MUJERES TRABAJADORAS E INMIGRANTES BOLIVIANAS/OS - Juan Labiaguerre

En nuestro país, durante 2009, la mujer percibía una media remunerativa 24% inferior a la masculina, cotejando categorías ocupacionales similares; únicamente el 4% de las asalariadas ocupaba puestos jerárquicos, cinco puntos porcentuales por debajo de la franja de varones que realizan actividades retribuidas en igual rango. Al margen del incremento del Producto Bruto Interno a escala nacional, a lo largo de varios años consecutivos, las brechas de género persisten marcadamente en el mercado de trabajo. La precarización de las condiciones del empleo impacta con mayor dureza en las mujeres, ya que dentro del universo de mano de obra femenina el 39% no se hallaba registrada legalmente, mientras que ese guarismo representaba un 33% entre los varones[i].

Pese a que el índice de integración de la mujer a la misma se ha mantenido a la Población Económicamente Activa se ha mantenido -en lo sustancial- recientemente, su composición presentó un cambio que conlleva una mayor dimensión de la inserción efectiva en el mercado laboral, en detrimento del desempleo. En 2003 el 78% de las trabajadoras potenciales se encontraban ocupadas y el 22% procuraban infructuosamente incorporarse a una actividad remunerada; en 2009, dicha correlación registró un 90% y un 10% de manera respectiva. Paralelamente, desde el primer año citado varió la evolución de la tasa de actividad femenina según las respectivas posiciones económicas; mientras que en los años noventa las mujeres con menores ingresos fueron quienes más habían contribuido al aumento sostenido de la ocupación del género, en el lapso 2003/2009 se revirtió esa situación.

El indicador de actividad económica de las trabajadoras ubicadas en el primer quintil de ingresos decreció, del 41% al 35%, en la primera década del siglo XXI, dada la caída de servicios simplificadores, y sustitutivos, de ciertos quehaceres asignados -convencionalmente- a la mujer en las esferas domésticas; asimismo, incidió el trastrocamiento de las causas que la  habían obligado a integrarse a la población activa en la década de los noventa. Por otra parte, tiende a aumentar el guarismo de inserciones laborales femeninas de aquellas integrantes de unidades familiares dotadas -en promedio- de una formación educativa relativa elevada, lo cual les hace delegar en otras personas, aunque fuera parcialmente, algunas obligaciones hogareñas.

La mano de obra potencial del género con grados inferiores de instrucción formal se halla  inserta en menor medida al mercado de trabajo, ya que -hacia fines de 2009- este indicador, correspondiente a quienes habían cursado hasta educación secundaria incompleta, sólo equivalía a poco más de la tercera parte de la población activa total alusiva a las mujeres. Mientras tanto, entre aquellas que alcanzaron niveles secundario completo y universitario sin haber culminado sus estudios, esa proporción creció al 56%; finalmente, dentro de egresadas universitarias dicha cifra ascendía al 81%.

Además, la brecha de género suele angostarse cuando el grado educativo femenino es comparativamente superior: la tasa de actividad de las mujeres con niveles más bajos de instrucción mide en torno a la mitad del índice masculino en similar situación, cuando esa proporción equivale a un 70% entre personas que obtuvieron título secundario entre los varones, resultando superior al 90% dentro de los rangos terciarios finalizados, especialmente en universidades.

 Un aspecto complementario en la conformación inequitativa de género en nuestro país refiere a la diversidad regional de la inclusión laboral de la mujer; las zonas con mayores porcentuales de pobreza del norte argentino registran valores inferiores de integración femenina, respecto de la masculina, al ámbito ocupacional remunerado. Sobre todo, las áreas metropolitanas de Gran Resistencia, Formosa y Santiago del Estero expresan índices de actividad de las mujeres notablemente por debajo de la media nacional al respecto.

La desigualdad expuesta en cuanto a la incorporación al mercado de trabajo es acompañada de una condensación de la misma en determinados subsectores económico-productivos, establecidos por los entes empleadores. Las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en distintas ramas del sector terciario de la economía argentina: los ítems que presentaron una concentración relativamente superior del género conciernen a enseñanza, servicios sociales y de salud, junto al empleo doméstico. Esas actividades, tradicionalmente asimiladas a la figura femenina, suman de manera aproximada el 40% de las inserciones laborales efectivas del género; el sub-sector terciario de comercio y las ramas manufactureras, así como los empleos públicos, representan una porción relevante, que orilla el 35% del total de trabajadoras ocupadas; cabe aclarar que los varones resultan mayoritarios en los dos últimos rubros mencionados.

Resaltan los empleos de la mujer en las industrias textil, con gran peso específico en la rama de la indumentaria, y del calzado, donde predominan los salarios reducidos, las jornadas extensivas y las condiciones deterioradas de trabajo en múltiples sentidos. Más allá de la posesión femenina de grados educativos comparativamente superiores, en rubros semejantes, las empleadas presentan posibilidades menores de alcanzar cargos ejecutivos jerarquizados, por cuestión de identidad de género. En el polo opuesto de la estructura piramidal de las categorías laborales, en los segmentos con inferior cualificación técnico-profesional, las mujeres acaparan el 31% de las ocupaciones de su género, al tiempo que los operarios masculinos ocupan solamente el 17% de los empleos de los varones.

La feminización contemporánea de las migraciones transnacionales expresa una diversidad muy amplia a escala mundial; una mera muestra del extenso y heterogéneo espectro de situaciones planetarias, referidas a las personas trasladadas al extranjero, lo ilustra el caso de la radicación de ciudadanos oriundos de algunos países limítrofes, y del Perú, en la Argentina.

 Más allá del aumento reciente de mujeres desplazadas individualmente, la mayoría de ellas continúa haciéndolo junto a sus núcleos domésticos, o de manera aislada aunque, en gran medida, con el fin último de alcanzar de algún modo la reunificación de sus núcleos hogareños. Tal proceso no implica únicamente el acompañamiento a sus respectivas parejas, en condición de mera dependencia, sino que el rol del género en la dinámica migratoria remite a cuestiones de mayor complejidad, pues la decisión de abandonar la sociedad nativa emerge de un proyecto familiar, de algún modo consensuado e integral.

En nuestro país, el grueso de trabajadoras procedentes de naciones latinoamericanas indicadas experimentan crudamente la subestimación y la consiguiente devaluación de sus ocupaciones remuneradas, en su mayoría no registradas de manera oficial. Esta realidad  pone de manifiesto grados de precarización del empleo comparativamente superiores al promedio del empleo femenino en su conjunto a escala nacional. La vulnerabilidad sociolaboral de esas mujeres se ve acentuada, dada la proclividad a una explotación exacerbada, lo cual cristaliza en la inequidad remunerativa, superpuesta a los patrones desigualitarios frente a los varones en general, e incluso dentro de la propia dimensión de género, en el marco de la totalidad de habitantes en la Argentina.

La situación antedicha se conjuga además -centralmente- con la degradación fáctica de derechos ciudadanos y laborales, mientras que las segregaciones clasistas y debido a identidades étnicas legitiman y reproducen relaciones sociales asimétricas de poder, que afectan los tipos de vínculos intergéneros. Por ejemplo, las trayectorias y condiciones socioeconómicas y laborales de las trabajadoras inmigrantes latinoamericanas reflejan, parcialmente, algunas vivencias atravesadas por estas personas. El maltrato hacia las mismas es comprobable al estimarse las tareas realizadas en ramas económicas catalogadas -tradicionalmente- como específicamente femeninas, cristalizando imposiciones de domesticidad y subordinación, afines a determinadas pautas culturales, promotoras del menosprecio a la pertenencia de género[ii].

A los efectos de una reproducción de la oferta laboral mediante empleos en condiciones sumamente degradantes en la Argentina, es imprescindible la presencia en el país de un colectivo de potenciales trabajadores/as en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema. Uno de los segmentos principales de esos segmentos de población económicamente activa, en tal estado, como mano de obra disponible para aquellas ocupaciones, está compuesto por la mayor parte de la inmigración boliviana. Ésta proviene de una nación con tasas de pobreza a nivel nacional del 63% y de [indigencia] del 39% … La situación en la zona rural, donde vive aproximadamente el 35% de la población, es mucho peor ya que la pobreza asciende al 83% y la pobreza extrema al 66% … También existe un claro sesgo en detrimento de la población indígena: el 74% es pobre (en zonas rurales llega al 86%) y el 52% [es indigente], 71% entre el campesinado[iii].

Existen posturas cuestionadoras de las teorías que enfatizan el estallido de crisis económicas, y en lo esencial su repercusión sobre el aumento incontrolado del pauperismo, en tanto factor determinante del incremento de las corrientes poblacionales internacionales. En tal aspecto, el rescate de las visiones antropológicas clásicas aportadas por Murra [control vertical de los pisos ecológicos] y Condarco [simbiosis interzonal], remite a “la movilidad y la utilización de diferentes espacios geográficos y nichos ecológicos”, asumidos como una constante en las prácticas de sobrevivencia y reproducción sociocultural de los habitantes de esa región latinoamericana[iv].

A comienzos de los años setentas del siglo pasado, Condarco Morales afirmaba que en los Andes Centrales la dinámica de complementación de actividades productivas, llevadas a cabo entre las tierras altas y bajas, se había desarrollado en primer lugar a través de nexos elásticos de intercambio, a posteriori por medio de relaciones permanentes de trueque, y ulteriormente derivó en “imposiciones tributarias y ocupaciones militares”. En la medida en que la autosuficiencia comunal es una forma antigua de organización social en los Andes, a los efectos de obtener los recursos necesarios de cara a la subsistencia material, los integrantes de una comunidad deben distribuirse espacialmente de manera eficiente en su contexto territorial[v].

Por su lado John Murra, fundador de la corriente andina “eco-etnológica”, propagó internacionalmente la teoría del control vertical de un máximo de pisos ecológicos, la cual remite a las “ancestrales y emblemáticas prácticas de movilidad poblacional gestadas en las sociedades” de la región desde épocas milenarias, que habrían propiciado la emergencia de enclaves prósperos y niveles técnicos y organizativos avanzados[vi]. En este sentido, “[…] en Bolivia, y con mayor intensidad en los valles cochabambinos, la dimensión cultural muestra que desde tiempos pre-hispánicos diversas culturas que habitaron el altiplano y sobre todo los valles centrales del país mantuvieron una cosmovisión espacio-céntrica que se manifestaba en su permanente movilidad y utilización de diferentes espacios geográficos y pisos ecológicos, de tal manera que las migraciones fueron una invariable en sus prácticas de sobrevivencia y reproducción social [...] En el caso de Cochabamba … este acervo cultural histórico respecto a la conformación social de la región [se encuentra] en estrecha relación con los procesos migratorios en los valles…”[vii]

Debiera preguntarse cuáles estrategias entre las señaladas previamente continúan vigentes dentro de las lógicas socioculturales, entre ellas las familiares, en los movimientos migratorios bolivianos del presente histórico. Igualmente, es preciso analizar conceptualmente tales aspectos de los desplazamientos poblacionales con punto de partida en Bolivia, en aras de la comprensión de ciertas formas de “percibir y hacer” al interior del proceso que nos ocupa. De cualquier manera, no se trataría sólo de opciones estratégicas contemporáneas: operaría un habitus, determinante de decisiones anexadas a una “cosmovisión particular”, determinado saber de vida que posibilita una utilización eficiente y sustentable de los recursos naturales, más allá de la sobrevivencia de las unidades domésticas, al abarcar factores vitales y medios de reproducción de una comunidad considerada integralmente[viii].

Algunas visiones, mediante investigaciones históricas sobre la problemática migratoria, estiman crucial la presencia de una especie de habitus en los procesos de traslaciones poblacionales, bajo el significado atribuido por Bourdieu a aquel término, en tanto denominador común de las sociedades andinas. Dicho concepto deja traslucir que las personas emigrantes de encuentran, cultural y socialmente, determinados en forma previa a la acción del desplazamiento en sí mismo. Esos individuos son portadores de cierto habitus preexistente, debiendo  generar un “sentido social” -sobre la base de aquellas predisposiciones- teniendo en cuenta los caracteres generales del espacio de destino. El autor precitado interpreta al habitus en términos de un “sistema de disposiciones adquiridas, permanentes y generadoras”, el cual posibilita la producción libre de todos los pensamientos, todas las percepciones y acciones inscritos dentro de los límites que marcan las condiciones particulares de su elaboración.

El habitus surgiría de la “interiorización transformadora de condiciones existenciales de orden material y cultural”; debido a ello, es posible estimarlo en tanto internalización de la historia en la corporalidad: pautas organizacionales, preferencias de diversa índole, modos gestuales, y vínculos intergéneros, por ejemplo, resultan así “interiorizados, reproducidos y transformados”. En la medida en que la expresión alude a disposiciones compartidas, con un sentido práctico inmanente a ellas, es factible coexistir al interior de sociedades diferentes y contrastantes, asumiendo la apariencia de “normalidad” en el nuevo medio. Esa impronta, arraigada históricamente, habría generado un habitus tendiente a que una porción considerable de la población andina decidiese su emigración, en cuanto estrategia de sobrevivencia familiar, y forma intrínseca de reproducción comunitaria y societal[ix].

La consideración de la idea de habitus de Bourdieu demanda aclaraciones en referencia a los respectivos marcos culturales distintivos, definiendo el término “cultura” como significado específico comprensivo del conjunto de espacios vitales, esto es los códigos estructurantes del grado de sentido de cualquier tipo de procesos o eventos. También atañe al caudal simbólico y a los valores, hábitos, costumbres, patrones cognoscitivos y afectivos, no en alusión a una especie determinada de “cosas”, propensiones actitudinales, indumentaria, etc., sino los “códigos diversos que presiden la vida humana y pueden leerse como uno de los niveles de significación en toda clase de objetos y actitudes”.

Sin embargo, la totalidad de tales símbolos, sentidos y significados supera su acotamiento a los campos superestructurales ideales, se halla más allá de un mero reflejo de la estructura económico-social. Dichos factores son puestos de manifiesto -combinadamente- en la cotidianeidad desde cierta lógica racional peculiar que brinda sentido a todas las acciones individuales y colectivas. Originadas por vía de esa “racionalidad”, los elementos identitarios y socioculturales adquieren una forma definida, y cristalizan deviniendo acción. “La cultura deja de ser solo lo folklórico amorfo y abstracto para objetivarse en una praxis cotidiana que define la manera en que lo social es interiorizado por los individuos y la manera en que se lo reproduce y recrea”.

La racionalidad sui generis mencionada, componentes de las “estructuras objetivas históricas”, a través de la interconexión con otras instancias estructurales y coyunturales, tiende a configurar “sistemas de disposiciones duraderas y transponibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, [es decir…] principios de generación y estructuración de prácticas y representaciones, que generan producen habitus”. Por medio de esta concepción sería factible “recuperar y articular los elementos macrosociales” con aquellos otros particulares, propios de sociedades dadas.

“El habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas individuales (y comunales), y da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción: […] puede ser considerado como un sistema subjetivo pero no individual de estructuras internalizadas, esquemas de percepción, concepción y acción común a todos los miembros del mismo grupo o clase. Pero estas estructuraciones no son lineales, ni mecánicas…”[x]

En definitiva el habitus, o “sistema de estructuras motivantes y cognoscitivas socialmente construidas”, consiste en una serie de predisposiciones orientadoras, más allá de cualquier especulación consciente, de acciones y comportamientos de las personas en los aspectos diversos de sus vivencias diarias, lo cual le otorga sentido y hace coherente a las actitudes humanas. Por lo tanto, “[…] actos objetivamente organizados como estrategias, sin ser el producto de una genuina intención estratégica, están fundados en los habitus. Sin embargo, el habitus y su praxis son cuestionados cuando su significatividad ya no está garantizada; esto ocurre mediante experiencias nuevas, como en el caso de la migración...”[xi]

Complementando la noción de habitus migratorio, vinculada a las corrientes internas y transnacionales ocurridas hasta el siglo XX inclusive, resultaría adecuada la revisión de los conceptos divergentes sobre ámbitos comunitarios y conformaciones familiares, que pueden calificarse en tanto “núcleo duro del hecho migratorio”. Asimismo, aporta al conocimiento de la temática analizar distintos perfiles de las unidades domésticas migrantes desde Bolivia, así como también identificar las instancias principales que condujeron a la quimera del “sueño español”, en especial a comienzos de la presente centuria, y los rasgos de la migración boliviana a este nuevo destino como son la feminización, la vulnerabilidad y el “duelo migratorio”[xii].

La ampliación de los lugares de destino de las corrientes poblacionales de habitantes de Bolivia requiere la puesta en marcha de procedimientos tendientes al “diálogo sub-regional, regional e interregional”, a fin de acordar políticas públicas y mecanismos en aras de una gobernanza apropiada de las migraciones transfronterizas. Por ello, las administraciones estatales nacionales debieran incorporar normativas mundiales e interregionales; además, resulta imprescindible adoptar la perspectiva de género en los planteos sobre la dinámica migratoria, y acerca de las conexiones entre desarrollo económico y migración y desarrollo. Los traslados masivos de personas y familias podrían connotar consecuencias favorables respecto de las situaciones socioeconómicas de las mujeres que emigran, repercutiendo paralelamente en ciertas reconversiones culturales y sociales correspondientes a las naciones “de partida”.

Contrastando con la evolución antedicha numerosas emigrantes, sobre todo aquellas que se desplazan a otros países en condición de ilegalidad y/o irregularidad, suelen experimentar riesgos y vulnerabilidades durante el trayecto y en los lugares de destino, e implica costos sociales y emocionales asociados a las familias divididas y la maternidad trasnacional. También presenta una gran relevancia la necesidad de estudiar -extensiva e intensivamente- los efectos del eventual regreso de esas personas a sus sociedades de origen, en pos de la implementación de “políticas específicas que fomenten el desarrollo por medio del óptimo aprovechamiento de las habilidades, la experiencia y los ahorros de los migrantes, tanto para su propio beneficio como el de sus familias y regiones…”[xiii]

Al margen de algunos flujos demográficos dentro del país del Altiplano, con alcance solo limitado al mismo, los procesos migratorios históricos transnacionales de Bolivia remiten fundamentalmente a movimientos poblacionales “centrífugos”, inclinación acentuada a lo largo de las décadas pasadas recientes. Las investigaciones realizadas en ese país, referidas a las estrategias llevadas a cabo por emigrantes internacionales bolivianos, enfatizaron en lo esencial los contingentes que seleccionaron a la Argentina como nación de llegada, mientras que en los últimos años se ha abarcado a los EE.UU., Brasil y España en términos de lugares de destino.

Nuestro país constituía, desde fines del siglo XIX, la “meta” prioritaria de los migrantes provenientes de Bolivia, ubicados en primer término en espacios cercanos a la frontera que delimita ambas naciones, tratándose mayormente de trabajadores agrícolas, dedicados verbigracia a la zafra de caña de azúcar. Alrededor de mediados de la centuria pasada esas emigraciones viraron hacia áreas urbanas con el propósito de insertarse laboralmente en las zonas industrializadas originales, ubicadas en las periferias de las grandes ciudades. En el transcurso de los ochenta, los residentes desplazados de aquel país radicados en espacios urbanos y periurbanos se incrementaron notablemente, en particular dentro de localizaciones de la Provincia de Buenos Aires, trabajando en ramas económico-productivas de la construcción, terciarias de servicios (sobre todo el doméstico femenino) e industriales, destacándose las manufacturas textiles y de indumentaria).

De acuerdo a datos recogidos por el Censo Nacional de 1947, cerca del 90% de los habitantes bolivianos en la Argentina se había asentado en Salta y Jujuy, mientras que solo aproximadamente un 7% lo había hecho en la provincia de Buenos Aires. Tales proporciones se mantuvieron hasta el comienzo del ciclo económico caracterizado por la industrialización sustitutiva de importaciones, instancia donde las corrientes poblacionales de mayor magnitud se orientaron a ámbitos urbanos, mermando la afluencia de aquéllas hacia áreas rurales. Únicamente en el rubro de la migración estacional hacia el campo, especialmente en provincias norteñas de nuestro país “se mantuvo la segmentación del mercado laboral”. De este modo, a partir del progreso de tal proceso sustitutivo, los inmigrantes de la nación vecina condensaron sus asentamientos en los polos industriales periurbanos e incluso citadinos, sobre todo bonaerenses.

Ante sus vivencias económico-laborales vulnerables  en las sociedades “eyectoras”, dichos flujos transfronterizos respondían básicamente a la demanda de trabajadores que aceptaban un retribución salarial escasa, tratándose de mano de obra no calificada, dentro de zonas urbanizadas e industrializadas, donde además se expandía la rama de la construcción, y de territorios “campesinos” debido a los vacíos y vacancias dejadas por la población originaria en su camino hacia las ciudades y las fábricas”[xiv].

Durante la segunda mitad del siglo XX el contingente de la migración proveniente de Bolivia, en espacios urbanos de nuestro país, se incrementó de modo notable; ello aconteció, en gran parte, como reacción frente a la coyuntura crítica atravesada por la nación del Altiplano en el transcurrir de la década de los ochenta y, a posteriori, como consecuencia de la puesta en marcha de ajustes económicos estructurales de acuerdo al Decreto Supremo 21.060 (1985). Los efectos de aquéllos consistieron en la retracción financiera y el aumento del desempleo “abierto”, junto a la reubicación, equivalente en términos concretos al despido laboral, de una masa considerable de población activa ocupada hasta entonces.

Esa coyuntura derivó en la decisión de emigrar al exterior tomada por un gran número de ciudadanos bolivianos, incrementándose -nominal y proporcionalmente- el traslado de grupos familiares e individuos a la Argentina. Tal desplazamiento humano no fue, típicamente, de campesinos indígenas en pos de algún conchabo estacional o temporario, sino habitantes de ciudades de relativa envergadura o porte medio, a veces vinculados al desarrollo de centros mineros, con grados de educación formal más altos, que se radicó en áreas urbanas argentinas o conurbanas de nuestro país.

Ya hacia fines de los años ochentas, los asentamientos en la región metropolitana de Buenos Aires igualaban o superaban a los de Salta y Jujuy, dado que las traslaciones de inmigrantes bolivianos fueron redirigidas a las ciudades más relevantes con el objetivo de conseguir  empleo y un mejoramiento de sus parámetros socioeconómicos. No obstante ello, un porcentual estimable de esas personas se instaló en el ámbito rural de la Provincia de Buenos Aires, en emprendimientos agrícolas bajo “sistemas de arrendamiento e incluso adquiriendo la tierra en propiedad”[xv].

La última década del siglo próximo pasado fue estable en cuanto a las migraciones desde Bolivia, con cierto apogeo de las mismas teniendo en cuenta las connotaciones dolarizadas surgidas del Plan de Convertibilidad, además del reconocimiento jurídico de residencia otorgado a más de un centenar de miles de habitantes “del Altiplano”, la mayoría absoluta radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [C.A.B.A.] y sus localidades aledañas. Al respecto, “[…] los rangos de edad de los migrantes bolivianos en la Argentina muestran que se trata de una población en edad productiva o económicamente activa, emigrantes cuyas edades fluctúan entre los 25 y 49 años, aunque últimos estudios parciales parecen indicar que cada vez son más los jóvenes y las mujeres los que se ligan a estos circuitos migratorios. Durante estos años se consolidaron y ramificaron muchas de las trayectorias migratorias anteriores que correspondían al tipo urbano-urbano, tanto así que fueron estas redes salidas y estructuradas las que amortiguaron los efectos de la crisis que vivió la Argentina hacia finales de 2001…”[xvi]

En nuestros días, una cifra superior al millón de personas procedentes de Bolivia residen en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, incluyendo la Capital Federal; una gran porción de ellas se halla inhabilitada legalmente para su estadía, lo cual determina su estado calificado como “sin papeles” desde el punto de vista de la reglamentación jurídica. Tal condición irregular la viven a pesar del convenio migratorio acordado entre ambos gobiernos en 2004, de hecho insuficiente de cara a morigerar los obstáculos administrativos burocráticos y el importe relativamente oneroso insumido por las gestiones necesarias.

Respecto de la situación irregular antedicha, habría aproximadamente 500.000 inmigrantes bolivianos indocumentados, quienes conforman el colectivo con grados extremos de vulnerabilidad con relación al desconocimiento de sus derechos más esenciales. Tales personas, mayormente ofertantes de empleo en mercados urbanos de trabajo, realizan tareas remuneradas que demandan una fuerza laboral no calificada, por ejemplo vinculadas a los siguientes ítems: construcción, rama tradicional que ocupa a obreros jornaleros, maestros contratistas y ayudantes; rubros manufactureros, a través de “talleres de confección textil donde prevalecen características de sobreexplotación”; comercio informal, potenciado en tiempos recientes y el que predomina una fuerte dinámica de adaptación; producción y comercialización agrícolas; servicio doméstico, etcétera. Por otro lado, existe un segmento considerable de estudiantes y profesionales radicados en la Argentina.

El contingente oriundo de Bolivia residente en Buenos Aires desplegó lógicas variadas, a fin de conseguir empleo, legalizar formalmente su radicación, y solucionar su problema habitacional; esas acciones implicaron diversos tipos de reunificación, la mayoría de ellos tendientes a formar en el nuevo contexto urbano lugares y prácticas de identificación. En Buenos Aires existen "[…] múltiples ámbitos de producción y reconstrucción de identidades vinculados a la ‘colectividad boliviana´. Es un tejido social diverso y disperso por distintas zonas de la ciudad que incluye bailantas, restaurantes, fiestas familiares y barriales, ligas de futbol, programas de radio, asociaciones civiles, publicaciones, ferias y comercios de diferente tipo, dando cuenta de múltiples espacios vinculados con la bolivianidad”[xvii]. En este aspecto, en alusión los inmigrantes de Bolivia afincados en zonas productivas hortícolas, el hecho es interpretado en términos de la presencia de comunidades transnacionales…”[xviii].

Es preciso evaluar el fenómeno de “territorialización transnacional” entre ambos países, ya que sus dimensiones socioculturales de identidad configuran rasgos intrínsecos de los migrantes que incide intergeneracionalmente. Además, corresponde analizar los grados de organización, en el marco de su cultura, manifestados por los/as bolivianos/as al interior de sus distintas actividades, junto a los niveles de exposición regular de sus experiencias a través de los mass media.

Una porción estimable de la producción hortícola en provincias norteñas argentinas es generada por unidades familiares oriundas de Bolivia, cuyos miembros económicamente activos, además de haber sido conchabados en principio como jornaleros, en muchas oportunidades progresaron en dirección a la modalidad del arrendamiento, e incluso en ocasiones consiguieron adquirir predios, construyendo asimismo la infraestructura correspondiente a la faz comercializadora de lo producido por ellos.

En consecuencia, resulta complejo entender profundamente, a partir de sus rasgos transnacionales, la dimensión completa de la corriente inmigratoria boliviana, teniendo en cuenta la diversidad implicada en los factores del empleo, la “estructuración de los espacios”, las conexiones de las migraciones entre países con la ruralidad, y el papel relevante de las remesas monetarias al exterior. El encuadre de estas manifestaciones heterogéneas dentro de la estructura socioproductiva de nuestro país se encuentra yuxtapuesto con la evolución de las condiciones de vida y la morigeración del pauperismo de distintas franjas de dicho contingente migratorio[xix].

En un orden suplementario a la realidad expuesta, debe hacerse hincapié en la cuestión sobre la irreglamentación de los extranjeros “sin papeles”, ligada a las residencias clandestinas, esto es sin formalización jurídica que habilite los derechos ciudadanos, a los procedimientos segregatorios (discriminación étnica y ocupacional), y prácticas socioculturales excluyentes por parte de los grupos e individuos “locales”, hacia grandes segmentos de inmigrantes en nuestro país, entre ellos particularmente las personas bolivianas[xx].

A comienzos del siglo actual se desataron fases económicas críticas en varias naciones de América Latina, procesos que tuvieron una incidencia crucial sobre los desplazamientos poblacionales, al coaccionar a numerosos habitantes de aquéllas a emigrar -vg. como efecto de la crisis del Estado boliviano-, o impactando en los intercambios materiales y simbólicos preestablecidos, en tanto derivación del “estallido” socioeconómico y político-institucional a finales de 2001 en la Argentina. De todas maneras, el lapso temporal devenido a partir de la coyuntura citada en la nación del Altiplano generó la estabilización de las corrientes migratorias, entre ambas instancias, pese a que la magnitud del ahorro y de la acumulación propia de la etapa del Plan de Convertibilidad en nuestro país resultó gravemente afectada.

Con demasiada asiduidad las mujeres provenientes de Bolivia son objeto, en nuestro medio, de discriminación, diversos modos de explotación laboral y subalternización de género, en esferas familiares y comunitarias, por su origen étnico y pertenencia de clase. El estigma de la “extranjería” constituye una causal de segregación anclada en la procedencia de un país prejuiciosamente depreciado, desde cierta postura de hipotética superioridad -autoadjudicada por amplias franjas de la sociedad local-, sobre la base de una supuesta “nacionalidad” superior. Es preciso analizar conjuntamente todos los componentes mencionados, dado que ellos se retroalimentan, profundizando la marginación que padecen esas inmigrantes.

En el plano ocupacional, donde es puesto de manifiesto el costado económico-laboral del menosprecio segregatorio que padecen las ciudadanas bolivianas en los variados órdenes señalados, la impronta capitalista de la estructura social determina el aprovechamiento del estado vulnerable e indefenso en el que se hallan esas inmigrantes. Los empresarios, tanto argentinos como de otra nacionalidad, en el caso de la sobre-explotación de fuerza de trabajo, y un número enorme de particulares, vg. a través de los servicios domésticos, lucran mediante el uso de mano de obra de aquéllas. A los fines de considerar una sola situación representativa, entre otras expresiones de dicho proceso, pueden mencionarse los talleres clandestinos de la rama de indumentaria y costura de la industria textil.

Los inmigrantes contemporáneos, específicamente en el contexto de América Latina, en su mayor parte procedentes de otras naciones de la región, experimentan inconvenientes múltiples en aras de su inclusión social al interior de localizaciones en el  lugar de destino, así como también grandes obstáculos de cara a su integración laboral y educativa. Estas mujeres, junto a las personas desplazadas en general, al margen de las identidades de género, conforman un colectivo poblacional cuya franjas etarias rondan habitualmente entre 20 y 45 años. Con frecuencia se radica en otro país la unidad doméstica en su conjunto, aunque además lo hacen en forma aislada mujeres, con el fin de insertarse ocupacionalmente en el empleo doméstico, el subsector terciario comercial -principalmente del ámbito informal (muchas de ellas en la vía pública)-, como operarias de la rama manufacturera textil, etcétera.

Dentro del área metropolitana del Gran Buenos Aires, aunque tal práctica abarca otras regiones del país, se condensa la existencia de “galpones”, al estilo -salvando las diferencias en magnitudes, locaciones y modalidades específicas- de las maquiladoras, o “fábricas del sudor” que operan a escala internacional, muchas veces en espacios fronterizos. En varios partidos del conurbano bonaerense, y en la propia Capital Federal (C.A.B.A.), con bastante frecuencia son “conchabadas” mujeres, algunas de ellas menores de edad, reclutadas engañosamente desde Bolivia. Uno de los tantos casos, recientes, en el que hubo intervención judicial, fue descubierto dentro de la localización de Isidro Casanova, en el Partido de la Matanza -Gran Buenos Aires- un establecimiento fabril con esas características de “reducción a la servidumbre o esclavitud”, al margen de la discusión que conlleva la utilización de términos quizás anacrónicos. Cabe mencionar al respecto que al interior del ambiente que hospiciaba de dormitorio fueron halladas esposas destinadas a eventuales engrillamientos de los/as operarios/as.

Un empresario de origen boliviano, propietario del emprendimiento indicado, fue “el primer condenado por trata de personas para trabajo forzoso, desde que se tipificó el delito en 2008” [xxi]. Sus tres “empleadas” victimizadas como mano de obra servil, una de las cuales es adolescente, fueron traídas desde su localidad natal, en el departamento cochabambino de Bolivia, de manera fraudulenta, usufructuando su condición socioeconómica de precariedad extrema en el país limítrofe. Tal como acontece habitualmente, en primer término el empleador les ofreció un puesto laboral de costureras, pero a posteriori las coaccionó para trabajar más de quince horas diarias en quehaceres de limpieza, y bajo la “justificación” de la deuda contraída por ellas, devengada por el insumo del pasaje no les retribuyó monetariamente sus tareas. Además, les prohibía salir del taller-vivienda, excepto con su autorización expresa o acompañadas por un allegado al propio patrón. La sentencia judicial explicitó que esa práctica representa nítidamente “una situación objetiva de maltrato y reducción a condiciones inhumanas de trabajo”, ilícito por otro lado manifestado por las víctimas, quienes expresaron haber recibido agresiones verbales, e incluso el delito se reflejaba en la esfera simbólica, teniendo en cuenta las esposas encontradas en el lugar donde dormían las mujeres[xxii].

En la humanidad mundial presente -calificada como “sociedad global”- es un imperativo jurídico y moral asegurar con la firmeza indeclinable, a los migrantes transnacionales, el ejercicio en plenitud de las atribuciones legales inherentes a la ciudadanía asignada por el derecho “universalizado”. No obstante, la mayor parte de la mano de obra desplazada entre países experimenta riesgos corrientes de abuso discrecional y sobre-explotación laboral, ya que poseen escaso o nulo poder a fin de acordar sus condiciones ocupacionales y debido a que numerosos entes gubernamentales y empresarios violan flagrante e impunemente las normativas jurídicas sobre el empleo fijadas, de manera taxativa, en una gran proporción de las naciones del planeta. En este sentido, “[…] está claramente establecida la importancia de la inmigración para el Estado-nación. La creciente diversidad cultural contribuye a cambios significativos en las instituciones políticas centrales, como la ciudadanía que afecta a la naturaleza misma del Estado-nación, ya que la ciudadanía se define estrictamente como la relación legal entre el individuo y el ordenamiento político. Las dinámicas actuales revelan y acentúan la pluralidad y diversidad de estos elementos…”[xxiii]

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^[i] El conjunto de indicadores cuantitativos de este apartado fueron extraídos en su conjunto del CEMYT -Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina- (2009): Central de Trabajadores de la Argentina [CTA].

^[ii] Ariza, Marina, y Oliveira, Orlandina (2000): “Contribuciones de la perspectiva de género a la sociología de la población en Latinoamérica”; EE. UU. -Miami-, XXIIº Congreso, Latin American Sociological Association.

[iii] Lieutier, Ariel (2010): “Esclavos. Los trabajadores costureros de la Ciudad de Buenos Aires”; Buenos Aires, Retórica Ediciones (pág. 86)

^[iv] Hinojosa Gordonava, Alfonso R. (2009): “Buscando la vida. Familias bolivianas transnacionales en España”; La Paz, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-. 

^[v] Condarco Morales, Ramiro (1970): El escenario andino y el hombre: ecología y antropogeografía de los Andes Centrales; La Paz, “Renovación”.

^[vi] Murra, John V. (2002): “El mundo andino: población, medio ambiente y economía”; Fondo Editorial PUCP. 

^[vii] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit.

^[viii] De la Torre, Leonardo (2004): “No llores prenda, pronto volveré. Migración, movilidad social, herida familiar y desarrollo; La Paz, PIEB/IFEA/Universidad Católica.

^[ix] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit. [Prólogo]. Se aclara que “retomar la noción de habitus para explicar las migraciones, si bien requiere de un análisis teórico y etnográfico de más largo alcance, tiene un mayor poder explicativo que aquellos enfoques que han propuesto vagamente la noción de cultura migratoria con la cual se pretende explicar todo y nada a la vez”.

^[x] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit.

^[xi] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit.

^[xii] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit. [Prólogo]. En su Introducción se afirma que, en referencia a esos “desplazamientos poblacionales a España, hay que reconocer que [ellos no son] comprensibles sino como una continuidad de las estrategias de sobrevivencia de las sociedades andinas incorporadas como habitus y asociadas a ciertas maneras de vivir que posibilitan una mejor y más sostenible utilización de los recursos”.

^[xiii] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit.

^[xiv] Grimson, Alejandro (2005): “Relatos de la diferencia y la igualdad”, Buenos Aires, EUDEBA.

^[xv] Benencia, Roberto (1997): “De peones a patrones quinteros. Movilidad social de familias bolivianas en la periferia bonaerense”; Buenos Aires, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 12, Nº 35, CEMLA.

^[xvi] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit.

^[xvii] Grimson, A., ob. cit.

^[xviii] Benencia, Roberto (2004): “Familias bolivianas en la producción hortícola de la provincia de Buenos Aires. Proceso de diseminación en un territorio transnacional”; en Hinojosa Gordonava, Alfonso (comp.), Migraciones transnacionales. Visiones de Norte y Sudamérica [La Paz: CEPLG-UMSS/Universidad de Toulouse/PIEB, Centro de Estudios Fronterizos/Plural].

^[xix] Benencia, R. (2004), ob. cit. Karasik, Gabriela (2000): “Tras la genealogía del diablo. Discusiones sobre la nación y el Estado en la frontera argentino-boliviana”; Alejandro Grimson -comp.- [Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro; Buenos Aires, Ciccus/La Crujía]. Sassone, Susana et al. (2004): “Migrantes bolivianos y horticultura en el valle inferior del río Chubut: transformaciones del paisaje agrario”;  Hinojosa Gordonava, A. -comp.-: Migraciones transnacionales…, ob. cit. Hinojosa Gordonava, A, et al. (2000): “Idas y venidas. Campesinos tarijeños en el norte argentino; La Paz, PIEB.

^[xx] Begala, Silvana (2005): “Más allá del reconocimiento legal: condicionamientos al ejercicio de los derechos de los migrantes bolivianos en Córdoba”; Lima, ponencia presentada en la 1ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Migraciones, Culturas y Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales(CLACSO), mimeo. Caggiano, Sergio (2005): “Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, comunicación intercultural y procesos identitarios”; Buenos Aires, Prometeo. Domenech, Eduardo, y Magliano, María J. (2007): “Migraciones internacionales y política en Bolivia: pasado y presente” (inédito).

^[xxi] Carbajal, Mariana: “Cuatro años de prisión por tráfico de personas para trabajo forzoso. Primera condena por trata en un taller”; Buenos Aires, diario “Página 12”, 07-09-2011. La autora del artículo aclara que “el fallo fue dictado por la Cámara Federal Nº 2 de San Martín [otro Partido del conurbano bonaerense], integrada por los jueces Cisneros, Díaz Cabral y Bianco”,.

^[xxii] Ídem. El dueño del establecimiento clandestino viajó a su pueblo natal, Punata, a fin de localizar personal para trabajar en su taller textil, contactando sus víctimas: una señora, su tía y a la hija de ella, de 17 años de edad; las convenció de su propuesta engañosa, prometiéndoles una paga que nunca iría a cumplir. Las trasladó irregularmente a nuestro país como “turistas”; Las condujo a su domicilio en Isidro Casanova, donde también funcionaba “la fábrica”. Allí “las sometió a trabajos forzosos” hasta que una de ellas, aprovechando un permiso de salida del inmueble, realizó la denuncia. En el allanamiento detectaron que se encontraba “fuera de todas las reglamentaciones y control estatal, y que las víctimas estaban en situación migratoria irregular”. El empresario poseía ilegalmente un arma de guerra. El reclutamiento fue “mediante engaño con aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. Una de las mujeres tenía una deuda por un crédito bancario. Les ofrecieron 40 centavos por pieza, pero ni siquiera cumplió con esa miserable promesa remunerativa; respecto del trabajo tallerista, una de las damnificadas declaró que cuando llegaron le dieron solamente tareas de limpieza, luego las de costura, y pese a la promesa de 40 centavos por persona y por pieza, la paga debía ser dividida entre las tres. “A pesar de haber excedido largamente el mes de trabajo, nada de dinero les dio: siempre les decía que tenían una deuda con él. El trabajo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana y seguía hasta las 23, diciéndoles el imputado que debían trabajar por lo menos ocho meses para cobrar, si no les iba a dar la mitad”.

^[xxiii] Hinojosa Gordonava, A., ob. cit.