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INKORRUPTIBLES. Misceláneas sociopolíticas

INKORRUPTIBLES. Misceláneas sociopolíticas

Cognición y Epistemología. Política y Sociedad, Estado, Democracia, Legitimidad, Representatividad, Equidad Social, Colonización Cultural, Informalidad y Precariedad Laborales, Cleptocracia, Neoconservadurismo, Gobiernos Neoliberales, Vulnerabilidad, Marginaciones, y Exclusión Colectivas y Masivas, Kirchnerismo Peronista, Humanidades, Sociología, Ciudadanía Plena, Descolectivización e Individualismo, Derechos Sociopolíticos, Flexibilidad ocupacional. Migraciones Laborales. Discriminaciones por Género, y Étnico-raciales, Políticas Socioeconómicas, Liberalismo neoconservador, Regímenes neoliberales de acumulación, Explotación laboral, Mercado de trabajo, Flexibilización y precariedad ocupacional, Desempleo, subocupación, subempleo, Trabajo informal...

NECESIDADES DE ORDEN SOCIAL SISTEMICO FRENTE AL PREDICAMENTO DEL “LAISSEZ FAIRE” Juan Labiaguerre

La conceptualización acerca de la sociedad asalariada, de acuerdo con la visión de Castel, refiere a que “mediante la efectivización del derecho al trabajo se garantiza el bienestar de sus miembros, las empresas tienen un rol fundamental como integradoras, existe una condición salarial sólida, respaldada por un derecho laboral que consolida los mecanismos de integración” y predomina la estabilidad ocupacional. En este aspecto. las asignaciones familiares cubren a los niños en edad escolar, las obras sociales garantizan la atención de la salud, el sistema previsional resguarda a los trabajadores jubilados, las pensiones atienden los casos de invalidez y el seguro de desempleo manifiesta una incidencia concreta y extendida. Además, en tanto forma de asegurar la vigencia de mecanismos cohesivos a través de medidas estatales tendientes a la prevención del riesgo, son institucionalizados los resortes de la seguridad social, por lo que resultan cubiertas el conjunto de necesidades de los grupos sociales que no están involucrados directamente en la actividad económico-productiva [1].  

Las políticas sociales, en términos de expresión fragmentaria de la unidad estatal, representan un espacio crítico -al decir de Grassi-, en la medida en que ellas “remiten a la reproducción en dos sentidos que se implican mutuamente: en el de la legitimación del Estado y en el de las necesidades de reproducción de la vida”, Dichas actuaciones implican determinadas prácticas institucionalizadas estatalmente y, al mismo tiempo, son capaces de implementar ciertas normativas, tales como -por caso- la determinación de pautas que orientan la estipulación acerca de quienes deberían resultar los sujetos destinatarios de la acción social pública y del establecimiento de las justificaciones de la misma [2]. En consecuencia, la intervención llevada a cabo por el Estado moderno “se definen, no a partir de una entidad metafísica con capacidad decisoria por sobre la sociedad, sino de la acción -también en el campo cultural- de actores y sujetos en conflicto y estructuralmente ubicados de manera desigual”, es decir que las políticas estatales equivalen a la institucionalización de las condiciones de estas confrontaciones y, al mismo tiempo, de aquellas formas a través de las cuales las relaciones se materializan, portando condiciones y modalidades continuamente reconstituidas [3]

Se manifiesta una ruptura parcial con el esquema liberal ortodoxo cuando emerge el Estado “social” benefactor, recuperándose fragmentariamente ciertos principios de reciprocidad y redistribución -siguiendo a Polanyi- característicos de las comunidades tradicionales, aunque en la nueva coyuntura actuantes en función de moduladores del propio accionar del mercado. En esta instancia, el organismo estatal asume un rol destacado como planificador de la actividad económica y en el resguardo del entramado societal, desde que  la estipulación de un salario mínimo, el establecimiento de mecanismos de cobertura frente a la enfermedad y al desempleo, es decir la consideración de la seguridad social en general, son realizados a partir de políticas económicas directrices en términos de la fijación de tasas de interés, digitadas en orden al desarrollo de determinadas áreas prioritarias de inversión, y regulatorias respecto de los flujos monetarios, controlados por los bancos centrales.

Como trasfondo de esta readecuación del modelo de acumulación capitalista se propiciaba la articulación de economía y sociedad a través del papel mediador estatal, motor económico, principal agente de los servicios asistenciales e “instancia redistributiva por antonomasia, centro de apropiación de la comunidad” [4]. Dentro del ámbito de la organización social singularmente integrada mediante las políticas del Estado de Bienestar, emerge en principio la preocupación por aquellos grupos marginados con relación a dicha integración, aunque resultan genéricamente considerados en cuanto “minorías severamente desfavorecidas”, abriéndose entonces un debate alrededor del significado de la presencia de sectores de la sociedad excluidos radicalmente, conceptualización que remite a nociones tales como las de infraclase, lumpenproletariado o subclase.

Así como imponer un mercado concurrencial del trabajo significó una transformación relativa de las relaciones sociales, la sustracción parcial del trabajo respecto del dominio mercantil excluyente supuso un cambio considerable, en la medida en que el contrato laboral deja de ser una figura de índole privada. No solamente las condiciones de labor fabril, las jornadas horarias y las modalidades contractuales se establecen mediante el control de las pautas del mercado, sino que el salario básico, la participación del movimiento sindical y la intervención de diversas instancias públicas configuran un renovado marco institucional cuyo carácter tiende a redefinir el modelo organizacional de la esfera productiva [5].

Los componentes específicos del capitalismo regulado estatalmente remiten a procesos referidos cronológicamente a un estadio avanzado de dicho régimen de acumulación, tales como el fenómeno de la concentración empresaria mediante la aparición de corporaciones nacionales y multinacionales, la consecuente reorganización de los mercados de bienes, capitales y trabajo y, como corolario, la intervención estatal ante las falencias del funcionamiento mercantil autorregulado.

Cabe mencionar que la fase histórica mencionada se corresponde con la denominada etapa de “planificación neocapitalista”, en términos de Giddens, coincidente con la vigencia del Estado de Bienestar y el auge del modelo fordista de organización del trabajo, desde la posguerra hasta comienzos de la década de los años setentas [6]. En este ordenamiento parcialmente reconvertido, la extensión de formaciones oligopólicas significa en cierto modo el ocaso del capitalismo predominantemente competitivo, aunque las actividades económicas continúan guiadas por el criterio de rentabilidad empresarial, por lo que el mercado sigue operando en forma determinante.

Por otro lado, el denominado “fin del capitalismo liberal” no deriva en una genuina planificación económica, dado que las prioridades de la sociedad global continúan fijándose espontáneamente y siempre en términos de efectos secundarios respecto de las estrategias desplegadas por el empresariado privado. No obstante, la política estatal, en cuanto instancia de poder político supuestamente externa al mercado laboral, puede atenuar y aun “compensar efectivamente, tanto el desequilibrio de poder global existente entre el lado de la demanda y el de la oferta, como las ventajas y desventajas dentro del lado de la oferta secundariamente resultantes, en términos de grupos específicos, a partir de ese desequilibrio”, tal como lo señalaran Offe y Hinrichs.

Dentro del contexto histórico signado por la posguerra, el sistema político “occidental” debía simultáneamente garantizar la libertad ciudadana y promover una menor inequidad social a través de un reparto más justo de la riqueza y de las rentas obtenidas mediante el aparato fiscal; tal propósito obedecía a la voluntad compartida por los países “democráticos” en orden a la preservación en última instancia del espacio social disputado internacionalmente con la potencia soviética durante la vigencia de la guerra fría. La regulación estatal representaba la solución providencial desde el momento en que los defectos más salientes del funcionamiento económico, desplegado durante la década de los años treinta, habían consistido en el fracaso en aras de la consecución del pleno empleo y, teniendo en cuenta la prédica keynesiana, en la “arbitraria y desigual distribución de la riqueza y de las rentas”.  

Respecto de las condiciones sociales globales engendradas en la etapa del capitalismo  regulado organizacionalmente por el Estado, principalmente desde la perspectiva de las economías avanzadas de posguerra, en dicha fase “tardía” del modelo de acumulación la política se ejecuta a partir de la crisis sistémica reelaborada y reprimida, reconstituyéndose determinados antagonismos, mellados por una conciencia de clase fragmentada y canalizados a través de la conformación de coaliciones variables, las que eventualmente trastocan los términos del compromiso convencional interclasista.

Las funciones de integración social correspondientes a la administración pública, legitimadas durante dicha fase del régimen de acumulación, ya no pueden llevarse a cabo entonces mediante el acervo tradicional obsoleto de origen precapitalista, ni a través del mercado en cuanto entelequia, sino que se han concentrado en el ámbito del sistema político-institucional. En este contexto, "la estructura de clases debe ser afirmada en las luchas que se libran por la distribución, regulada administrativamente, del incremento del producto social"; es decir que las formas y el alcance del ejercicio del poder en dicha instancia, incluyendo la explotación económica de la fuerza de trabajo, se encuentran enlazadas a configuraciones concretas de poder, no predeterminadas operativamente a través de un procedimiento autónomo conducido por el mercado, tal como sucedía en la etapa capitalista previa.

La regulación fordista sólo resultó factible mediante la educación del obrero-productor en cuanto trabajador-consumidor, siguiendo la concepción elaborada por Gorz, hecho que significó “la monetarización creciente de las necesidades, placeres y satisfacciones”, por lo que los consumos compensatorios se ofrecen al hombre “privado” en un sentido de reducto protectivo. Tal configuración es contrapuesta al universo colectivo, representando una incentivación a recluirse en la esfera de la vida privada, priorizándose la meta del logro de beneficios personales, lo cual coadyuva a la disgregación de los lazos solidarios de ayuda recíproca, el sentimiento de pertenencia, la cohesión social y familiar. En esta situación, el individuo socializado por el consumo no representa ya una persona socialmente integrada sino, por el contrario, un sujeto incitado a “ser él mismo” [7].

Durante la vigencia del capitalismo desregulado la actividad del Estado, en términos de su adecuación a los requerimientos del orden socioeconómico hegemónico, comprendía la realización de determinadas premisas de persistencia, a efectos de solventar el régimen de producción manteniéndolo como tal, sobre la base del sustento de un marco global que garantizara su funcionamiento pleno. Asimismo, dichas acciones incluían la adaptación del sistema jurídico a nuevas formas empresariales de organización exigidas por el mecanismo de acumulación.

Gradualmente, ciertas políticas estatales sustituyeron el accionar puro del mercado, no limitándose exclusivamente a establecer el formato legal de situaciones económicas de facto, mediante la puesta en marcha de un proceso no librado a la dinámica intrínseca del mercado, lo cual afectó de alguna manera los principios sobre los que se asentaba la organización social. Finalmente, el aparato estatal balanceó aquellos efectos disfuncionales del procedimiento de acumulación que generaban, al interior de ciertas fracciones del capital o dentro de la esfera de los trabajadores sindicalizados u otros grupos dotados de potencialidad organizativa, reacciones políticas, regulando el mercado laboral con el objeto de morigerar la explotación abusiva de los trabajadores.

La condición asalariada característica del apogeo de la "sociedad industrial" no consistía solamente en la estabilidad del empleo sino también en la vigencia concreta de un cúmulo de atribuciones típicas, tales como la convencional jornada laboral de ocho horas, cobertura socio-previsional, derecho al cobro de indemnización en caso de despido y goce de vacaciones pagas no fraccionadas en periodos elegidos por el trabajador, entre las más importantes. Esencialmente, este conjunto de implicancias apareadas al asalariamiento conllevaba la factibilidad de una relativa movilidad social ascendente anclada en la misma identidad posicional brindada por la labor productiva remunerada. No obstante su configuración progresista, comparada con el anterior reinado del laissez faire, “el Estado del Bienestar descansa en un sistema de funcionamiento antidemocrático”, alejado de la elaboración ideal respecto de una hipotética sociedad participativa y autogestionada, al asentarse en una estructura socio-organizacional de carácter figurativamente piramidal, de raigambre corporativo-institucional, y también marcada por desequilibrios sociales generados en  la prestación de los diferentes servicios públicos [8]

El resultado de esa especie de socialización asocial expresada mediante el Estado benefactor consistió en la necesidad de reforzar el campo de los poderes estatales “prescriptivos”; al respecto, Gorz rescató el cuestionamiento sustancial realizado por Garrett Hardin respecto de la creencia en la eficacia de los atributos regulatorios del mercado, planteo esbozado a través de cierta proyección hipotética emanada de la teoría de los juegos, determinando que la búsqueda individual del beneficio propio culmina ineluctablemente en el perjuicio del todo conformado por la colectividad. Concluida la etapa de regulación incitativa motorizada por la promoción excluyente del interés individual, adviene la emergencia de una acción regulatoria de índole prescriptiva, reflejada en diversas formas bajo las cuales el Estado asume la responsabilidad de la dimensión colectiva de las búsquedas individuales con el objeto de acotar los inconvenientes o contratiempos generados por ellas, a efectos de evitar la ruina o catástrofe del conjunto societal. De manera que “la integración funcional mediante unos reguladores incitativos que apelan al interés individual va a exigir que una maquinaria distinta, el Estado, se haga cargo del interés colectivo, maquinaria cuyas competencias irán ampliándose y cuya legitimidad estará fundada en el mandato que habrá recibido -y solicitado- de los ciudadanos para ocuparse por cuenta de ellos de los asuntos públicos” [9].

Las sociedades industrializadas, sobre todo durante su apogeo de posguerra y hasta fines de los años sesenta, se caracterizaron por una situación de vulnerabilidad estable experimentada por su fuerza de trabajo, consistente en la conjugación de empleos precarios y soportes relacionales frágiles, representando un estado intermedio entre la integración y la desafiliación, siguiendo la construcción conceptual y terminológica diseñada por Castel. Sin embargo, dentro de un contexto social amplio signado por una tendencia a un tipo de integración global, el fenómeno de la marginalidad remitía entonces a su existencia en términos de factor residual; en este sentido, la política del Welfare State sustentaba dicha relativa estabilidad mediante el costeo del crecimiento económico y el pleno empleo, el derecho a la protección y la ayuda social para el grueso de los asalariados y seguros ligados en cierta forma al trabajo, destinados a la mayoría de las categorías de trabajadores no dependientes.

Con relación al sistema administrativo correspondiente al mencionado capitalismo tardío, el aparato estatal satisface diversos imperativos económicos, regulando los ciclos mediante la instrumentación de un planeamiento global y promoviendo condiciones favorables de valorización del capital acumulado en forma excesiva. La planificación se encuentra acotada por el poder decisorio sobre el empleo de medios de producción detentado por los particulares autónomos, basado en la irrestricta libertad de inversión de la que gozan las empresas privadas; aun así, dicha planificación asegura el mantenimiento de un marco de relativa estabilidad macroeconómica, a través de disposiciones anticíclicas -que orientan las políticas monetaria y fiscal- y medidas encaminadas a la regulación de la demanda global y las inversiones. Es decir que "la planificación global manipula las condiciones marginales en que las empresas privadas tienen que adoptar sus decisiones", corrigiendo la perturbación del funcionamiento del mercado originada en efectos disfuncionales secundarios. Siguiendo a Habermas las atribuciones estatales, entre las que se cuenta el control indirecto de los procesos inherentes al mercado de trabajo, reflejan "el carácter reactivo de estrategias de evitación en el marco de un sistema de metas definido por la fórmula abstracta de un equilibrio entre los imperativos contradictorios del crecimiento permanente, la estabilidad monetaria, la plena ocupación y el logro de una balanza comercial no deficitaria" [10].

Debido a las falencias propias del mecanismo estrictamente mercantil y a las consecuencias no deseadas del proceso regulador estatal correspondiente al capitalismo de organización, se erosiona la ideología liberal ortodoxa referida al supuesto intercambio equitativo inherente al modelo de acumulación capitalista. En tal sentido, la readecuación del sistema económico al institucional “repolitiza” las relaciones de producción, intensificando asimismo los requerimientos de legitimación; entonces, el aparato estatal, no limitado al reaseguramiento en el orden jurídico-legal de las condiciones generales de producción -tal cual era su función durante la vigencia del capitalismo salvaje-, sino activamente interventor en las mismas, demanda una legitimidad equivalente a la del Estado precapitalista, aunque ya sin poder recurrir a su andamiaje ideológico tradicional. Dentro del ámbito del capitalismo regulado, las relaciones de producción entonces se repolitizan en cierta forma, aunque ello no restaura la forma política representativa de la relación de clases porque “la anonimización social potencia la anonimización política”, implícita esta última en la interacción entre clases portadoras de intereses económicos potencialmente antagónicos.

La separación de las esferas correspondientes al Estado y a la sociedad, entre el terreno marcado por el ámbito interactivo de la hetero-regulación prescriptiva y el campo determinado por las “relaciones autorreguladas”, según Gorz, tenderá progresivamente a acentuarse en el futuro. Al asumir un aparato estatal reconvertido la representación del interés general, las cuestiones políticas devendrán dominio reservado a un núcleo reducido de dirigentes y gestores actuantes en dicho ámbito: en consecuencia, el poder político, referido al “derecho de gestionar los aparatos del Estado, pasará a ser la apuesta principal de las luchas políticas”. Asimismo, estas últimas quedarán crecientemente circunscriptas a determinadas organizaciones que fundamentan su vocación gubernamental “en su competencia en los asuntos públicos, solicitando de los electores el mandato de hacerse cargo de éstos”; el elector será captado sobre la base de su predominante carácter de consumidor y cliente mediante una propaganda política cada vez más asimilada a los estándares de la publicidad comercial [11]

Aun durante el auge de la “sociedad del asalariamiento” el trabajo nunca constituyó una fuente profundamente enraizada de integración o cohesión social, teniendo en cuenta la fragilidad innata del lazo social tendido por la actividad laboral respecto de las relaciones interpersonales: las ocupaciones remuneradas regulares y estables sólo insertaban a los individuos dentro del “proceso del trabajo social, en las relaciones sociales de producción, en tanto que constituyentes estrechamente imbricados y funcionalmente especializados de una inmensa maquinaria”. Dicha forma de trabajo se acoplaba a los requerimientos objetivos y funcionales del mecanismo sistémico-social regido por el aparato económico, para el logro de lo cual (y simplemente a tales efectos) se hallaba “socialmente determinado, homologado, legitimado, definido por las competencias enseñadas, certificadas y aranceladas” [12]. La estructura y organización laborales en la sociedad salarial proveía a las personas el “sentimiento de ser útil”, más allá de sus intenciones en ese aspecto, en forma objetiva, impersonal, anónima y reconocida como tal por el salario obtenido  y los derechos sociales ejercidos, concomitantes al empleo asalariado en sí mismo, derechos que remiten a la función, intrínsecamente indiferente, ejercida por la ocupación laboral en el proceso de producción económica de la sociedad, pero disociados de la persona del trabajador como tal.   

Más allá de los citados condicionamientos y parcializaciones inherentes a la integración social de la fuerza de trabajo, los ciudadanos aceptan -debido exclusivamente al marco protector suministrado por el Estado de Bienestar- la funcionalidad, portadora de algún grado de dependencia, de sus actividades, efectivándose de esta forma la integración funcional. De acuerdo a la visión de Gorz, el Estado protector-providencialista brinda al trabajador-consumidor funcional ciertas compensaciones sociales frente a la pérdida de su autonomía, las cuales se cristalizan en el derecho al usufructo de determinadas prestaciones de servicios socializados, debiendo amenguar el deterioro sufrido por las relaciones sociales autorreguladas y reemplazando los vínculos de índole comunitario-fraternal por modalidades valorativamente neutras de socialización, estereotípicas de un consumismo acendrado.

Dentro del contexto del Estado benefactor, vigente durante la posguerra y con alcances diferenciados de acuerdo con el grado de evolución económica en distintas sociedades -menor en la periferia del sistema capitalista mundial-, la forma característica de generación de plusvalía incluía la emergencia de un sector público a través del cual el aparato estatal se hacía cargo de la producción de bienes de uso colectivo. En ese sentido, Habermas señaló que el mantenimiento de una infraestructura socializada -tanto material como inmaterial- permitía el usufructo de la misma por parte del capital privado en términos de reducción de costos, en la medida en que la acción estatal incrementaba el valor de uso de los capitales individuales al favorecer el aumento de la productividad del trabajo, expresado a través del abaratamiento del capital constante y del aumento de la tasa de plusvalía; asimismo, la organización estatal del sistema educativo incrementa aquella productividad en virtud de la promoción de la calificación laboral.

Por otra parte, la evolución del trabajo funcionalizado al extremo requiere, para seguir siendo eficaz, la promoción de ciertos consumos compensatorios, condicionamiento que acicatea el avance de la división funcional de actividades, determinando el surgimiento de necesidades complementarias de compensación las cuales, aunque parcialmente, sólo pueden ser atendidas por el aparato estatal. La asunción por parte del Estado de ciertos servicios incentiva el progreso de tareas administrativas y de un desarrollo consumista, al tiempo que acelera la erosión de redes solidarias preexistentes, mediante la suscitación progresiva de aquella asunción público-estatal; además, en forma paralela tiende a consolidarse “una dependencia y una relación de clientela cada vez mayor con el Estado”.

El desenvolvimiento descripto de la configuración clásica del Welfare State desemboca en la profundización de la bifurcación entre vida pública y social, es decir entre el interés general y las demandas de los individuos tematizadas mediante un proceso de “socialización asocial”; también se produce una divergencia de cuestiones electoralistas coyunturales respecto de la presencia de coerciones de orden sistémico, provocando en definitiva una ampliación permanente “de las esferas de competencia de la Administración Pública y de los poderes reglamentarios del Estado”, al decir de Gorz. 

A partir de los inicios de la década de los años setentas, la crisis de gobernabilidad de las sociedades y las empresas representaba el síntoma del agotamiento del modelo socioeconómico sustentado por la vigencia del Estado de Bienestar y de la prevalencia del paradigma de asalariamiento de tipo fordista en las relaciones entre capital y trabajo. Durante alrededor de treinta años “los gobiernos occidentales habían practicado políticas keynesianas, dirigistas: los Estados estimulaban la expansión de la producción y de la demanda” a través de la implementación de políticas monetarias y fiscales, redistribuyendo “una parte creciente de la riqueza producida; por medio del gasto público creaban empleos y suprimían el incremento de productividad en el sector privado”.

Sin embargo, la expansión económica se topó frontalmente con las limitaciones infranqueables mediante las políticas reactivadoras de apoyo al crecimiento: en un contexto de saturación de los mercados internos, no existían incentivos para que el capital empresario realizara inversiones de capacidad; entre otros motivos, ello obedecía a que la productividad marginal del capital, es decir el incremento de las ganancias buscado a través de una inversión adicional, tendía a neutralizarse y su achicamiento preanunciaba el final de una etapa, caracterizada por el hecho de que “la producción, la demanda, la productividad y las ganancias podían crecer de forma equilibrada”.

Las transformaciones operadas en la estructura productiva en el ámbito internacional, desde hace aproximadamente medio siglo, se acentuaron durante la última década de este, al potenciarse los mecanismos de centralización y concentración intrínsecos a la evolución de la economía capitalista neoindustrial. Una consecuencia directa de este fenómeno, que refleja el perfil hacia el que apunta el desarrollo de la economía mundial, lo constituye el proceso de sectorización de la estructura económico-social, y la paralela segmentación del mercado laboral, en diversos ámbitos caracterizados por modalidades diferenciadas y específicas: monopólico, competitivo, público y residual [13]. En términos de la elaboración de un modelo teórico sistemático, Offe establece que la base del sistema capitalista actual se encuentra conformada por el sector monopólico, que resulta expansivo desde el punto de vista económico en general, con tendencia a la hegemonía, y recesivo en términos de aquellos factores referidos a la estructura social en particular, es decir expulsor de fuerza de trabajo del mercado laboral. La concentración de capitales en grandes unidades productivas y conglomerados transnacionales es acompañada por la acentuación de la innovación tecnológica que apunta, en forma aparentemente irreversible, a la transferencia de las habilidades del trabajo vivo a las máquinas; este mecanismo implica la automatización e incorporación creciente de técnicas capital-intensivas, sustitutivas de mano de obra.

El sector monopólico constituiría la esfera claramente predominante donde el valor-trabajo coincide, aunque parcialmente, con su remuneración real y, por lo tanto, conserva la condición garantizada en cuanto a su reproducción social; de manera que en este segmento asalariado privilegiado prevalecen, cada vez con mayor grado de exclusividad, la estabilidad del empleo, la posibilidad de negociación laboral y/o salarial, la cobertura previsional asegurada, la protección mediante obras sociales, y demás derechos adquiridos por el trabajador, manteniéndose, casi invariablemente y a través de distintos mecanismos, la condición de bienestar meritocrática, heredera directa del pasado Estado del Bienestar de índole keynesiana.

Castel sostiene que dicho ámbito resguardado de la seguridad social remitía, en la posguerra, a una especie de transferencia de propiedad debida a la mediación del trabajo y mantenida bajo la égida estatal; en este contexto, Estado, seguridad y trabajo se ligan indisolublemente porque, en una sociedad reorganizada a partir, y alrededor, del asalariado, eran las formas estatutarias atribuidas al trabajo aquellas que propiciaban el equivalente moderno de las protecciones tradicionalmente aseguradas por la propiedad [14].

Al interior del citado sector monopólico se manifiesta entonces una condición asalariada sólida, sustentada en una normativa jurídica laboral que fortalece los mecanismos de integración y permanencia dentro del mercado formal de trabajo; asimismo, dicha situación se complementa con el accionar de instituciones estatales que garantizan la contención social, sobre la base del objetivo orientado a la prevención de eventuales riesgos, instrumentándose una red de mecanismos de seguridad mediante los cuales se cubren las necesidades de aquellos sujetos que no participan directamente en la actividad económica. Al respecto, hace casi un siglo, León Bourgeois consideraba que la organización del seguro solidario de todos los ciudadanos frente al conjunto de asechanzas propias de la vida común, tales como las enfermedades, los accidentes, el desempleo involuntario, y los problemas implícitos que conlleva la vejez, constituye la "condición necesaria del desarrollo pacífico de toda la sociedad, como el objeto necesario del deber social" [15].

Dentro de los mecanismos protectores, afines a los postulados del Estado de Bienestar y patrimonio casi exclusivo de los trabajadores enrolados en el sector monopólico de la economía, se destacan las asignaciones familiares correspondientes a los asalariados -que atienden la cobertura de los niños en edad escolar-, las obras sociales que resguardan la atención de la salud, el régimen jubilatorio y/o previsional del sector pasivo, las licencias por maternidad y enfermedad, la indemnización en caso de despido, las vacaciones retribuidas y el respaldo sindical. El conjunto de componentes mencionados tiende a reducir el eventual marco de incertidumbre generado por la situación asalariada, apuntando consecuentemente hacia niveles superiores de integración social de los trabajadores.

La evolución de las economías capitalistas avanzadas durante el periodo cuasi inmediato de posguerra demostró que el nivel creciente de demandas sociales fue en gran parte atendido por las políticas públicas, adaptando a tal fin los sistemas previsional e impositivo, dentro de las restricciones impuestas por el marco del régimen de acumulación vigente. En ese sentido, "en la medida en que los programas de bienestar social, unidos a una conciencia tecnocrática ampliamente difundida que atribuye los estrangulamientos, en caso de duda, a coacciones inmodificables del sistema, logran mantener un grado suficiente de privatismo civil, las penurias de legitimación no necesariamente se agravan para convertirse en crisis" [16].

Un componente también insoslayable del capitalismo de organización característico del Estado del Bienestar radica en la estructuración cuasipolítica de los niveles salariales, a partir de la conformación de una coalición entre asociaciones empresariales y sindicatos de trabajadores, con eje en el sector monopólico de la economía; al respecto, en dicho mercado de trabajo el mecanismo de la competencia fue reemplazado por la formación de compromisos entre organizaciones corporativas, en virtud de los cuales el Estado delegaba su legítimo poder coactivo. De manera que la clausura de una relación de clases meramente económica, mediante la instrumentación política del sistema de remuneración salarial, erosionó el funcionamiento libre del mercado laboral y, además, trasladó el incremento de costos del factor trabajo a los precios finales de los productos; esta traslación conforma el "precio a pagar" por el logro del apaciguamiento del conflicto entre capital y trabajo asalariado, especialmente en aquellos sectores dinámicos que requieren un uso más intensivo de capital.

Por otro lado, en lo que se refiere especialmente al sector público correspondiente a la prestación de servicios, se presentan con asiduidad -según Offe- modalidades de formación de renta configuradas asimismo bajo la forma de salarios políticos, esencialmente normativas y simbólicas respecto de la asignación remunerativa, configurando una esfera extramercantil determinante tanto del nivel, como así también de la naturaleza, de la retribución de dicho segmento de la fuerza laboral. Cabe agregar que, en opinión de Nun, la sociedad salarial no es sólo aquella en la cual “la mayoría de los trabajadores son asalariados, sino una sociedad del pleno empleo, crecientemente homogénea, donde el trabajo asalariado brinda estatus, dignidad y protección”, emergiendo a través de esta particularidad un nuevo tipo de seguridad ligada al trabajo y ya no sólo a la propiedad, tal como también lo sostuviera Castel.

Sintetizando la concepción habermasiana respecto de la esencia del capitalismo tardío, puede indicarse que el sistema económico fue despojado de su autonomía funcional con relación al Estado, razón por la cual las crisis recurrentes de dicho régimen de producción perdieron su explosividad latente en términos de conflictos sociales. La tendencia cíclica hacia las crisis económicas fue desplazada al sistema institucional a través de una acción estatal de evitación reactiva; además, a menor capacidad del espectro cultural para el logro de motivaciones suficientes en el ámbito político, educativo y profesional, resulta mayor la necesidad de llenar el hueco generado por dicho “vacío de sentido” mediante la provisión de valores de consumo.

A comienzos de la década de los años setentas, Habermas estimaba que sólo podía evitarse una crisis futura de legitimación en la medida en que la articulación de clases inherente al capitalismo tardío fuera reestructurada o, subsidiariamente, se dejara de lado la necesidad de legitimar el sistema administrativo. El régimen capitalista en su estadio avanzado presenta una creciente necesidad de legitimarse a través del sistema político, situación que conlleva la intensificación del nivel de demandas, eventualmente generadoras de conflictos, referidas a la distribución de bienes de uso, que pueden chocar con los requerimientos intrínsecos al funcionamiento normal del proceso de valorización capitalista. En dicho contexto, las relaciones mercantiles de intercambio resultan parcialmente sustituidas por la actividad surgida de la autoridad administrativa, a condición de que la planificación estatal detente un poder “legítimo”; al respecto, dicho requerimiento debía satisfacerse mediante los instrumentos de la democracia política, basados en el sufragio universal.

Partiendo de la apreciación anterior, las estructuras inherentes al capitalismo de organización pueden interpretarse en cuanto "formaciones reactivas contra la crisis endémica" porque concentran sus fuerzas de integración social en aquellos sectores en los cuales pueden producirse estallidos relevantes. Con el objeto de mantener estos conflictos potenciales en su nivel latente, es instrumentada una "estructura salarial cuasi-política que depende de las negociaciones entabladas entre grandes sindicatos obreros y organizaciones empresarias". Desde tal perspectiva las grandes corporaciones promueven acuerdos con los gremios poderosos que atañen a ramas industriales estratégicas, tanto del sector público como del monopólico privado, situación que deriva en que la mercancía representada por la fuerza de trabajo adquiere un precio político. En virtud de ello los incrementos de costos laborales son transferibles al nivel de los precios y ciertas demandas al Estado por parte de estos grupos económicos predominantes resultan satisfechas en forma armónica con los intereses generales del sistema, condiciones que posibilitan al sector monopólico desplazar el conflicto de clases.


[1] BECCARIA, L., y LOPEZ, N. (1996): Sin trabajo. las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina; Buenos Aires: UNICEF/Losada, 1996, págs. 85-86

[2] GRASSI, Estela (1996): Políticas sociales e investigación antropológica; en Hintze, Susana, “Políticas sociales. Contribución al debate teórico-metodológico”, Bs.As. CEA-CBC (UBA).

[3] HOLLOWAY, John (1994): La reforma del Estado: capital global y Estado nacional; Buenos Aires, revista “Doxa”, N° 9/10

[4] ALVAREZ-URIA, F. Y VARELA, J.: en Polanyi, Karl (1997): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico; Madrid, La Piqueta/Endymion, Presentación.

[5] POLANYI, K., ibidem, pág. 392

[6] HABERMAS, Jürgen (1995): "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío"; Buenos Aires, Amorrortu, págs. 49/52

[7] GORZ, A., Metamorfosis, ob. cit., págs. 65 a 69

[8] ALVAREZ-URIA, F. y VARELA, J., ob. cit., págs. 20-21 

[9] GORZ, A., Metamorfosis, ob. cit., pág. 70

[10] HABERMAS, J., Problemas, ob. cit.

[11] GORZ, A., Metamorfosis..., ob. cit., págs. 70 a 72

[12] GORZ, A.: Miserias, ob. cit., págs. 21 y 65

[13] OFFE, Claus (1991): Contradicciones en el Estado del Bienestar; Madrid, Alianza.

[14] CASTEL, R., ob. cit., pág. 302

[15] BOURGEOIS, L. (1904): La politique de la prévoyance social; citado por Castel, R., ibidem

[16] HABERMAS, J., Problemas, ob. cit., págs. 55-56 y 94-95

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