DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL E INSERCIÓN LABORAL DE LOS INMIGRANTES MAGREBÍES EN FRANCIA [I] - Juan Labiaguerre

            El incremento súbito producido en tiempos recientes por las migraciones internacionales, constituye un factor crucial en gran parte de las transformaciones sociales contemporáneas de la “aldea global”, dado que representan una resultante del giro trascendental debido al proceso de mundialización, y a la vez un elemento potencial clave de mutaciones futuras, en el seno de las naciones receptoras como, así también, al interior de las sociedades de origen de los emigrantes. Las repercusiones de dicho fenómeno atañen al ámbito económico, pero asimismo tienden a alterar las relaciones entre los países, las esferas socioculturales y las cuestiones políticas locales. La intensificación de los mecanismos migratorios deriva ineludiblemente en una progresiva heterogeneidad étnica, modificando las identidades mediante la desfiguración de los convencionales límites fronterizos entre diferentes naciones.

            La proclividad de los vínculos característicos de la “globalización” del mundo actual a abarcar el conjunto de áreas geográficas y todas las comunidades y, simultáneamente, promover discriminaciones entre distintos colectivos étnico-sociales, remite a que algunos grupos “se convierten en miembros de pleno derecho en el nuevo orden global, mientras otros quedan marginados” [1]. La problemática esencial de nuestros días, correspondiente a la dinámica dialéctica inclusión-exclusión, ocupa un lugar nuclear dentro del cúmulo de contradicciones emergentes hacia finales del siglo. En el renovado ordenamiento socioeconómico, tiende a extinguirse el ámbito propio de la producción comunitaria y doméstica de subsistencia, siendo el mismo sustituido por la participación en los mercados regionales subcontinentales o mundiales. Ello conduce a que “los individuos y grupos que cumplen con las características necesarias para adecuarse a los mercados globales, ya sea a través de bienes laborales, de capital o culturales, son incluidos en el orden global como ciudadanos, con derechos civiles, políticos y sociales”, mientras que aquellos otros que no lo hacen resultan excluidos y, en ciertas ocasiones, se les niegan los derechos más elementales, tales como el correspondiente al trabajo y a la mera sobrevivencia material [2].

            Cabe señalar que la mayor parte de los procesos migratorios es generada en torno de “redes sociales transnacionales que vinculan a familias y comunidades a través de grandes distancias. Las cadenas migratorias, una vez comenzadas, pueden evolucionar de formas impredecibles”. Cualesquiera sean las intenciones originales de los emigrantes, los empresarios y los gobiernos, las migraciones suelen conducir a la reagrupación de las familias, a la creación de asentamientos poblacionales y a la formación de nuevos grupos étnicos en los países receptores [3]. Dentro de aquellos países de los que salen los flujos migratorios, las comunidades y grupos familiares locales sufren transformaciones profundas que suelen dejar evidentes secuelas, ya que la emigración comprende un aspecto que refiere a una disgregación de las estructuras socioeconómicas tradicionales, producto del advenimiento de la globalización. En el otro polo, las regiones receptoras de emigrados sufren también cambios drásticos, porque la radicación de ellos ocasiona transformaciones económicas y eventuales vuelcos de valores sociales y culturales. En muchos casos, los inmigrantes experimentan la exclusión en este orden, motivada por su ubicación estratificacional y/o violaciones de sus derechos, a partir de conductas discriminatorias llevadas a cabo por la sociedad “de acogida”.

             El mecanismo inherente a los procesos de marginalidad y exclusión sociales sería resultante del accionar de fuerzas anónimas del mercado, por lo que los individuos, las instituciones y el propio Estado no asumen “responsabilidad alguna por esta evolución, que podría arrastrar a millones de personas a la pobreza. El triunfo del mercado, tanto a nivel nacional como internacional, significa que muchos gobernantes ya no ven las grandes desigualdades como un problema, sino como algo esencial para la eficacia del sistema económico [4]. 

            Castles refiere que “la contradicción entre mercados y Estados es sumamente acusada en el ámbito de las migraciones internacionales. Los países de origen suelen oponerse a la emigración de profesionales altamente cualificados, denunciada como fuga de cerebros y como una pérdida de las inversiones en educación. Los empresarios en los países receptores, al contrario, se apresuran a dar la bienvenida a los inmigrantes cualificados. Para quienes no tienen formación, ocurre lo contrario. Los gobiernos de los países de origen los estimulan a abandonar el país, ya que ello significará el envío de remesas desde el exterior y un alivio de la presión social. Los gobiernos de los países receptores son cada vez más reacios a admitir trabajadores inmigrantes no cualificados, si bien hacen la vista gorda ante las permanencias ilegales cuando tienen necesidad de mano de obra” [5].

             Dentro del espacio geográfico correspondiente a la mayoría de las naciones occidentales industrializadas existen, hoy en día, minorías étnicas constantemente renovadas o relativamente expandidas, originadas en el devenir de los flujos inmigratorios durante el último medio siglo. En numerosas oportunidades los descendientes de los inmigrados continúan careciendo del derecho a obtener la carta de ciudadanía, aunque hubieran nacido en el país receptor; por otro lado aquellos que son ciudadanos, inclusive, muchas veces sufren discriminación debido a su pertenencia étnica o religiosa.

             El recrudecimiento de los movimientos anti-inmigratorios, generalmente dotados de componentes ideológicos de claro tinte racista, constituye una expresión crecientemente generalizada, siendo su móvil latente el temor en aumento frente a “las alteraciones provocadas por la globalización y la reestructuración económica. Los inmigrantes se han convertido en blanco porque constituyen el símbolo más visible de estos cambios, mientras las verdaderas causas, en las que es difícil influir, son invisibles y complejas. Muchos de estos grupos contra la inmigración son esencialmente movimientos de identidad basados en los mitos de sociedades homogéneas y autónomas” [6].

             Asimismo, la situación discriminada que viven las minorías étnicas nuevas alimenta la búsqueda del rescate de la propia identidad cultural colectiva, fenómeno factible de canalizarse a través de dos modalidades diferenciadas. En este sentido, tanto el separatismo como el integrismo provendrían de las condiciones de aislamiento y de estigmatización racial. En cambio, otra alternativa consiste en la promoción en ciertas sociedades democráticas en pos del reconocimiento de “la igualdad de derechos y la pertenencia a un grupo cultural distinto”, tal como por ejemplo se pretende que acontezca -aunque por el momento en vano- con los jóvenes de procedencia magrebí residentes en suelo francés, lo cual apuntaría –de lograrse ello alguna vez- a la reivindicación de una nueva ciudadanía motorizada por un encuadre participativo y de apertura cultural.

            El gobierno galo declaró que un objetivo primordial de su política social reside en asegurar que los extranjeros que ingresen al país, con el fin de reunirse con sus familiares, “se integren con éxito, y que la identificación de migrantes particularmente vulnerables, como los jóvenes y las mujeres”, constituía un prerrequisito vital en términos de esa integración. Además, el gobierno de dicha nación proclamó haber implementado medidas específicas al respecto en momentos claros de su política “integradora”, destinadas fundamentalmente a conseguir la asimilación de los miembros de la familia [7]. Sin embargo, y pese a tal proclamación de principios, la realidad expresada en la convivencia poliétnica francesa demuestra un panorama notoriamente

            El tratamiento de la compleja cuestión referida a la situación de la población extranjera en Francia remite a la vigencia de varios problemas cruciales y mutuamente interdependientes, aunque enunciables en cierto orden de generalidad decreciente. En primer lugar, deben señalarse los efectos potenciales -en el largo plazo- de las inequidades, en proceso de progresivo aumento, entre las naciones en la órbita mundial, en términos de la distribución de la riqueza y de las tasas de crecimiento económico y demográfico. Este devenir deriva hacia el interrogante acerca de la tesitura de los medios a través de los cuales resulta factible morigerar las consecuencias de tan grave inconveniente, que el conjunto de países subdesarrollados y periféricos plantea a la comunidad internacional globalizada. Además, surge la pregunta en el sentido del futuro de “las grandes migraciones internacionales, cuya causa son las desigualdades antes citadas” [8].

            Finalmente, teniendo en cuenta que la presencia de fuerza de trabajo extranjera en Francia representa una señal de que la división entre regiones económicamente desarrolladas y empobrecidas se reproduce al interior del propio espacio territorial, emerge la inquietud con relación a cuáles serán sus últimos efectos sobre el equilibrio social local. En consecuencia, se alude a la necesidad imperiosa de planificación de una estrategia política específicamente abocada a la problemática migratoria. Por otra parte, cabe destacar que “en muchos aspectos, los extranjeros en Francia sólo son casos particulares o límite de categorías más generales: las de los pobres o inadaptados” [9].

            La mera letra escrita de determinado texto legal, o de una normativa jurídica precisa correspondiente a las reglas de contratación de trabajadores inmigrados, se ve fuertemente relativizada frente al “espíritu” concreto mediante el cual se aplican las disposiciones formales. En este aspecto, “la imagen, casi siempre falsa, que la sociedad se hace de los extranjeros se encuentra en la mentalidad de la gente que efectivamente tiene que vérselas con ellos”, de modo que la figura estereotípico-cultural tiende a prevalecer sobre la apreciación objetiva, o al menos la condiciona en gran medida. De manera que para que un texto formal devenga operativo, resulta imprescindible que el espíritu de los ejecutores de las indicaciones del mismo sea acorde con su contenido sustantivo, que la estructura en la cual se aplicará no resulte esencialmente opuesta a dicha aplicación y que aquellos a los que se destine estén suficientemente informados sobre sus objetivos [10].

             El análisis aislado de las disposiciones legales que regulan el tránsito de trabajadores extranjeros hacia, y dentro de, Francia conduce a una apreciación equivocada en cuanto a su situación real; inversamente, “toda disposición creada en favor de los trabajadores extranjeros, en materia de ayuda social o para promover la igualdad con los franceses, se comprobará inoperante si no se estudia de forma realista su aplicación”. Es decir que en ese país no existe una política inmigratoria específica, sino un cúmulo de intentos normativos ambiguos, resultantes difusos de la puesta en juego de intereses contrapuestos [11].

             Puede señalarse, mediante una visión retrospectiva, que a comienzos de la posguerra, en señal de respuesta frente a “la organización estrictamente patronal de la inmigración” que había prevalecido en las instancias previas a la segunda conflagración mundial del siglo XX, y debido a la coacción del sindicalismo y del Partido Comunista Francés en esa dirección, a la que se adicionó la presión de corrientes natalistas, el gobierno decidió administrar a nivel nacional la cuestión migratoria. Fue creada entonces la Oficina Nacional de Inmigración (O.N.I.), la cual detenta “el monopolio de la introducción de trabajadores extranjeros y de sus familias”. Este organismo se encuentra dirigido por un representante estatal, agrupando a un consejo de administración paritario, formado por los sectores patronales y sindicales [12].

             Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el general De Gaulle promovió una política inmigratoria fluida y relativamente flexible, acorde con la imperiosa necesidad de reconstruir un país socialmente devastado y económicamente arruinado por la contienda bélica, a efectos de lograr la recuperación de la pujanza patriótica renacida a partir del reestablecimiento constitucional de la IV República Francesa. Bajo esa orientación, el conjunto de fuerza políticas y sindicales se unió en torno a la realización de ese proyecto, apoyo que permitió a la O.N.I. asumir la “misión de seleccionar e introducir una población equilibrada y asimilable a fin de preservar la cohesión nacional” [13].

              En el orden fáctico, el periodo comprendido entre los años 1955 y 1973 se caracterizó por la vigencia de una apertura fronteriza que propició una inmigración de tipo salvaje, dentro de un contexto internacional donde “la formidable expansión económica del mundo occidental desencadenó un profundo movimiento migratorio proveniente de países mediterráneos subdesarrollados”. Este proceso respondió a una tendencia generalizada al interior del occidente europeo, que operó sobre la base de un modelo compartido por diferentes países del área, originado en las demandas de sus sistemas económico-productivos, las cuales prevalecieron a la hora de cotejarlas con el seguimiento de otros principios, de raigambre ética, o de valorizaciones socioculturales. Debido a tal emergencia, los gobiernos -mediante su abstinencia participativa- admitieron de hecho pasivamente, como si no estuvieran informados al respecto, la concreción de notorias irregularidades en las prácticas del asentamiento territorial de poblaciones extranjeras. La política del laissez faire de facto ocasionó un intenso aglutinamiento de masas desarraigadas, en los suburbios de los centros industriales, en condiciones habitacionales paupérrimas y situaciones sociolaborales y económicas infrahumanas, cubiertas por el amparo de una especie de “ilegalidad oficial” [14].

             Particularmente en Francia, los nuevos contingentes de inmigrantes comenzaron a tener como lugar de origen países crecientemente distanciados geográfica y culturalmente, teniendo en cuenta que la progresiva modernización de los métodos técnico-productivos requería la afluencia de mano de obra cada vez menos cualificada ocupacionalmente. Es así como la fuerza laboral portuguesa, española, italiana y polaca, entre otras europeas, fueron cediendo el paso a aquellos provenientes del Magreb, argelinos en una primera instancia, y marroquíes y tunecinos en una fase posterior. Corresponde destacar que, sólo en el lustro 1966-1970 ingresaron a suelo francés aproximadamente 740.000 trabajadores extranjeros, pero aquí se trata de una población estimada en términos de su mayor grado de foraneidad, de acuerdo a los parámetros culturalmente evaluativos de gran parte de la sociedad nativa. Tal apreciación obedeció a que cerca de un 40% de dicha inmigración estaba compuesta por africanos, al mismo tiempo que se producía un movimiento migratorio interno, procedente sobre todo de las Antillas [15]. 

              El objetivo de la O.N.I. consiste en el “control de la inmigración ejercido conjuntamente por el Estado, el patronato y los representantes obreros”, reservándose el gobierno el manejo de fondo de los equilibrios económicos y demográficos en el ámbito nacional, aunque a través de la supuesta vigencia de cierto mecanismo automático de arbitraje, en torno a una dinámica signada por la existencia de conveniencias sectoriales relativamente irreconciliables. Asimismo, en términos de la política demográfica en un sentido general, el proceso migratorio deviene funcional a efectos de promover la neutralización de la tendencia hacia la baja natalidad y al creciente envejecimiento de la población que afecta al país desde hace más de un siglo [16].

             El logro de tales metas estratégicas, trazadas a priori, tropieza sin embargo con una serie de obstáculos de diferente índole. Por un lado, factores de carácter político determinan que las asociaciones sindicales y las organizaciones empresariales, empleadoras de mano de obra, presenten requerimientos divergentes en orden a la evolución de los flujos migratorios laborales. Las agrupaciones integradas por las patronales constituyen, fundamentalmente, entidades demandantes de fuerza de trabajo “tan dócil y cualificada como sea posible”. Desde la perspectiva de los intereses representados por los sindicatos, en cambio, la corriente inmigratoria potencialmente conlleva un elemento fragilizador del posicionamiento de diversos estratos obreros, en la medida en que los trabajadores migrantes tienden a conformar un ejército de reserva a disposición, de manera discrecional y habitualmente abusiva, de los sectores capitalistas locales. Además, un componente suplementario del debilitamiento del poder negociador de la clase obrera, en su conjunto, radica en el índice reducido de foráneos afiliados a las organizaciones gremiales [17].

             Por otra parte, el contexto de la guerra fría -que removió a los comunistas franceses a la oposición política-, ocasionó el declive en la incidencia de los acuerdos paritarios, razón por la cual desde fines de la década de los años cuarentas el tratamiento de la cuestión inmigratoria comenzó a realizarse de modo “subterráneo”. A dicho proceso debe agregarse un factor de carácter pragmático, dado que el procedimiento de ingreso de mano de obra a través de la O.N.I. se destaca por su morosidad, no denotando una operacionalidad ejecutora suficiente a fin de adecuar la dimensión de los trabajadores inmigrados a las demandas variables del aparato productivo en Francia. A partir de tal lentitud burocrática, se genera en consecuencia una progresiva e incontrolable “importación clandestina” de fuerza laboral [18].

 

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[1] CASTLES, Stephen: Texto del discurso inaugural presentado en la reunión del Consejo Intergubernamental del MOST, 16/06/97

[2] CASTLES, S., ídem. El expositor añade que “las migraciones internacionales están estrechamente vinculadas a estos procesos de inclusión y exclusión. Desde 1945, y especialmente desde los años setenta, se ha producido un aumento de los movimientos internacionales de población que abarca todas las regiones geográficas. Las personas pueden desplazarse a un país vecino, o viajar hasta el otro extremo del planeta. Pueden ser trabajadores y profesionales migrantes o refugiados. Un número cada vez más importante de migrantes económicos y refugiados son mujeres. Aunque los expertos intentan distinguir entre las diversas categorías, esto no siempre es posible, puesto que las motivaciones de quienes emigran son complejas y multidimensionales”.

[3] CASTLES, S., ídem. Se señala asimismo que “actualmente, el número de personas que viven fuera de sus países de origen supera con creces los 100 millones. De éstos, unos 20 millones son refugiados. Ésta no es más que una pequeña proporción de la población mundial y, sin embargo, las migraciones tienen un efecto mucho más amplio de lo que esa cifra sugiere”.

[4] CASTLES, S., ídem. Al respecto, se indica que “aunque no exista una fuerza central que gobierne la economía mundial, quienes se atreven a impugnar la racionalidad del nuevo mercado se exponen a graves sanciones. Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se han convertido en poderosos resortes para la creación de economías de mercados abiertos en 80 países. Estos programas han obligado a los gobiernos a abandonar las políticas de protección de las condiciones de vida de sus pueblos, y esto ha arrojado como resultado unas condiciones de empleo no reguladas, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar y un aumento del desempleo”.

[5] CASTLES, S., ídem

[6] CASTLES, S., ídem

[7] Informe III (1B) - Trabajadores migrantes - Capítulo 6, OIT. Conferencia Internacional del Trabajo 87.a reunión (Ginebra, junio de 1999). A ese espíritu responde el Acuerdo Marco de fecha 22 de noviembre de 1993 entre los Ministros de Asuntos Sociales, Salud y Urbanismo y el Fondo de Acción Social para trabajadores migrantes y sus familias.

[8] CAMALE, Paulette y Pierre: Trabajadores extranjeros en Francia; Vizcaya, Zero, 1972, pág. 5

[9] CAMALE, P. y P., idem

[10] CAMALE, P. y P., ídem, pág. 7

[11] CAMALE, P. y P., ídem, págs. 7-8 y 11

[12] CAMALE, P. y P., ídem, pág. 11

[13] BOCKEL, Alain, ob. cit., págs. 49 y ss.

[14] BOCKEL, A., ídem

[15] BOCKEL, A., ídem, págs. 51-52

[16] CAMALE, P. y P., ídem, pág. 12

[17] CAMALE, P. y P., ídem

[18] Desde la década de los años cincuenta aumentó, en términos relativos, el peso de las inmigraciones pasajeras en desmedro de las estables. Debe considerarse, asimismo, que el devenir de las crisis en las ex-colonias francesas condicionó la problemática referida a las áreas jurisdiccionales, hecho que derivó en la coexistencia de estatutos legales alternativos y de vigencia simultánea (Camale, P. y P., ídem, págs. 12-13)