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1 Septiembre 2018
Se ha planteado, históricamente, la cuestión sobre si el sistema democrático consiste en el régimen en el cual el conjunto de la ciudadanía participa, de algún modo y relativamente, de las medidas gubernamentales, o si -alternativamente- resultaría conveniente que el poder político se encuentre a cargo de formaciones elitistas. Tal dilema, de gran antigüedad, puede abordarse mediante una diferenciación, puramente analítica, entre dos corrientes teóricas enfrentadas de manera nítida. En primer lugar, cabe mencionar la escuela denominada “republicana”, que enfatiza la participación ciudadana acentuada, a través de un involucramiento -extensivo e intensivo- en la toma de medidas gubernamentales; dentro de esta acepción, la virtud cívica consistiría en el pilar que fundamenta la convivencia colectiva -armoniosa y pacífica- de los seres humanos. Así, los ciudadanos y ciudadanas resultan activamente partícipes de la legitimación político-institucional, junto al desarrollo evolutivo, del Estado1.
La otra vertiente responde a aquellas modalidades de poder estatal basadas en el elitismo, estimando que el sistema democrático debiera hallarse dominado y controlado por minorías selectas, hipotéticamente más capacitadas de cara al manejo de la administración pública. El elemento políticamente participativo de “las masas” aquí es soslayado en cuanto valor intrínseco de la legitimidad del poder, aunque tal régimen posibilitaría, cuanto menos, que los gobernados se ocupen libremente de sus cuestiones particulares. Dicho posicionamiento conceptual estuvo representado, verbigracia, en las obras de Mosca, Pareto y Schumpeter, economista este último que elaboró la visión “democrática” con mayor grado de elitismo: quien fuera ministro de economía de Austria, luego de la gran guerra, posteriormente emigró a Estados Unidos de Norteamérica en 1932, donde fue docente en la Universidad de Harvard.
La concepción económica schumpeteriana abarcó el análisis de los procesos cíclicos inherentes al sistema capitalista, los fundamento de su noción de “destrucción creadora” en el funcionamiento del mismo, y el enfoque consecuente sobre la relevancia progresiva del accionar innovador de los empresarios. Sus aportes conceptuales tuvieron una incidencia considerable entre los defensores del “libre mercado”, la cual -subrepticia o explícitamente- alcanza a los pensadores y/o dirigentes contemporáneos adscriptos a esa corriente político-ideológica.
Su abordaje teórico de la economía lo condujeron a incursionar en el tratamiento de las problemáticas sociopolíticas, en particular el estudio acerca de “socialismo o democracia”, y su contribución al entendimiento del régimen liberal-democrático, de fuerte sesgo conservador, fue alimentada por sus vivencias particulares, experimentadas en el transcurso de la fase histórica comprendida entre ambas guerras mundiales.
La idea referida al principio valorativo del “interés general” es notablemente soslayada en la obra sustancial de Schumpeter, que diferenciaba su opinión respecto de aquello que denominaba “teoría clásica de la democracia”; ésta, hegemónica en el periodo dieciochesco, verbigracia plasmada en el pensamiento de Thomas Jefferson en los EE.UU., resultaba calificada -por parte del economista de marras- en términos de procedimiento institucional, tendiente a la toma de medidas gubernamentales, asociadas al logro del bien común, respetando la voluntad popular.
La apreciación schumpeteriana, en alusión a la valoración precitada, estimaba el supuesto engaño de su esencia, debido a que la finalidad de concreción del bien común devenía irrealizable dentro de un gobierno democrático, pues los individuos manifiestan diferentes premisas y pretensiones de toda índole, mientras que improbablemente los colectivos de personas coincidan en forma plena con los propósitos de los sujetos. Por otro lado, aun en el eventual caso de que así lo hiciesen, es posible que existan divergencias cruciales con relación a los instrumentos apropiados en aras de esos objetivos, en la medida en que la coherencia social absoluta y completa resulta utópica, tanto en las metas como en las herramientas para lograrlas. Nuestro autor evaluaba, entonces, que dada la elevada complejidad de las sociedades contemporáneas, teniendo en cuenta la gran diversificación de culturas y economías, necesariamente convivirán marcos interpretativos heterogéneos en lo que atañe al significado de “bien común”. Se expresarían, por lo tanto, posiciones divergentes en asuntos sustantivos esenciales, irresolubles remitiendo a la existencia de una idealizada voluntad general universal.
Asimismo, el economista mencionado opinaba que propuesta sobre el objetivo del bien común conlleva que los individuos y agrupaciones sociales concretarían un consenso merced a una base teórica elaborada por la razón, lo cual según Schumpeter irrealizables, ya que los sujetos -en particular- manifiestan desavenencias radicales acerca de un núcleo de principios valorativos cruciales con respecto a temáticas de variada índole. En consecuencia, el menosprecio con relación a dichas divergencias representaría una gran proclividad a caer en totalitarismos; al reconocerse el propósito del logro del “bien común”, sosteniendo simultáneamente que ello obedece al pensamiento racionalista, se correría el riesgo de repudiar y/o condenar cualquier tipo de posición disidente, por irracionalmente segregacionista, vituperada o excluida del quehacer político, a los fines de preservar los beneficios del sistema en su totalidad, hasta aquellos atinentes a ese sector discrepante.
Por otro lado, a pesar de que el significado del “bien común” resultare supuestamente unívoco, esta utópica situación no implicaría la solución de las necesidades individuales, devendría muy compleja la compatibilización entre las voluntades singular y general. De acuerdo a Schumpeter, los requerimientos particulares -habitualmente- se caracterizan por su difusividad e indefinición, ya que las personas, en cuanto sujetos, soslayan las condiciones colectivas, junto a los efectos de la aplicación de determinadas políticas.
A partir de ciertas concepciones emanadas de la psicología social, el economista referido, teniendo en cuenta el accionar publicitario, proclive a trastocar las pautas consumistas, afirmaba que la “voluntad general” -con frecuencia- se halla piloteada, por los poderes fácticos. En consecuencia, en la medida en que las cuestiones vinculadas al bienestar colectivo quedan al margen del alcance de las decisiones de la mayoría de los estratos ciudadanos, el planteo schumpeteriano apunta a la propuesta de un “elitismo democrático”.
Considerando la ausencia -de hecho- de un interés general, se concibe entonces al sistema político-institucional de la democracia en términos de competencia por el sufragio de los electores, la cual fundamenta la pretensión de legitimidad de los gobiernos, siendo esta perspectiva, bajo un sentido hipotético, aquella que presentaría un mayor “realismo”. Tal abordaje conceptual posibilita ensayar un tratamiento analógico del ejercicio competitivo por el logro del poder con respecto a la lógica propia de la competencia económica en el mercado, reflejando una eventual correspondencia entre libertades individuales y vigencia de un régimen democrático. A través del procedimiento competitivo, que en principio conllevaría (a priori) la existencia concreta de libertad expresiva mediática, se indica un parámetro diferenciador de las democracias con respecto a los autoritarios o dictatoriales. Asimismo, dicha simplificación elude la cuestión de asimilar la sustancia semántica de la expresión “voluntad popular” con la pertinente a la de una mayoría ciudadana, al apreciarse que las decisiones de la masa votante cumple el rol de formar un gobierno, así como también el de cambiarlo, aunque acotando ese papel al “contralor” relativo sobre el accionar de aquél.
La creencia schumpeteriana acerca de que la convivencia democrática conlleva ciertas derivaciones fácticas lo condujo a evaluar que las agrupaciones político-partidarias resultarían inconcebibles en términos de organismos que procuran la concreción del bien común, a partir de sus encuadres ideológicos, ya que solo consisten en instrumentos de cara a la conjugación competitiva de la actividad política. Una consolidación del sistema gubernamental, bajo este régimen de poder institucional, demandaría la existencia de liderazgos firmes, conformados eventualmente por un conjunto de especialistas “técnicos” en algunos rubros puntuales, secundados por un aparato burocrático idóneo y coherente.
Asimismo, los electores sufragantes debieran mantenerse prescindentes en la ejecución de medidas políticas por parte de los dirigentes gobernantes, absteniéndose de pretender incidir sobre las mismas: la democracia implicaría, entonces, únicamente que la ciudadanía detenta -ocasional y periódicamente mediante el sufragio- el atributo de aprobar o desechar a los candidatos electorales, en forma pasiva. Teniendo en cuenta dicha discriminación de roles, la “competencia elitista”, siguiendo a Schumpeter, constituiría el paradigma democrático de mayor aproximación realizable al modelo ideal.
Este autor cuestionaba profundamente a los gobiernos totalitarios de la primera mitad del siglo pasado, al subrayar que a las personas prodemocráticas debieran requerírseles borrar sus pensamientos arraigados en la ortodoxia liberal dieciochesca, fundamentalmente la concepción acerca de que los sectores populares poseen convicciones sólidas -basadas en el raciocinio- con respecto al conjunto de las problemáticas de índole política. En tal sentido, era preciso abandonar definitivamente la premisa teórica sobre que devendría factible llevar a la práctica aquellos hipotéticos criterios contundentes “del vulgo” -de modo excluyente- mediante la intervención directa, o a lo sumo siendo representados por una dirigencia que efectivice la voluntad general. Por lo tanto, la democracia solo sería un procedimiento, de carácter en principio formalista, donde “el pueblo”, a través su función de votantes, elige de manera regular -por mayoría- gobiernos alternativos.
La perspectiva del economista mencionado entendía el accionar de los actores y dirigentes políticos en forma asimilada al correspondiente a los directivos empresariales, en cuanto a la puja competitiva por la cooptación de consumidores potenciales de los productos generados por sus respectivas firmas. El manejo, de hecho, de las cuestiones de Estado bien podría -consecuentemente- quedar a cargo de aquellos grupos y sujetos que ejercen la hegemonía en el mercado.
A semejanza de las restricciones a la influencia de las clientelas mercantiles, acotada a las opciones de compra establecidas por los productores, los sufragantes electorales se encuentran al margen del tratamiento de las temáticas fijadas en la agenda de los “políticos profesionales” que compiten por el acceso a cargos públicos, y además las propuestas alternativas esenciales suelen ser reducidas. Los candidatos finalmente más votados obedecen a sus propias “promesas de campaña”, aunque generalmente respaldados por factores del poder fáctico; así, deviene elemento secundario la condición de que los partidos políticos enfrentados respondan al seguimiento de principios ideológicos sustantivos y divergentes. El hecho referido a que, de manera circunstancial, la mayoría de los gobiernos elegidos, a la postre, lleven a cabo administraciones estatales no demasiado diferenciadas en los ítems cruciales, se comprende en la medida en que las asociaciones partidarias, en definitiva, solamente serían herramientas construidas con el propósito de imponerse en la contienda electoralista.
1- Skinner, Burrhus Frederic (1971): “Más allá de la libertad y la dignidad”; Barcelona, Fontanella. Pocock, John: “Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método”; Akal. Pettit, Philip: “Liberalismo y republicanismo”; Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad, Ovejero, F., Martí, J. L., y Gargarella, R. (comps.), págs. 115-135.
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