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5 Julio 2017
El desempleo refleja un desfase cuantitativo, pues la demanda de fuerza de trabajo, por los costes generales que ella insume, es relativamente pequeña o, siguiendo un criterio alternativo, “la oferta es demasiado grande”. La explicación dada por muchos dirigentes políticos se atiene a la primera interpretación debido que, en la era postkeynesiana, la única salida factible consistiría en la reducción de los <gastos> laborales, incluyendo los extrasalariales, y/o en mejorar los incentivos económicos empresariales. Ambos procedimientos, a la postre mutuamente imbricados, apuntan a que los inversores generen fuentes de empleo en el ámbito local, incrementando su demanda de mano de obra, al margen de las implicaciones que tal política representaren en el aspecto distributivo [Offe].
Cabe contrastar aquí el antedicho posicionamiento teórico con la visión de Luhmann, para quien la función de estabilización -dentro de la evolución social general- se lograría mediante la diferenciación de los sistemas sociales, hecho que permite mantener y reproducir los avances en el marco de sistemas diferenciados y entornos particulares.
Los mecanismos integradores, en las sociedades modernas, pueden clasificarse de acuerdo a tres instancias alternativas. El procedimiento estructurado opera mientras existe una generación, simultánea y coordinada, de diferenciación e integración; en contraste con el modo anterior, cuando los componentes disgregadores son elevados, al mismo tiempo que se reducen los “inclusivos”, devienen disfunciones, comportamientos anómicos y pérdida de sentido e identidad; finalmente, en la medida en que este último proceso es invertido en sus dos términos surgirían “outputs funcionales suboptimales, rutina y conformismo cultural”. En este último contexto, la solidaridad, la identidad y la autonomía aparecen como el fundamento de legitimación social de variadas formas de legitimación social, más allá del cálculo egoísta de beneficios. Ambas orientaciones sociales básicas de la acción -el mercado y el discurso, el poder y la identidad- delimitan lógicas de acción colectiva, diferenciadas, que persisten conflictivamente y que coexisten como dos dimensiones de un mismo portador de acción colectiva, dentro de una lógica social dual [1].
Debe tenerse en cuenta que las sociedades tradicionales garantizaban su reproducción, resguardando su propia identidad, a través de economías aseguradoras de su autosubsistencia material. La transición histórica hacia la modernidad, ubicada entre la reforma protestante y la revolución industrial, significó la evolución de formas culturales extrañas a su encerrado <mundo de la vida>. Finalmente, la industrialización genera la confrontación directa entre la racionalidad del sistema económico y la cultura comunitaria tradicional, cuyos valores tienden a neutralizarse por el avance de aquél.
Luhmann indica que las sociedades modernas avanzadas establecen una diferenciación funcional con relación al principio de estructuración social: en referencia a ellas, es aplicado cierto esquema diferenciador entre sistema y entorno, en el cual la sociedad es visualizada en términos de unitas multiplex y puede realizarse una descripción compensatoria, desde el ángulo de los efectos no deseados del proceso de diferenciación. Se parte, en consecuencia, del análisis del entorno de los sistemas -sociedad- en cuanto “sistema más omniabarcante de las comunicaciones posibles, y del entorno natural, considerado como externalidad no-social”; dentro de este enfoque, los subsistemas no funcionales de una concepción holista de la sociedad están constituidos por “la contingencia, la seguridad ontológica y la angustia”.
Según la concepción sistémico-funcional, la fijación de límites frente a las actuaciones dispersas constituye el requisito más relevante en orden a neutralizar los efectos de la diferenciación entre los elementos que conforman el sistema. Desde una óptica “científica”, puede aparecer de un modo ambiguo o confuso la forma de constitución de aquellas limitaciones, aunque esa viscosidad no legitima la consideración de la demarcación de los sistemas, en función de una <mera determinación analítica>. Aquel acotamiento subordinaría la operatividad potencial del mismo, a partir de una “perspectiva dinámica del desarrollo”, por cuya vía aquellas limitaciones permiten rendimientos crecientes. Debido a ello, un mero observador puede percibir, más allá de las marcadas diferencias, cierta <continuidad entre sistema y entorno>, lo cual opaca las acciones colectivas signadas por algún tipo de mecanismo socializador [Luhmann].
Las sociedades modernas avanzadas evolucionan dentro de un marco de diferenciación funcional, que opera mediante la fragmentación y la indiferencia hacia el entramado de lazos de índole comunitaria. No obstante ello, perduran elementos compensatorios que propenden a cierta articulación segmentaria de la interacción social, bajo la figura de reclamos, de orden territorial y muchas veces de carácter simbólico, que apuntan a la “construcción o recuperación de la identidad” [2].
A partir de una teoría funcionalista, se indica que existe una diferencia constitutiva entre elemento y relación, teniendo en cuenta que debiera concebirse la unidad de la diferencia como constitutiva. En este sentido, cualquier elemento poseería alguna vinculación relacional, de manera que no existen relaciones carentes de elementos. La descomposición de un sistema implica la formación de sistemas parciales dentro de aquél, los cuales obedecen a relaciones internas, conllevando la descomposición en elementos y relaciones. Es decir que, según este enfoque, la complejidad equivale coacción hacia la selección en términos de contingencia o riesgo. Tal proceso selectivo ubica y califica los elementos, aun en el caso de que para éstos deviniesen factibles otras relacionalidades alternativas, mientras la contingencia alerta acerca de la eventualidad de falencias incluso en las formaciones más favorables. Por ende, de una capa inferior de unidades semejantes podrían formarse sistemas totalmente diferentes; la teoría abstracta de la relacionalidad compleja se conecta con las explicaciones teóricas de la evolución y de los sistemas, remitiendo a la distinción entre sistema y entorno, que comprende a las "condiciones evolutivas de la aptitud de sobrevivencia" [Luhmann].
Los mecanismos integradores en las sociedades modernas plantean la cuestión de la preservación de la unidad, dentro de un compuesto heterogéneo, por lo que deben considerarse las distintas formas que asumen los cambios que afectan la estructura de aquéllas. Diversos análisis al respecto fueron realizados desde perspectivas divergentes, teniendo en cuenta que los factores diferenciadores fueron sucesivamente atribuidos a la división del trabajo industrial en Durkheim, al incremento de la capacidad adaptativa de acuerdo al enfoque parsoniano, al distanciamiento entre pasado y futuro en la visión de Kosselleck y a la “complejidad sistémica” según la elaboración conceptual citada de Luhmann, entre muchas otras interpretaciones.
El acceso a la modernización social conlleva la emergencia de <identidades diferenciadas>, en las cuales la producción social del sentido es la resultante de la unidad basada en graduales fraccionamientos, que operan simultáneamente [3]. Bajo dicha contextualización, el todo sólo resulta significante ocasionalmente aunque, sin embargo, el mismo cristaliza al interior de un conjunto de manifestaciones simbólicas, y en el marco de ciertas dinámicas emanadas del proceso de autorregulación cultural, política y económica de la sociedad mundial. En este contexto de imprevisibilidades, el proceso de integración alude a aquellas modalidades cualitativas que giran en torno del ordenamiento y estructuración de las relaciones sociales, cuyas contrapartidas equivalen a la desorganización y disgregación, en términos de ciertos “estados deficitarios y patológicamente estructurados y organizados”. El proceso de desintegración se basa en que las diversas esferas de la vida cotidiana tienden a fragmentarse, dificultando la comprensión de un mundo unitario. Ello provoca una crisis de sentido, debido a que la sociedad es desdoblada en compartimientos que generan una especie de “politeísmo funcional”, modelador estructural de la conciencia colectiva contemporánea [4].
En consecuencia, serían proclives a proliferar vivencias específicas condicionadas por dinámicas centrífugas, proclives a la generación de incompatibilidades -paradójicas- conducentes a estados de permanente amenaza, debido a la omnipresencia del riesgo, como si dichas situaciones respondieran al designio de una contingencia inherente a la posibilidad del orden y, por tanto, del caos. A través de este mecanismo se conforman sistemas parciales que progresivamente se aíslan de manera recíproca, escisión producida por un gradual proceso de autonomización, motivo por el cual ya no existiría ninguna instancia referida a alguna racionalidad metasocial apropiada a la realidad compleja del universo social: la autorreferencia de los distintos ámbitos incuba, en tanto consecuencia perversa, la absolutización de la indiferencia frente al resto del entorno, conformado a su vez por campos diversificados desde el punto de vista funcional.
Una sociedad determinada pierde su identidad cuando las nuevas generaciones dejan de reconocer ciertas tradiciones, las cuales han tenido un carácter fundacional y constitutivo en el pasado. Por otro lado, el concepto de crisis remite a una vinculación entre integración social, esfera donde los sistemas sociales constituyen representaciones simbólicas de determinado modo de vida, e integración sistémica, plano en el cual aquellos sistemas emergen en términos de capacidad para mantener su patrimonio y sus limitaciones, mediante el control de situaciones inestables y complejas. A través de la integración social adquieren significado compartido las estructuras normativas, compuestas de valores e instituciones, mientras que "bajo el aspecto sistémico tematizamos, en una sociedad, los mecanismos del autogobierno y la ampliación del campo de contingencia" [5].
La concepción habermasiana sobre la acción comunicativa, alejada del eje paradigmático construido alrededor de la teoría materialista de las clases sociales, considera la estructura de las sociedades modernas, así como también su dinámica, no en tanto efecto de la oposición arraigada en el ámbito productivo, sino en orden a la confrontación entre subsistemas de acción racional-teleológica, mediatizados por factores referidos al poder y el dinero, y cierto mundo vital desacoplado de dichos sistemas, a la vez que dotado de sentido propio. Además, a través de este horizonte alternativo de análisis se avizoran nuevas modalidades de conflictos sociales y políticos, el acrecentamiento de los cuales Raschke caracterizó en términos de un pasaje desde un paradigma político de la distribución hacia otro centrado en el modo de vida.
La evasión no es asimilable directamente al fenómeno de la precariedad laboral, sino que constituye una decisión racional, a partir de la cual son estimados los costes y beneficios inherentes al cumplimiento de normas regulatorias, cuyos costos representarían un motivo, de raigambre <institucional>, del pasaje a la informalidad. Respecto de las causas estructurales, el análisis de la evolución del mercado laboral, desde la perspectiva centrada en el contexto del modelo sustitutivo, como así también considerando el aperturismo hoy vigente, la economía perdió su capacidad en orden a la generación de empleos productivos y las ocupaciones informales han proliferado en distintos sectores.
Desde una visión alternativa, contrapuesta a esta perspectiva, los factores institucionales causantes de la informalidad procederían del mismo formato conformado a partir de una lógica “corporativista” del sistema político, teniendo en cuenta los intereses específicos surgidos a la sombra del régimen orientado por la sustitución de importaciones. Este enfoque de tinte liberal sostiene que las legislaciones laboral y fiscal, junto a la panoplia de regulaciones que impusieron gradualmente obstáculos burocráticos y erogaciones crecientes, para el establecimiento formal de los emprendimientos económicos, habrían resultado producto de ese “pacto corporativo”.
El concepto de economía informal nación en el Tercer Mundo, a partir de una serie de estudios acerca de los mercados laborales urbanos en África [...] En su informe a la Organización Internacional del Trabajo, Keith Hart postuló un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana, basado en su mayor parte en la distinción entre empleo y autoempleo [Portes].
Posteriormente, en el marco de la OIT, “se redefinió la informalidad como sinónimo de pobreza. Se estableció que la economía informal se refería a una manera urbana de hacer las cosas, caracterizada por: a) bajos requerimientos de admisión en términos de capacitación, capital y organización; b) empresas familiares; c) operaciones en pequeña escala; d) producción de trabajo intensivo con tecnología anticuada; e) mercados competitivos y desregulados”.
Cabe indicar que el estudio de la informalidad transitó, en la década de los años setenta, una etapa superadora respecto del anterior enfoque analítico, centrado en el fenómeno de la marginalidad urbana, propio de una época en la que las economías periféricas, sobre todo latinoamericanas, todavía manifestaban una relativa dinámica <modernizadora>. Posteriormente, la crisis financiera internacional condicionó cierto replanteo teórico -con relación al formulado originalmente- por parte del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), así como también redundó en la reconceptualización y profundización de algunas interpretaciones neomarxistas [Pérez Sáinz].
El sector informal comprendería el conjunto de actividades que brindan algún tipo de rédito o ganancia, no reguladas estatalmente, al interior de un contexto social en el cual existe una regulación en torno a actuaciones semejantes [6]. La informalidad también refiere a aquellas acciones de los agentes económicos que no se adhieren a las reglas institucionales establecidas o que no entran bajo su protección [7].
Bajo esta última concepción, se alude al término genérico “economía subterránea” para abarcar el incumplimiento de normativas legales dentro de determinadas áreas de la esfera económico-productiva. Dicha expresión remite a la ilegalidad (actividades sancionables jurídicamente), acciones no declaradas (evasión de reglas fiscales), economía no registrada (elusión de información requerida por entes estadísticos oficiales) e informal propiamente dicha. Ésta conlleva un proceder que pretende ahorrar costes, haciendo caso omiso al marco protectivo ofrecido por la legislación vigente, con respecto a las relaciones de propiedad, las licencias comerciales, los contratos laborales, incumplimientos, créditos financieros y sistemas de seguridad social [8].
El componente sustancial que distingue la informalidad de los procedimientos característicos del sector formal no radica en el carácter del producto final, sino en los modos a través de los cuales el mismo es fabricado y/o comercializado [9]. Dichas modalidades adoptan tres perfiles diferenciados aunque, de hecho y en la práctica cotidiana, pueden implicarse mutuamente. La economía informal de <subsistencia>, personal o correspondiente al grupo doméstico, atañe a la producción directa de medios de vida o a la venta de ciertas mercancías. Por otra parte, las <explotaciones dependientes> buscan mayores márgenes de flexibilización operativa, a efectos de reducir costos salariales y extrasalariales del trabajo, mediante emprendimientos empresariales formales. Ello se obtiene por vía de contratos ocupacionales no registrados o de subcontrataciones en el ámbito informal. Finalmente, se presenta un tipo de informalidad económica que resulta justificada sobre la base de la <necesidad de crecimiento> que tienen algunos pequeños negocios o firmas, con el objetivo de lograr acumulación de capital por medio de la movilización de sus relaciones solidarias, generando mayor flexibilidad y costos más bajos [Portes].
Los tres tipos señalados de economía informal se ejemplifican, respectivamente, a través de “[1] la construcción de la vivienda con las propias manos y la proliferación de la venta callejera en las ciudades del Tercer Mundo... [2] la relación entre los inmigrantes clandestinos subcontratados, los intermediarios y las empresas grandes de la estructura industrial estadounidense; [y 3] la exitosa red de microproductores artesanales de Italia central”.
Muchas organizaciones informales se rigen por un conjunto de normas extralegales, capaces de regular de alguna manera las relaciones sociales, compensando la ausencia de protección jurídico-estatal, y obtener márgenes graduales de estabilidad y seguridad -aunque relativas- en términos de derechos adquiridos. Dicho conjunto normativo se compone esencialmente de costumbres sustentadas ad-hoc y de "algunas reglas propias del Derecho oficial en la medida en que son útiles a los informales" [De Soto]. Es decir que cristaliza en leyes paralelas, surgidas del ámbito consuetudinario, frente a la carencia o ineficacia del marco institucional, tal como ello se manifiesta -por ejemplo- en el accionar de los asentamientos poblacionales clandestinos. De acuerdo a este enfoque, la esencia de <lo informal> remite a una práctica habitual, asentada en cierta específica normatividad sui generis, aunque dotada de plena vigencia social y generada por un sector marginado, a efectos de reglamentar sus propias actividades vitales y las consecuentes operaciones económicas.
Por otra parte, la concepción sobre la informalidad emanada de la idea de excedente de fuerza de trabajo de carácter estructural, enfatiza el proceso de subordinación de la producción informal a la capitalista, así como también la centralidad de nuevas modalidades emergentes de organización del trabajo. Este último indicio refiere a la proliferación de inserciones laborales flexibilizadas, las que remiten al desenvolvimiento de determinadas actividades económicas consideradas subterráneas, aun dentro del marco de las sociedades industrialmente avanzadas.
Las concepciones acerca de la informalidad, elaboradas durante la década de los ochenta, partían de un eje centrado en la temática de las microempresas, lo cual conllevaba la apreciación de un perfil singular en la caracterización social de los trabajadores urbanos. Tal posición teórica conduce a subsumir los diferentes tipos de asalariados informales en empleos correspondientes a ciertos establecimientos, de acuerdo a la magnitud de éstos, prejuicio inclinado al reduccionismo, teniendo en cuenta que la esfera comprendida por las actividades informales presenta una gran diversidad. La ubicación del eje teórico en la problemática de la microempresa deriva en la asignación de un peso excesivo a la diferenciación entre categorías de asalariados, según niveles de <formalidad> fijados por el tamaño del emprendimiento empresarial, evaluación cuestionable debido a sus propias limitaciones a efectos de abarcar, integralmente, el análisis de la segmentación del mercado de trabajo, sobre la base de dimensiones referidas al proceso de precarización laboral, en su conjunto heterogéneo de expresiones.
Desde otra perspectiva analítica, la adopción de un enfoque estructural con relación a las instituciones públicas requiere el estudio del proceso de construcción de políticas, en la medida en que ello se hace público, y de aquellas justificaciones que pueden legitimarlas. Conviene señalar que, a partir de su costado ideológico, esta visión demanda la definición de una <campo social> de problemas, dado que las estrategias discursivas de los diferentes actores, tendentes a hegemonizar el campo político-cultural, indican el tipo de reconstitución operada en las relaciones sociales de producción. Además, las orientaciones hacia determinado accionar, no fundamentadas sobre la base de un conocimiento elaborado críticamente, son proclives a considerar las “apreciaciones de sentido común que orientan las acciones de la vida cotidiana”, en cuanto forma auténtica de comprensión de la problemática sociolaboral, cuando en realidad dichas acepciones podrían contribuir a ocultar la cuestión de fondo, al confundirla con sus manifestaciones inmediatamente perceptibles.
La presencia de un campo tensionado por disputas, de índole conceptual sociopolítica, demuestra que detrás de cada posición técnica existen versiones teóricas, contextuadas por distintos cuerpos ideológicos, referidos a modelos socialmente deseables. Tal realidad subyace a la propagación actual de propuestas autoidentificadas como puramente técnicas en el ámbito de las políticas sociales, cuando en realidad las discusiones en torno a tal campo refieren a modalidades integrales de organización social, es decir al ámbito institucional, a la esfera económica, a sistemas de gobierno -y modos de gestión- y a condiciones de vida de diferentes sectores sociales.
En cuanto formas del Estado encaminadas a construir la cuestión social, aquellas políticas aluden entonces al “momento de máxima actividad estatal en la regulación y conformación de patrones diferenciados de reproducción social” [Esping-Andersen].
[1] BERIAIN, Josetxo (1996): "La integración de las sociedades modernas"; Barcelona, Anthropos, 1996.
[2] BERIAIN, J., ídem, pág. 136.
[3] BERIAIN, J, ídem.
[4] BERIAIN, J., ídem, págs. 220-221.
[5] HABERMAS, Jürgen (1995): "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío"; CABA, Amorrortu, págs. 18/20.
[7] FEIGE, Edgar (1990): Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach; en “World Development”.
[8] FEIGE, E., ídem, pág. 993.
[9] CASTELLS, M. y PORTES, A., ob. cit.
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