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INKORRUPTIBLES. Misceláneas sociopolíticas

INKORRUPTIBLES. Misceláneas sociopolíticas

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VÍNCULOS LABORALES “SECULARIZADOS” POR LA INTEGRACION SOCIAL DEL TRABAJO REGULAR ASALARIADO - Juan Labiaguerre

Según Weber la organización burocrática, desde una perspectiva instrumentalista, supera a todas las formas históricas socio-organizativas anteriores, debido a que ella valoriza positivamente la operatividad de la “máquina viva” de la burocracia moderna en un orden asimilable al de la máquina inerte de la fábrica. Tal especificidad funcional, favorable al sistema capitalista, desde el punto de vista de los participantes en el mismo redunda en un factor deshumanizante al eliminarse el conjunto de componentes “irracionales”, que no se adaptan a la lógica pura surgida del mero cálculo, hecho que conlleva una “objetualización de las relaciones sociales en las organizaciones, bajo el prisma de la despersonalización” [1].

El enfoque weberiano advirtió que “la ética universalista religiosa de la hermandad” colisionaba frontalmente con las formalidades inherentes a la racionalidad económico-administrativa, la que configura un espacio dentro del cual la economía y el aparato estatal resultan objetivados en un cosmos afraternal: el “mundo de la vida” (y sus correspondientes patrones simbólicos de significado) chocan con los “imperativos funcionales de creación de riqueza en un dominio social éticamente neutralizado”. Este fenómeno se conecta teóricamente con la diferenciación habermasiana entre mundo de la vida y sistema, en la medida en que las lógicas del mercado y de la administración pública orientaron los requerimientos expansivos de los mundos de la vida tradicionales de la época feudal, despojándose la explotación del trabajo de sus frenos estamentales, por lo que la producción y distribución de bienes resultan desligados de los cuerpos normativos arraigados en factores extraeconómicos y subsumidos en el despliegue anómico de la actividad mercantil [2].

La creciente diferenciación social, junto a la tendencia hacia la privacidad característica de la religión y la emergencia moderna de otros centros cambiantes, según Beriain, cuestiona problemáticamente la visión de una sociedad articulada alrededor del eje de cierta conciencia colectiva estructurada en términos religiosos. Asimismo, en la medida en que los actores se orientan exclusivamente hacia el éxito, en aras de las consecuencias inmediatas y pragmáticas de un accionar movido por el egoísmo, tratan de alcanzar sus objetivos incidiendo sobre la definición de la situación, las decisiones -o las motivaciones- de las personas interactuantes. Para el logro de ello, utilizan armas, mercancías, amenazas o halagos, de acuerdo con la concepción habermasiana, por lo que las conductas coordinadas de individuos que interactúan en un contexto de expectativas recíprocas, en torno al despliegue de determinadas estrategias, se encuentran condicionadas por el grado según el cual han incidido en cada sujeto sus respectivos “cálculos egocéntricos de utilidad” [3].

Durkheim indicó que, en las sociedades complejas, marcadas por la división industrial del trabajo, la unidad es sustentada no solamente a través de una integración funcional orgánica establecida por la misma diferenciación y especialización de actividades económicas, sino también mediante una solidaridad considerada en el sentido de “consenso cívico-moral sobre lo bueno”. En cambio, Luhmann relativiza este último componente al indicar que la integración social moderna se apoya en el consenso generalizado respecto de la existencia de una vaga disociación entre el bien y el mal, sin mayores pretensiones de legitimidad. Se trataría entonces de la vigencia de “distinciones directrices abstractas sobre lo correcto/incorrecto, legal/ilegal, justo/injusto, verdadero/falso”, dicotomías actuantes en el sentido de propiciar conductas relativamente alternativas, aunque funcionales en términos de una integración normativa sistémica. De esta manera se enfrenta la problemática que afecta a los procesos de “autoproducción y auto-organización en contextos de contingencia y riesgo”, enfocando la diferenciación estructural de esferas sociales mediante un nuevo paradigma de análisis teórico-sociológico que gira alrededor de la distinción entre sistema y entorno [4].

El estudio de los comportamientos procedimentales afines a los dictados de la teoría de sistemas conlleva la consideración de aquellos mecanismos implícitos surgidos de cierta práctica “autorreferencial”, es decir que requiere tener en cuenta permanentemente la propia actuación como uno de los objetos a analizar, en la medida en que deben referir -en forma continua- cualquier proyecto investigativo a la eventual aplicación sobre sí misma. En este sentido, “el punto de partida de cualquier análisis teórico-sistémico debe consistir en la diferencia entre sistema y entorno [y en este orden] a cada sistema le es dado representarse el complejo de sus relaciones con el entorno como un entramado desconcertante, pero también como una unidad constituida por él mismo, con tal de exigirse una observación selectiva” [5].

La diferenciación funcional, desde una perspectiva estrictamente sistémica, implica la presencia de un proceso necesario marcado por el “incremento de selectividad”, que en la concepción elaborada por Luhmann significa un proceder selectivo progresivo de las relaciones entre los elementos que componen determinada estructura: la selección en sí misma consistiría en una operación sin sujeto, llevada a cabo sobre la base de la existencia de cierta distinción. Denotando una clara herencia teórica de raíz spenceriana, el sistemicismo luhmanniano sostiene que “la diferenciación es una forma de hacer posible una mayor selectividad”; por lo tanto, la modalidad diferenciadora de índole estratificacional remite a una desigualdad entre los rangos existentes en todos los subsistemas: bajo esta forma, la “equidad” resulta factible exclusivamente al interior del mismo nivel, representando el rango la diferencia de los sistemas, clasificados éstos de manera jerárquica.

Desde esta perspectiva teórica globalizadora, el carácter dual de lo social basado en el fenómeno de la “copertenencia” deriva en la problemática inherente a los mecanismos de interconexión entre los elementos integrantes de una sociedad, funcionalmente diferenciada, a partir de una visión holista de los vínculos societales. Al respecto, conviven visiones sociológicas divergentes que llevan a explicar la gradual heterogeneidad, o diversificación, de estratos sociales partiendo del reconocimiento de la existencia de subsistemas necesarios -según el funcionalismo-, en un polo, o haciendo hincapié en una especie de igualitarización social generalizada en el otro extremo, representada por la “totalidad concreta” encarnada en una sociedad justa, en el planteo marxista.

Partiendo del punto de vista particular del enfoque asumido por Luhmann la diferenciación entre sistema y entorno exige, en cuanto premisa de índole paradigmática inherente a la teoría de sistemas, reemplazar la simple distinción del todo, respecto de sus elementos constitutivos, por una conceptualización con eje temático ubicado en la diversidad de los sistemas, dentro de cuyo marco deviene imprescindible distinguir entre diferenciación y jerarquización, desde el momento en que resultaría errático aprobar el supuesto consistente en que la evolución conduce a conformaciones sociales crecientemente complejas únicamente bajo una configuración jerárquica.

Según dicho autor la focalización en las implicancias de la diferenciación entre sistema y entorno manifiesta efectos relevantes en orden a la comprensión de la causalidad, debido a que bajo este enfoque analítico parcializado la línea divisoria entre ambos es inconcebible en cuanto “aislamiento o sinopsis de las causas más importantes”, en la medida en que tal límite secciona la trama tejida alrededor de las conexiones causales. En este contexto teórico, se esgrime el concepto de producción, que remite al hecho de que algunas causas, pero no todas, devienen necesarias a fines de generar determinadas consecuencias y pueden, además, ponerse bajo el control del sistema. Para comprender la producción habría que partir entonces no de un paralelismo con el ámbito específico de las leyes naturales, sino de las ventajas ofrecidas por la selección, es decir que sólo la renuncia a la pretensión de dominio de la totalidad de las causas permite la realización de “abstracciones que se pueden llevar a cabo de una manera auto-organizada y autorreproductiva”.

En las sociedades industriales avanzadas el individuo se conecta con una totalidad en el plano referido a la esfera laboral, en cuanto arquetipo sociológico del trabajador, comprendido bajo la férula del proceso de “racionalización” de raigambre característicamente occidental; al margen de la atención prioritaria en el “interés de maximización racional egoísta del propio beneficio”, ensalzado a la categoría de virtud pública, emerge la figura simbólica representada por la autopreservación del hombre frente al entorno. Dicha significación imaginaria atada al dominio de una realidad absoluta, en la que la técnica constituiría exclusivamente “un instrumento de la movilización del mundo por la figura del trabajador”, determina que la estrategia pertinente a la cuestión social, implícita en las bases dogmáticas que sustentan al Estado neoliberal, se apoye en la premisa latente, no declarada, en cuanto a que el sentido vital definitorio del accionar de ciertos segmentos de la sociedad se halla circunscripto y limitado por la mera subsistencia. Tal presupuesto conlleva una postura ideológica que orienta la consecución de políticas sectoriales, recomendando intervenciones estatales mínimas y básicas en los rubros correspondientes no sólo al empleo, sino también a los de la asistencia y la salud.

Sin embargo, tal como ya lo señalara Gramsci en el contexto histórico correspondiente al periodo de entreguerras, "como en la realidad efectiva sociedad civil y Estado se identifican, es necesario convenir que el liberalismo es también una reglamentación de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coercitiva" [6]. Dentro de este marco regulatorio, la sociedad liberal no adopta ningún punto de vista particular sustantivo acerca de los fines de la vida, logrando su unificación primordialmente a través de la vigencia de un “compromiso procedimental fuerte”; en consecuencia, teniendo en cuenta la vigencia de una cultura moderna descentrada, la coherencia interna se expresa mediante la diferenciación de ámbitos culturales de valor, anclados en las pretensiones de validez implícitas en cada uno de ellos, dentro de una cosmovisión autonomizada respecto de la “jerarquía axiológica de lo sagrado” [7].

A través del término integración autorregulada, Habermas alude a la presencia de conductas particulares coordinadas mediante procesos de entendimiento y de nexos funcionales, no pretendidos y generalmente tampoco “perceptibles dentro del horizonte de la práctica cotidiana”, concepción que puede remitir a la conceptualización sartreana respecto del fenómeno de “totalización en exterioridad de las acciones de individuos serializados”. En este orden, el mecanismo de regulación por el mercado puede interpretarse en términos de cierta “heteroregulación” -dependiente de una totalización imprevista, no deseada e impensada- de comportamientos serializados, al interior del campo material en que éstos se inscriben; se trataría entonces de un “puro mecanismo sistémico que impone sus leyes desde el exterior a unos individuos que las soportan y se encuentran forzados a adaptar, modificar sus conductas y sus proyectos en función de una resultante exterior e involuntaria”, de manera que el  mercado constituye para los hombres una especie de heterorregulación espontánea no centrada [8].   

Dentro del nuevo ordenamiento sociolaboral propiciado por la cosmovisión neoliberal, impregnada de un fuerte contenido teórico medularmente sistémico, el marco desregulador a ultranza brindado nuevamente en la actualidad -sobre todo desde la década de los años ochenta- por el aparato estatal, respecto de sus roles convencionales, reflejaría dos siglos después la posición liberal ortodoxa expresada en los considerandos de la ley Le Chapelier, votada en la Asamblea Legislativa de Francia a mediados del año 1791. Dicho postulado rezaba que "ya no hay corporaciones en el Estado; sólo existe el interés particular de cada individuo y el interés general. A nadie le está permitido inspirar a los individuos un interés intermedio, separarlos de la cosa pública con un espíritu de corporación. Hay que volver al principio de que fijar la jornada para cada obrero es algo que corresponde a las convenciones libres de individuo a individuo; a continuación, al obrero le corresponde mantener la convención a la que ha llegado con quien lo ocupa" [9].

Cabe recordar que, en los comienzos de la industrialización europea, tal como lo señalara Castel, el problema crucial al que debió hacer frente el modelo de acumulación capitalista consistió en la necesidad de consolidar la inestabilidad del obrero, obteniendo simultáneamente la disciplina del y en el empleo, situación que se refleja en la imposición de cierta apreciación sublimista del trabajador. Al respecto, la tradicional jerarquización entre actividades superiores e inferiores, o entre expresiones laborales creativas y ocupaciones utilitarias, se había tornado gradualmente obsoleta debido al auge de la reforma religiosa, la configuración de doctrinas político-económicas seculares y profanas y la reafirmación de la revolución burguesa. Por otro lado, "la proletarización de la fuerza de trabajo y la liberación de ataduras morales de la actividad económica, reforzada por el aprovechamiento industrial de esa fuerza impulsora", derivaron en la prevalencia neta de un tipo de racionalidad teleológica integrada por un componente racional técnico, referido a la persecución de fines respecto de la interacción hombre-naturaleza, y otro, también racional, específicamente económico-estratégico, inherente a las relaciones recíprocas establecidas entre agentes económicos.

Al respecto, al autor de marras recuerda la visión saintsimoniana acerca del celo industrioso que impulsaría el bienestar de la sociedad, eliminando a la vez “la dominación de las clases improductivas”, moderándose de esta forma la conflictividad social. Por otro lado, también señala los grados de complementariedad, en cuanto a la temática alrededor de la racionalidad capitalista, surgidos de las concepciones de Marx y Weber [10].

En la visión de Gorz, la hetero-regulación espontánea de acciones serializadas llevada a cabo a través del funcionamiento mercantil no conlleva ningún tipo de sentido para los individuos, quienes dentro de este marco tienden a apuntar a la obtención de metas particulares en forma independiente, sin encontrarse integrados mediante algún lazo social, es decir actuando “a espaldas unos de otros”. Teniendo en cuenta sus logros exteriores, dichas modalidades de conducta implican una relativa coherencia, pero en tanto resultante del azar en la medida en que no presenta sentido ni finalidad, no operándose por lo tanto una auténtica integración de las voliciones particulares; el proceso hetero-regulatorio obedece a un organigrama, o programática organizacional, dispuesto a efectos de promover la realización de determinados actos por parte de individuos “incapaces de comunicarse y entenderse”, que acometen acciones colectivas inintencionadamente, con objetivos o metas prácticamente ignoradas, en el terreno de reglamentaciones diseñadas mediante un operativo de hetero-regulación programada.

ESTATISMO POLÍTICO-ECONÓMICO KEYNESIANO Y RELACIÓN ASALARIADA FORDISTA

En forma simultánea al apogeo de la revolución industrial en los países centrales, ya durante la segunda mitad del siglo XIX, se produjo cierta reacción universal de carácter colectivista frente al giro expansivo adoptado por la economía de mercado, resultando tal hecho una demostración palmaria del riesgo impuesto a la sociedad por el intento de aplicación del “principio utópico de un mercado autorregulador”, según Polanyi. La creación de un ámbito social protectivo deviene complemento forzado de dicho proceso teniendo en cuenta que, en definitiva, el factor que de alguna manera obligó a la intervención política en la esfera económica consistió en la emergencia de una instancia crítica, comprometedora de la misma permanencia del sistema que aparentaba demandar la autorregulación del funcionamiento mercantil, sirviendo la salida intervencionista a efectos de asegurar mínimamente la reunificación del cuerpo social, amenazado en su integridad por los efectos disolventes de los conflictos clasistas.  

Resguardando un espacio específico, y parcialmente compensatorio, frente al desmantelamiento institucional  moderno  operado sobre las estructuras protectoras del trabajador, según Castel, el liberalismo clásico ya había compatibilizado la creciente prescindencia estatal con cierta política social, al crear nuevas tutelas a efectos de reivindicar un significado -por entonces difuso- para el contrato laboral, “reconstruyendo lo extrasalarial en torno al salariado”, procedimiento equivalente a un plan de gobernabilidad política con el objetivo puesto en la recomposición del mundo del trabajo en términos de un sistema de obligaciones con raigambre ética Al respecto, Offe señala críticamente que la provisión de los recursos aportados por el conjunto de políticas sociales no debe depender de la caridad voluntaria, sino de la acción estatal orientada por un criterio no productivista, en cuanto manifestación poderosa del accionar colectivo.

El Estado constituye la instancia referencial inmediata y prioritaria en el área de la reproducción social, debiendo su accionar además apuntar al reconocimiento de las pautas elementales orientadoras de la interacción colectiva, tendientes a perduración básica del conjunto de prácticas sociales impuestas a través del proceso de hegemonización [11]. Asimismo, la eficacia relativa, y en ocasiones provisoria, de dicho mecanismo depende de la ubicuidad necesaria para que aquellas premisas prevalezcan en tanto expresión de intereses universales, dentro de una contextualización signada por tensiones estructurales derivadas de las dispares situaciones económicas de clase, equilibrando cierta medida las necesidades de la producción y aquellas otras correspondientes a la reproducción de los productores. En este sentido la vigencia del Estado de Bienestar expresó dicha compatibilización transitoria y su “implosión crítica” en la década de los años setenta propició el comienzo de un prologado proceso desintegrador, promotor reconstituyente de pautas e instituciones temporalmente dejadas de lado, lo cual condujo a la reconversión estatal y del ordenamiento social [12].

Frente al avance del régimen capitalista, los hombres y los recursos naturales debían protegerse de las consecuencias devastadoras de un mercado autorregulador, aunque también -paradójicamente- la misma estructura organizativa de la producción realizada bajo la égida mercantil debía resguardarse [13]. Las crisis cíclicas desatadas durante la vigencia del capitalismo libre-empresista “salvaje” se expresaban bajo el ropaje de cuestiones de índole económica debidas a la falta de solución ante problemas de autogobierno, de manera que las instancias amenazantes contra la integración sistémica constituían riesgos directos para el logro de la integración social; se trataba de crisis económicas originadas en el endoso de tareas integradoras al mercado, caracterizado éste por el funcionamiento de un  mecanismo relativamente alejado de la esfera política.

En este sentido, las crisis devendrían crónicamente recurrentes y cíclicas porque los inconvenientes sociopolíticos irresueltos por la carencia de una normativa estatal reguladora, engendrados durante fases medianamente regulares por el mismo proceso de crecimiento económico, generan un marco socialmente disolvente [14]. La relación de clases, en dicho contexto, se había institucionalizado, despolitizándose, sobre la base operativa del mercado de trabajo y, en la perspectiva habermasiana, el crecimiento económico evoluciona con un trasfondo de crisis periódicas cíclicas, en la medida en que la estructura de clases se desplaza y transfiere al sistema de autogobierno económico, traslado que convierte los conflictos emanados de los intereses antagónicos de clase en una “contradicción de imperativos sistémicos".

Históricamente el derecho social vigente, en las etapas marcadas por el denominado capitalismo liberal, correspondiente a la revolución industrial de las economías avanzadas, sólo incumbía a los sectores marginados, a los que -puntualmente- se les prestaba asistencia, al encontrarse apartados de los circuitos del intercambio llevado a cabo entre los “individuos autónomos”; de manera que tal derecho no debía inmiscuirse en la problemática inherente a la fragilidad presentada por la condición asalariada y la precariedad laboral, en definitiva por la vulnerabilidad del trabajo. En este sentido, siguiendo a Castel, el liberalismo de comienzos del siglo XX en Francia concebía el derecho al socorro como sucedáneo del seguro obligatorio, o cobertura social del trabajador, en términos de barrera opuesta a la extensión del mismo; evaluando dicha concepción, "la intervención del poder público sólo era legítima para hacerse cargo de esos casos límite, atípicos con relación a la condición del trabajador, que concernían a la asistencia".

Sin embargo, en determinadas coyunturas donde los requerimientos propios de un mercado autorregulador devienen incompatibles respecto de los presupuestos básicos concurrentes a un desarrollo pleno del principio simbolizado en el laissez faire, el patrocinador convencional de la economía liberal gira hacia una posición opuesta a la actitud dogmática no intervencionista, propiciando la adopción de los mismos métodos -proclives a la excesiva reglamentación y restrictivos- anteriormente vilipendiados como “colectivistas” [15]. Por otro lado, el capitalismo de organización, coincidente en términos relativos y temporales con la vigencia del Estado de Bienestar, evidenció un límite racional manifestado en su impotencia estructural para llevar a cabo un planeamiento de tipo incrementalista democrático [16]; en este sentido, una administración planificadora genera inevitablemente un déficit de racionalidad, manifestándose indicios que acreditan la necesidad, intrínseca al sistema capitalista, de una proliferación de elementos aparentemente opuestos al modelo de acumulación, a partir de la generalización de ciertos parámetros orientativos, constituidos en obstáculos para el ejercicio de un control de comportamientos en pos de su adecuación a dicho modelo.

La progresiva racionalidad económica otorgó una incidencia creciente a los subsistemas de autorregulación programada, en los que los instrumentos reguladores pueden responder, por un lado, a ciertas finalidades tendientes a motivar a los trabajadores en pos de objetivos extraños, proceso que requiere un poder vinculado a funciones jerárquicamente graduadas en torno de prestigio, dinero o seguridad, es decir mecanismos incitativos. Pero también existirían procedimientos mecanismos regulatorios de carácter prescriptivo, los cuales “obligan a los individuos, bajo penas de sanciones”, a asumir comportamientos funcionales, en términos generales reglamentados y formalizados, en orden a conductas demandadas por la organización empresarial. Gorz destaca al respecto que sólo los métodos de índole incitativa garantizan cierto tipo de integración funcional, desde el momento en que inducen a los individuos a prestarse de buen grado a la realización de una actividad instrumentalizada en forma predeterminada [17].

El conjunto de reconversiones sociales llevadas a cabo en las naciones occidentales durante la posguerra se afirmaba sobre tres fundamentos que, en la práctica, constituían en cierta forma el reverso de las condiciones de pauperización extrema características del capitalismo ultraliberal prefordista del siglo XIX [18]. Mediante la constitución de una norma de consumo de masas, la clase trabajadora se transformaba inéditamente en relevante agente consumidor, en la medida en que el esquema de organización productiva basado en el modelo fordista colocaba una canasta estandarizada de bienes al alcance de las masas, incorporados dentro de sus condiciones de reproducción social.

En tal sentido, el operario estabilizado en términos de su propio consumo privado reflejaba la contracara expresada en el trabajador manual disciplinado por el ritmo de la producción en cadena, el obrero de mameluco -o de “cuello azul”-, operario homogeneizado por el proceso industrial mediante la aplicación de la premisa mecanicista, inherente a la propia producción en masa, y simultáneamente masificado él mismo a través de un tipo de  consumo regimentado sobre la base de grandes series indiferenciadas. Esta figura del proletariado contrastaba nítidamente con el escenario decimonónico dominado por la omnipresencia del obrero crecientemente pauperizado y de una correlativa cultura obrera contestataria, forjada en la lucha autónoma clasista; bajo la vigencia del fordismo el núcleo del proletariado industrial tendía a devenir “espejo deforme de la clase media”, teniendo en cuenta la mutación de sus prácticas socio-reproductivas.

Por otro lado, el Estado bienestarista, de clara impronta keynesiana, fomenta la intervención pública con el objeto de combatir al subconsumo social, apelando para ello a políticas específicas destinadas a activar selectivamente la producción orientada al consumo colectivo. El eje paradigmático, que sostenía la decidida participación del Estado en la esfera de las relaciones económicas y sociales, resultaba justificado por la incontrastable falencia del mercado, considerado inhábil a efectos de generar automáticamente las condiciones básicas tendientes al logro de una menor inequidad de índole distributiva, al tiempo que incapaz para crear condiciones que acercaran a una situación de “pleno empleo”, enfrentando los factores determinantes del proceso de subutilización de la fuerza de trabajo.

Asimismo, implícitamente se llegaba a reconocer que el mercado no representaba justamente el mecanismo apropiado a fin de diseñar y transmitir los lineamientos directrices de la política económica en orden a la asignación y redistribución de recursos en el ámbito nacional. La concepción relativa a una supuesta armonía natural establecida mediante el funcionamiento pleno del mercado fue desplazada por la creencia acerca de la necesidad de la búsqueda de cierto grado de consenso entre los diferentes sectores sociales, a efectos de lograr un equilibrio irrealizable a través del pilotaje automático.

Teniendo en cuenta los realineamientos descriptos, las contradicciones sociales más explícitas y virulentas tienden a apaciguarse en la medida en que el contrato de raigambre keynesiana incorporaba a las principales organizaciones sindicales en el engranaje de las instituciones arbitradas estatalmente. Dicha configuración remite a una modalidad conflictiva relativamente normativizada, funcional al régimen de acumulación y de índole no esencialmente disruptiva, en el contexto de una interacción colectiva devenida gradualista y pragmática, abandonando en términos parciales su espontaneísmo o su ideologización. El Estado bienestarista promovía una estructuración de la sociedad en la que nuevos segmentos de estratos medios, relacionados con funciones intermediarias de servicios o de comercialización, coexistían con una clase obrera remodelada, incluida en el ámbito económico y en la cultura del consumo, consolidando la conformación de un núcleo estable de trabajadores administrativos y manuales, con niveles de seguridad e ingresos laborales suficientes como para garantizar la pacificación social.

Dentro de esta marco sociopolítico, asentado en un esquema económico reconvertido en términos de las contradicciones entre capital y trabajo, el aparato estatal -a fin de garantizar el mantenimiento de los acuerdos interclasistas- emerge en su función de actor relevante, sosteniendo el consumo social sobre la base de la reasignación del gasto público, orientado a la concreción de proyectos de inversión en obras infraestructurales o en servicios públicos, mientras los mismos no implicaran la reducción de los márgenes de beneficios y utilidades intangibles, correspondientes al excedente económico apropiado por el capitalismo privado. El Estado benefactor se reflejaba en una estructura social modelada en orden a cierta dinámica centrípeta integradora, que apuntaba hacia el logro de una situación de crecimiento sostenido y progresivo, movilizado por la visión optimista inspirada en la prédica keynesiana; ello conllevaba la creación de “identidades estabilizadas en grandes espacios colectivos a partir de una solidaridad pasiva tutelada por la idea de un Estado intervencionista moderadamente redistributivo”, siguiendo a Alonso.

El ámbito propiciado por dicha sociedad del bienestar, según dicho autor, tendía a promover una escisión ideológica radical entre el universo laboral y los factores condicionantes del proceso de pauperización, esferas que habían sido asimiladas mutuamente en el capitalismo decimonónico. El mundo del trabajo ingresaba en la trama urdida por la reconfiguración corporativista del modelo de acumulación, apoyada en las representaciones sectoriales de grupos de intereses bajo la mediación estatal, portando los sindicatos la voz cantante de las demandas del nuevo ciudadano social, el trabajador asalariado. En una etapa ulterior, nuevos movimientos sociales se constituyen en representantes de entidades extraeconómicas, contextualizadas en el sentido de expresión ciudadana, respecto de los requerimientos al margen de lo estrictamente material y demandados por nuevos segmentos de clase media urbana.

Sin embargo, en el otro polo de la estructura social las manifestaciones de pobreza y marginalidad aparecen como el foco residual, supuestamente ubicado en el reducto extralaboral y, debido a esta justificación, las luchas reivindicativas ya no tienen como eje al movimiento sindical y son trasladadas directamente al terreno estatal. En cuanto expresión emblemática de las falencias del mecanismo mercantil, la participación intervencionista del Estado, promotor de un asistencialismo activo, resultaba legitimado en función de un bien común hipotéticamente situado por encima de los intereses clasistas, bajo la figura del pacto entablado entre clases portadoras –en concreto- de intereses económicos contrapuestos o antagónicos. El funcionamiento estatal con orientación keynesiana devenía por lo tanto regulador-normalizador, mediante la generación de espacios desmercantilizados, propulsores de cierta relativa interiorización de aquellas consecuencias externas y de los efectos sociales perniciosos, paralelos y funcionales al crecimiento económico, característico de esta etapa del régimen de acumulación capitalista. Las formas regulatorias de raigambre keynesiano-fordistas progresaban en consecuencia dentro de un marco signado por un núcleo central estabilizado en virtud de la producción y el consumo masivos, los derechos asignados a la ciudadanía social y el usufructo de determinados servicios, por un lado, frente a una conformación periférica socialmente desregulada y relativamente desafectada de los circuitos prevalecientes de acumulación y reproducción social.

Durante el periodo de posguerra, “a impulsos del keynesianismo fordista, las políticas macroeconómicas asumían la responsabilidad por el problema de la ocupación mientras que los riesgos inflacionarios eran generalmente controlados en el plano de la microeconomía, mediante acuerdos entre empresas y sindicatos”. Se trataría entonces de una especie de sociedad salarial donde “el empleo de tiempo completo y duración indeterminada, con protecciones legales y buenas remuneraciones, se convertía en el dispositivo clave de distribución del ingreso y conformaba [cierta] dimensión social de la ciudadanía” [19]. El desarrollo del Estado de Bienestar forjó simbólicamente la imagen de una sociedad integrada en torno al universo laboral, enfrentando la eventualidad de riesgos implícitos en el mismo mediante una metódica -y estratégica- instrumentación de políticas crecientemente abarcativas del espectro reflejado por la problemática social considerada globalmente; este mecanismo conllevó el “paso de la afirmación de los derechos civiles, a los políticos y, finalmente, a los sociales” [20].


[1] BERIAIN, Josetxo (1996): La integración en las sociedades modernas; Barcelona, Anthropos, págs. 81, 83 y 92

[2] HABERMAS, Jürgen (2014), Teoría de la acción comunicativa, Madrid Trotta, volumen II (págs. 161/281)

[3] HABERMAS, Jürgen (1985): Conciencia moral y acción comunicativa; Barcelona, Edicions 62, pág. 157

[4] BERIAIN, J., ob. cit., págs. 87/89

[5] LUHMANN, Niklas (1998): Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general; Barcelona, Anthropos, págs. 37 a 44

[6] GRAMSCI, Antonio (1962): Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado moderno; Bs. As., Lautaro.

[7] BERIAIN, J., ob. cit., págs. 124-125

[8] GORZ, A., Metamorfosis, ob. cit., pág. 53

[9] citado por Castel, R., ob. cit., pág. 189

[10] OFFE, C.: ¿Es el trabajo una categoría sociológica clave?; en Offe, C., “La sociedad”, ob. cit., págs. 19-20

[11] GIDDENS, Anthony (1987): Las nuevas reglas del método sociológico; Bs.As., Amorrortu.

[12] GRASSI, Estela (1996): Políticas sociales e investigación antropológica; en Hintze, Susana, “Políticas sociales. Contribución al debate teórico-metodológico”, Bs.As. CEA-CBC (UBA).

[13] POLANYI, Karl (1997): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico; Madrid, La Piqueta/Endymion, pág. 218

[14] HABERMAS, Jürgen (1995): "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío"; Bs.As., Amorrortu, págs. 42-43

[15] POLANYI, K., ob. cit., págs. 242-243

[16] FUNKE, R., citado por Habermas, J., Problemas, ob. cit., pág. 86

[17] GORZ, A., Metamorfosis, ob. cit., pág. 55

[18] ALONSO, Luis Enrique (2000): Crisis de la sociedad del trabajo, exclusión social y acción sindical: notas para provocar la discusión; (c) Germania, S.G.S.L., Alzira - Comisiones Obreras.

[19] NUN, José (1998), El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal; Congreso Mundial de Sociología, Montreal.

[20] MURMIS, M. y FELDMAN, S., ob. cit., pág. 190

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