MECANISMOS INTEGRADORES E INCLUSIVOS CARACTERÍSTICOS DEL ESTADO DE BIENESTAR - Juan Labiaguerre

El Estado providencia, en términos de la conceptualización elaborada por Rosanvallon, “se desarrolló históricamente sobre la base de un sistema asegurador en el cual las garantías sociales estaban ligadas a la introducción de seguros obligatorios que cubrían los principales riesgos de la existencia”, tales como invalidez, enfermedad, desempleo y retiro jubilatorio; en este sentido, la concepción liberal ortodoxa habría asumido que la implementación de un sistema que abarcara dichos seguros posibilitaría la neutralización de los movimientos socialistas [1]. 

Dentro del marco de las sociedades capitalistas avanzadas, una vez afianzado el proceso de industrialización y en forma acentuada a partir de la posguerra, el trabajo se había constituido en el medio de integración social y de acceso legítimo a los recursos destinados a satisfacer necesidades vitales; las políticas sociales, en dicho contexto, cubrían los requerimientos no contemplados por el salario directo o el ingreso originado en el trabajo. Al margen de ello, una vez pasado el apogeo del Estado de Bienestar, la gradual complejización de la cuestión referida a las limitaciones propias del sistema de seguridad social -y de la asistencia, en la medida en que se incrementaba la pobreza- fue resultante de la exteriorización de sus limitaciones reales junto a su ineficacia y parcialidad, productos de la problemática cambiante del trabajo. Situaciones tales como la extensión de las actividades informales, la precarización del empleo y el trabajo no registrado, así como también los procesos de desocupación abierta y subempleo, pusieron en evidencia que la satisfacción adecuada de necesidades remitía no solamente a aquellos medios aportados por el trabajo sino al grado de eficiencia lograda en la instrumentación de las políticas sociales.

La unidad integral simbólica, en cuanto componente elemental de todo agrupamiento colectivo dotado de un mínimo grado de cohesión interna, abandona su lugar tradicional  en las sociedades modernas dejándolo en manos -siguiendo a Habermas- de la comunidad simbólica de la nación, en la medida en que las restricciones de índole social impuestas a la colectividad política actúan como mecanismo regulatorio del sentido de pertenencia a una “comunidad de destino histórica” que configura la identidad del ciudadano como tal y, por lo tanto, no admiten exclusivamente una explicación funcional, como sí ocurre con la división social del trabajo, al remitir aquella acepción a una identificación de índole patriótica.

La integración en las sociedades modernas es el resultado de la coordinación entre un conjunto de procesos, los cuales se manifiestan en las esferas respectivamente funcional, moral y simbólica, y de ninguna manera es generada dentro de un ámbito específico excluyente; corresponde aclarar, además, que dichos procesos integradores no presentan simultaneidad. En la concepción parsoniana la evolución sistémico-social se desarrolla en el marco de una “ampliación estructural de las capacidades de orientación”, respondiendo la complejidad creciente de la sociedad, manifestada mediante el incremento de las capacidades adaptativas, a una secuencia lógica compuesta por cuatro elementos que aluden a la diferenciación, el aumento de adaptación, la inclusión y la generalización de valores.

De acuerdo a esa visión, solamente cuando la totalidad de los citados procesos se manifiestan a la vez es posible incrementar las capacidades adaptativas; desde la perspectiva sistémica, el proceso de inclusión implicaría, de acuerdo a Luhmann, que “todos los contextos funcionales son accesibles a todos los participantes de la vida social” en la medida en que la gradual diferenciación de la sociedad aumenta las posibilidades de la misma en términos de objetivos y funciones, situación que requiere de una base de legitimación más abstracta y universal [2].

Por su lado, Habermas sostiene que el intercambio económico regulado mediante procesos estrictamente mercantiles puede cristalizarse únicamente si, con autonomía respecto de caracteres personales, tales como el egoísmo o la capacidad de autoafirmación, el parámetro orientativo constituido por la acción racional, motivada por la consecución de objetivos -de acuerdo a fines, según la acepción weberiana- “se torna vinculante en tanto que valor cultural, es decir, justo como patrón de decisión, y queda asentado sobre una base ética” [3].

Beriain señala que “del factum histórico de una sociedad integrada sistemáticamente se puede hablar desde el momento en que se produce un despliegue total del mercado capitalista de bienes, trabajo y capital, así como el despliegue relacionado de una burocracia interventora altamente compleja, tanto socioestatalmente como político-administrativamente”. Ya a comienzos del siglo XX, Weber mencionaba el desacople entre las diferentes bases culturales ético-religiosas que sustentaban las prácticas económicas y burocráticas de la modernidad capitalista originaria; al respecto, el mundo de la vida no proporcionaría -en la concepción de Habermas- las orientaciones básicas de conducta que dirigen dichas prácticas y las acciones políticas. Para este último autor la solidaridad social enraizada en un mundo de la vida racionalizado, referida por caso a la idea de “patriotismo constitucional”, es previa a la forma económica mercantil de racionalidad y a la político-administrativa, así como también resulta anterior a todo tipo de tutelaje de raigambre mítico-religiosa.

El modo de diferenciación funcional, según Luhmann, atañe a una sociedad constituida por una selección no arbitraria de funciones importantes en términos de la formación de subsistemas y radica en la “institución de la primacía de una función para cualquier sistema específico; una sociedad funcionalmente diferenciada tiende a ser una sociedad de iguales en la medida en que conforma un conjunto agregado de entornos para sus subsistemas funcionales”. Sin embargo, partiendo de un punto de vista divergente respecto del enfoque sistémico ortodoxo, puede sostenerse que -aun durante su apogeo- la sociedad salarial se encontraba “desgarrada” debido al antagonismo clasista; desde esta óptica, enfrentando la cohesión, identidad y organización de clase de los trabajadores, el capital debió esgrimir un arsenal disolvente compuesto, por la “volatilización, individualización, discontinuidad del trabajo, su abolición masiva e inseguridad para todos”, a efectos de resguardar la integridad del sistema capitalista [4].

En las sociedades modeladas por el régimen de producción, y consecuente distribución de bienes, inherente al capitalismo, coexisten los efectos resultantes de un juego de acumulación-explotación entre el capital y el trabajo, bajo la cobertura de un beneficio creciente para el conjunto y un perjuicio colectivo generalizado, teniendo en cuenta que una modernización reflexiva promueve la conexión de los riesgos, considerados en términos de efectos no deseados, con las actividades particulares de los respectivos ámbitos sociales, divididos de acuerdo a un proceso de evolución social dentro del cual se produce una creciente diferenciación. Por lo tanto, emergería la necesidad de “una transformación de las estructuras simbólicas directivas” debido a que, de lo contrario, resulta imposible reducir operativamente aquellos nuevos niveles demandados referidos a la combinación de expectativas, controlando los rendimientos estructuralmente discrepantes [5].

En la etapa del capitalismo considerada tardía los reclamos y demandas de naturaleza defensiva, correspondientes al sector del trabajo, resultan articuladas alrededor de un eje centrado en el ámbito de las recompensas exclusivamente económicas, manifestadas a través de aumentos salariales y ciertas mejoras sociales. Según Beriain tales recompensas, sin embargo, no refieren necesariamente a la situación específica de clase, es decir que operan en forma desvinculada de la identidad de aquel sector en su condición de vendedor de fuerza de trabajo, reflejando el resultado de una “individualización de los riesgos que surgen dentro de un espacio social de contingencia total, producto de un desencantamiento de la conciencia revolucionaria de la clase obrera”. Asimismo, desde algunas posiciones teóricas ubicadas en la perspectiva de los países desarrollados se llega a sostener que la relativa falta de obstáculos frente al avance del neoliberalismo, a partir de fines de los años setenta, radicaría -en un sentido general y más allá de otros motivos relevantes- en la extensión creciente del rechazo, aun por parte de la clase obrera, tanto de la “normalización propia del fordismo” como así también de la dictadura de las necesidades que caracterizó el orden burocrático del Estado benefactor.

La producción de la sociedad en dos niveles implica, señala Beriain, la descripción de la misma en un plano funcional-sistémico y, a la vez, en otro correspondiente al sujeto y sus acciones; en este último ámbito emerge lo social no-funcional, representado por el dominio de la solidaridad, del sentido de la acción comunitaria que responde a la “alteridad del sistema, el ser frente al mero tener”. Debe destacarse que ambos puntos de vista analíticos resultan complementarios, aunque operan orientándose por lógicas y dinámicas alternativas diferenciadas.

Desde el punto de vista funcional, las sociedades modernas se encuentran integradas -según valores, normas y procesos de comprensión compartidos-, y sistemáticamente, sobre la base del accionar del mercado y del poder utilizado administrativamente; por lo tanto, el mecanismo mercantil y el poder político-administrativo lograrían integrar la sociedad, “apoyados en la objetividad de procesos de interacción a distancia y en la coordinación de las consecuencias no intencionadas de la acción”, realizada ésta en la mayoría de las ocasiones a espaldas de los actores.

Partiendo de una perspectiva moral, la búsqueda del equilibrio frente a los conflictos originados en las relaciones interpersonales o en el accionar de las organizaciones, en orden a una evaluación imparcial de las demandas en pugna, alude a la vigencia de cierto principio ético justo e igualitario, referido a la existencia de derechos y deberes recíprocos entre las partes contendientes y a la confianza mutua como presupuesto básico de cualquier tipo de acción social. Refrendando esta situación relativamente armónica, el componente simbólico o “construcción conjunta de sentido” remite a la esfera demarcada por la identidad colectiva y a la promoción de la autorrealización social e individual ligada a la satisfacción de necesidades, bregando por la “concordancia en las representaciones de valor, en los arquetipos e imágenes primordiales sobre la existencia”.

En las sociedades modernas se manifiesta entonces, a partir de una visión funcionalista, cierta articulación concatenada entre formas integrativas realizadas en tiempos diferentes, resultando cada una de ellas condición de las otras, pero sin existir simultaneidad de los distintos procesos. El derecho, dentro de este conjunto, cumple la función de bisagra, imponiendo criterios normativos a través del ejercicio de la autoridad política y estableciendo cierto “anclaje de solidaridad” comunitaria mediante la legitimación de un orden asentado en algún elemento nómico integrador implícito; en este sentido, la vigencia de normas y valores compartidos refiere a la presencia de un “vínculo constitutivo y no meramente regulativo”.

En la etapa del capitalismo tardío cambia la relación entre el Estado y la economía, debido a la emergencia de fenómenos sociales nuevos que generan profundas mutaciones, en la medida en que “la actividad gubernamental ha alterado la forma de producción de valor excedente”, en tanto la intervención estatal incide sobre el proceso de acumulación de capital con el propósito de solucionar las falencias de índole funcional que presenta el mecanismo automático del mercado Además, el procedimiento puramente mercantil se ve desplazado -en sectores económicos crecientemente extendidos- por un “compromiso cuasipolítico” entre organizaciones patronales y sindicales, referido al costo de la fuerza de trabajo, aunque el mismo resulta endeble teniendo en cuenta la atomización de intereses originada en la ruptura de las identidades de clase En consecuencia, el reequilibrio gestado entre economía y Estado partiendo de una sociedad de suma positiva, en la visión de Offe, resulta ficticio debido a que el aparato estatal no puede, frente a determinadas condiciones marginales, “controlar adecuadamente al sistema económico, produciendo de esta forma una crisis de outputs”.

Por otra parte, siguiendo a Beriain, “la necesidad de distribuir el producto social de forma desigual, y sin embargo legítima, obliga al Estado a una repolitización de las relaciones de producción” considerando que ya no es suficiente apelar a la justicia inmanente del mercado, sino que deviene necesario recurrir a algún programa subsidiario, de manera que el “Estado subvenciona y reemplaza al mercado allí donde éste fracasa en sus funciones de producción y de acumulación”. El citado nuevo rol estatal genera el efecto no deseado de despertar expectativas irrealizables en la sociedad civil, provocando el “aumento de la demanda de justificación pública del Estado”, produciéndose de esta forma una crisis de inputs, dado que el consenso social característico de la sociedad de suma positiva desemboca inevitablemente en un “cuello de botella” [Offe].

Dentro de la lógica central inmanente del mecanismo de acumulación capitalista, la reproducción de la fuerza de trabajo social incluye la reconstitución física entre los sucesivos ciclos de producción, así como también la renovación intergeneracional de los trabajadores; los gastos implícitos en dicho proceso de reproducción abarcan el mantenimiento y la formación de la prole (futuros asalariados), la subvención de la fuerza laboral retirada a cierta edad (pasivos, jubilados) y seguros que cubran eventuales enfermedades incapacitantes durante el periodo de actividad de la mano de obra. El conjunto de necesidades citadas se encuentra incorporada a la "norma de consumo obrero", al haber surgido de las transformaciones de la condición de existencia del trabajo asalariado, concomitantes con una tendencia hacia la socialización de las condiciones generales de producción, característica a su vez del paradigma fondista de organización del trabajo en su tipo ideal.

Asimismo, debe destacarse que los desniveles entre los salarios pagados a la fuerza de trabajo en distintos países obedecen, en parte, a las diversas modalidades mediante las cuales se atienden las necesidades mencionadas anteriormente. Durante la etapa de apogeo del esquema fordista puro, traducida en la extensión de la relación salarial, la cobertura de gastos creados por el auge del consumo de masas se asentó sobre las formas estructuradas de los sistemas de asistencia, financiados a través del presupuesto correspondiente a organismos públicos, y de seguridad, reglamentados mediante la vinculación entre cotizaciones y prestaciones, y generadores de una relativa socialización de ciertos riesgos inherentes al trabajo asalariado, representando esta cobertura una parte esencial de los convenios colectivos salariales.

Aglietta señala la complejidad implícita en la morfología global de la relación salarial, atendiendo a que las formas que la misma adopta resultan cualitativamente diferentes y cambiantes, motivo por el cual la ley que rige la reproducción de las condiciones de existencia del asalariado, en el contexto de las formaciones sociales concretas, constituye el principio de la unidad orgánica, denominada "forma estructural" o, en otras palabras, modo de cohesión de las formas sociales elementales producidas por el desarrollo de una misma relación social fundamental. Desde tal perspectiva, el fordismo unificó las diferentes modalidades parcializadas de existencia de la relación salarial, consolidando una formato estructurado que conlleva una determinada codificación jurídica, plasmada en los convenios colectivos de trabajo; bajo este ordenamiento sociolaboral, la articulación del conjunto de relaciones sociales con raigambre económica, política y jurídico-ideológica conforma una unidad de las prácticas sociales requeridas por la reproducción de la condición salarial en sí misma.

Una de las aristas decisivas que tipifica el mecanismo del modelo de acumulación vigente reside en que, cuando se generalizan procesos de devaluación monetaria, el capitalismo tiende a acelerar el aumento de los precios durante aquellos ciclos caracterizados por un descenso relativo del nivel de acumulación, mientras el costo salarial social real permanece estable. Además, el capital se encuentra naturalmente fraccionado en distintos sectores que configuran "centros de decisión individuales, autónomos desde el punto de vista de su valorización" y entre los que se establecen relaciones competitivas, pero sustancialmente constituidas en su globalidad por la relación salarial. Es decir que, mediante un mecanismo intrínseco avalado por la competencia, los capitales se rigen en última instancia por los imperativos de la ley de la acumulación; de manera que la teoría de la regulación social se encuentra sujeta al predominio de la relación fundamental determinante del capitalismo, representada crucialmente por la condición asalariada. Dentro de dicho marco analítico, los convenios colectivos de trabajo habrían asegurado el principio de la "rigidez del salario nominal", elemento imprescindible para que la evolución regular del modo de consumo y el sistema de protección social apunten en el sentido de mantener a los trabajadores desempleados en su estatus de consumidores.

El conjunto de conquistas del movimiento obrero permitió una mejora económica real para el sector del trabajo, de acuerdo con Lipietz mucho más veloz que la conseguida en el contexto de los socialismos reales; para la concreción de ese progreso material, debió existir un compromiso de las organizaciones sindicales con el capital, reflejado en acuerdos que implicaron algún nivel de seguridad social para las clases trabajadoras [[6]]. En los países latinoamericanos, el esquema bienestarista fue adoptado principalmente en las ramas industriales correspondientes al modelo sustitutivo de importaciones; dentro de la región emergió una aristocracia obrera, a la luz del peronismo en la Argentina o del varguismo en el Brasil, a través de una reconversión de las relaciones entabladas entre los respectivos sectores pertenecientes a la órbita del capital o del trabajo e inspiradas de alguna manera en el formato del Estado de Bienestar clásico.

Al margen de los planteos de raíz sistémica, la sociedad salarial, aún durante su apogeo, se encontraba cruzada por contradicciones latentes emanadas de los diferentes posicionamientos de clase ya que, en forma gradual y enfrentando la cohesión, identidad y organización clasistas de los trabajadores, el capital comenzó a esgrimir un arsenal disolvente que redundó con el tiempo en la “volatilización, individualización, discontinuidad del trabajo, su abolición masiva e inseguridad para todos".

Este resultado tiende a demostrar que el Welfare State no tuvo como objetivo suprimir los antagonismos entre capital y trabajo, sino mitigar la potencialidad de eventuales conflictos dilatando las fases cíclicas depresivas intrínsecas del capitalismo; debido a ello, no se trató de un modelo transformador de la distribución de la riqueza, sino que representó primordialmente una concepción específica referida a los mecanismos redistributivos de ingresos.

[1] ROSANVALLON, Pierre (1995): La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia; Bs.As., Manantial, págs. 17 y 25

[2] BERIAIN, Josetxo (1996): La integración de las sociedades modernas; Barcelona, Anthropos, págs. 22/27

[3] HABERMAS, Jürgen (1999): Teoría de la acción comunicativa; Madrid, Taurus, (dos tomos), volumen II, pág. 319

[4] GORZ, André (1997): La metamorfosis del trabajo; Madrid, Sistema, pág. 66

[5] BERIAIN, J., ob. cit., págs. 98, 119/121, 194 y 207-208 

[6] LIPIETZ, Alain (1995): El mundo del postfordismo; Madrid, revista “Utopías” N° 166