.
El modelo de organización productiva fordista fue gradualmente socavado, relativizándose en forma creciente el peso de los obreros asalariados, dentro del conjunto de la población activa ocupada. Dicha instancia progresiva resultó clave, dado que puede considerarse como momento de inflexión, o coyuntura puntual rupturista, en términos del patrón vigente hacia esa época. A partir de esa evolución, la condición de los trabajadores quedó librada a sus propias desventajas objetivas frente al capital, de modo que desde entonces adquirió mayor relevancia la problemática referida a la discriminación entre ciertos núcleos estables y protegidos de trabajadores, por un lado, y aquellos otros con ocupaciones precarias y vulnerables.
En los países desarrollados, durante alrededor de dos décadas de posguerra, el conflicto social generado por la contradicción entre capital y trabajo había sido considerablemente apaciguado, a través de la aplicación de un esquema sociopolítico alternativo a la oposición clasista “descarnada”. En la medida en que las reconversiones introducidas por el fordismo en las relaciones laborales atenuaron las inclinaciones más radicales del movimiento sindical, en ese orden la sociedad típicamente salarial constituyó un modelo no atravesado centralmente por el conflicto directo entre empleadores y trabajadores, organizándose en cambio alrededor de la competencia entre diferentes estratos de ocupaciones asalariadas.
El fragmento social desplazado, que constituía un bloque periférico dentro de la estratificación ocupacional de la <sociedad del trabajo> fordista, se encontraba conformado por un sector de la población activa marginada, con relación a una mayoría compacta de obreros y empleados mensualizados, o autónomos de alguna forma integrados al funcionamiento del mercado laboral. Aquel segmento “excedente”, minoritario en un sentido proporcional, se estructuró alrededor de actividades inestables, estacionales o intermitentes, representadas por empleos aleatorios o fortuitos, a merced de las variaciones coyunturales y de la demanda de mano de obra, crecientemente fluctuante e insegura.
Corresponde indicar que, en las naciones industrialmente avanzadas, dicha fuerza laboral residual fue conformada a partir de los inmigrantes, mujeres o jóvenes sin cualificación y los trabajadores maduros no <aggiornados> a las sucesivas transformaciones técnico-productivas del mercado de trabajo. Este conjunto disperso de mano de obra tuvo como destino las actividades menos “creativas”, mediante inserciones ocupacionales -por lo general- precarias, con ingresos reducidos y desprotegidas en términos de coberturas sociales. Por otro lado, dichos asalariados situados en la frontera de la sociedad asalariada configuraban "grupos vulnerables de condición análoga a la del antiguo proletariado" [Castel], a partir de condiciones comparables -sin confundirlas- a las de aquellos segmentos laborales de sociedades que no ingresaron en la dinámica industrializadora moderna, de manera que equivalen al <cuarto mundo>, al interior de los países desarrollados.
La problemática crucial de la sociedad postindustrial radica entonces en el derrumbe de la condición asalariada regular, producido por la erosión del principio de la centralidad del trabajo estable y socialmente protegido, mediante el desplazamiento de las bases sobre las que se asentaba la relativa armonía característica del universo <keynesiano y fordista>. El último cuarto del siglo XX representa un periodo transicional, y ambiguo, orientado hacia una aparente reestructuración irreversible del mercado laboral y de las inserciones ocupacionales en general, expresando una mutación radical de la relación del hombre con el trabajo y, por ende, con el mundo que le rodea. Asimismo, cabe destacar que en los años setenta las economías europeas procedieron a utilizar, proporcionalmente, menor cantidad de mano de obra inmigrante bajo condiciones laborales arbitrarias y desprotegidas, en la medida en que pasaron a competir dentro de un mercado de trabajo gradualmente mundializado, con áreas geográficas alejadas donde el costo de la fuerza laboral resulta mucho más reducido y -en consecuencia- conveniente en términos del modelo de acumulación predominante.
El marco de fragilidad social que caracteriza al grueso de las posiciones laborales actuales condiciona el surgimiento de estrategias de supervivencia ancladas en el presente inmediato, promoviendo el desarrollo de una cultura de lo aleatorio, simbolizada a través de la consigna de <vivir al día>, situación que deriva en el planteo de la emergencia de nuevas formas de pauperismo. El incremento y extensión del paro, junto a la vulnerabilidad creciente emanada de las nuevas condiciones del empleo, conforman aceleradamente un “déficit de lugares” disponibles en la estructura social, es decir de ubicaciones socialmente útiles y públicamente reconocidas [Castel].
Este nuevo escenario del trabajo se encuentra superpoblado de trabajadores envejecidos laboralmente en forma prematura, personas marginadas de la actividad productiva, jóvenes en búsqueda infructuosa de un empleo estable -luego de recurrentes “pasantías” temporales- y parados crónicos, a quienes se intenta sin éxito recalificar o remotivar. En definitiva, se trataría de <supernumerarios inintegrables> o, a secas, elementos socialmente fútiles, teniendo en cuenta que dicha población semiactiva o inactiva ocupa un espacio comparable al del cuarto mundo, durante el auge de la sociedad industrializada, tal como se señalara anteriormente. Es decir que se encuentran desconectados respecto de los intercambios productivos, “perdieron el tren de la modernización y se han quedado en el andén con muy poco equipaje" [Castel].
La imagen previa, realista y cruda, contrasta sustancialmente con el optimismo implícito en la visión schumpeteriana, contemporánea de la Segunda Guerra Mundial, acerca de las bonanzas originadas en la supuesta movilidad social perpetua, inherente al capitalismo. De acuerdo con dicha visión, en dicho sistema económico la posibilidad de promoción continua es simbolizada mediante la existencia de individuos, y grupos, que pueden ascender a distintos vagones, o convoyes, imaginarios de una formación tranviaria ininterrumpida y dinámica cuyo destino es el progreso indefinido, sólo restringido según las capacidades y actitudes volitivas particulares [Schumpeter].
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