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17 Abril 2017
En el trasfondo de los procedimientos coactivos y represores de la gestión administrativa de la alianza “Cambiemos”, en la Argentina, no existiría una voluntad única, consciente y omnipotente, reflejando una especie de axiología maquiavélica desaforada. Se ha descartado enfáticamente el criterio conspirativo que asigna el crecimiento de los mecanismos punitivos -en la sociedad industrial moderna- a una iniciativa programada a priori, y promovida por actores poderosos, políticos y/o empresarios, junto a fragmentos estratificacionales variados, favorecidos de algún modo por la aplicación ampliada y potenciada del "castigo" hacia los colectivos de personas marginadas del funcionamiento neoliberal del mercado.
El sometimiento actual de la población económicamente activa, en condición de ciudadanos, a las desregulaciones del accionar del "capitalismo salvaje", a través del clásico laissez-faire, desempodera a la fuerza de trabajo de las protecciones sociales, laborales y previsionales, logradas en el pasado merced a derechos constitucionales adquiridos. La consecuente "desafiliación o exclusión" masivas de los grupos e individuos, respecto del núcleo minoritario de beneficiarios del "modelo" neoconservador, responde a un bagaje de medidas gubernamentales. Éstas se apoyan en ciertos consensos construidos en referencia a determinado "tipo de inseguridad", tal como aquel generado por la provocada por la gestión “macrista”. El gradual accionar estatal coercitivo-violento obedecería a procesos supraindividuales y supra-colectivos, los cuales devienen mutuamente conjugados a partir de una “filosofía política acéfala de tratamiento de las clases bajas, cuyos enunciados se vienen difundiendo de manera subliminal en las elites”.
La precarización sociolaboral en aumento se encuentra vinculada íntimamente, por ende, a una escalada creciente de las medidas represivas contra los segmentos sociales dañados, económica y culturalmente, por el "macrismo" . Existen muchos factores que generan sensaciones de fragilidad y ansiedad de los trabajadores precarizados, los cuales impactan severamente sobre la cotidianeidad regular de los mismos y sus unidades domésticas. A ello se le superpone la ausencia de respuestas concretas del gobierno ante sus justos reclamos, “dejar hacer” rematado con políticas de amenazas y amedrentamientos basados en usos de la violencia verborrágica y física.
Los Estados “neoliberales” fomentan la flexibilidad ocupacional, en pos de facilitarles a los sectores empleadores ventajas económicas fundamentales, con el propósito de que las empresas utilicen a la mano de obra arbitraria y discrecionalmente, bajo el eufemismo de alcanzar niveles superiores de productividad, por vía del recorte de costes laborales. En aras de multiplicar sus ganancias, el capital emplea, explota, y cesantea a la "mano de obra" disponible, mediante cada vez menos regulaciones estatales, deviniendo entonces una proclividad hacia la naturalización de las inserciones ocupacionales vulnerables.
Resulta una perogrullada sostener que la precariedad creciente del empleo conduce -por lo general- a un progresivo proceder estatal coactivo frente a las masas mayormente empobrecidas de la sociedad. Al respecto, más allá de los guarismos de la desocupación indicados oficialmente, es imprescindible -a fin de abarcar la problemática laboral en su conjunto- las ponderaciones sobre la población activa subempleada, y/o inserta en mercados informales, y el desamparo de millones de jubilados. Los requerimientos acuciantes de la supervivencia material impulsan a las personas a aceptar puestos de trabajo denigrantes y humillantes, y hasta realizar actividades delictivas.
Se ha señalado que “el encarcelamiento es una técnica de regulación de la marginalidad: se encierran a quienes no tienen actividad lucrativa o cuya actividad económica es ilegal… La gran mayoría de los profesionales del tratamiento institucional de la violencia rechazan atacar las causas genéricas de la delincuencia, como son la precariedad del empleo, la disminución de las garantías laborales y sociales, las restricciones en cuanto al acceso a la salud y las discriminaciones educativas… La pobreza del Estado social en el marco de la desregulación necesita y exige la grandeza del Estado penal..."
Lutz, Bruno (2013): Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social [Wacquant]: Espiral ; Estudios sobre Estado y Sociedad, volumen XX – N° 57, “Reseñas” 179
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